/ lunes 7 de enero de 2019

Será obligarorio que escuelas públicas sean inclusivas

Ninguna institución educativa del sector público puede rechazar o expulsar a estudiantes con discapacidad o con problemas de conducta

Ninguna institución educativa del sector público puede rechazar o expulsar a estudiantes con discapacidad o con problemas de conducta lo que ha motivado a multiplicar la capacitación en maestros y autoridades docentes para evitar ese tipo de violaciones, advirtió el titular de la Segunda Visitaduría Regional de la Comisión Estatal de Derechos Humanos Gerardo Escobedo Izaguirre.

Al señalar que los centros educativos son los principales generadores de este tipo de quejas por padres de familia, el funcionario estatal manifestó que los titulares de los Centros de Desarrollo Regional reciben adiestramiento sobre las obligaciones que tienen con estudiantes con ese perfil.

Explicó que todas las escuelas están obligadas a contar con instalaciones apropiadas para alumnos con discapacidad y personal para tratar a niños o jóvenes con ciertas conductas y no pueden ejercer rechazo o marginación y en caso de que tengan carencias, deberán llegar a acuerdos con los padres de familia y la CEDH intervenga para resolver y facilitar la incorporación del estudiante a otro plantel.

Al hacer un recuento del año pasado, dio a conocer que fueron recibidas 84 quejas, predominando las reclamaciones contra escuelas, instituciones de procuración de justicia por lentitud en averiguaciones previas o irregularidades en las instrucciones de pruebas.

En este 2019, la encomienda es multiplicar la capacitación sobre los derechos humanos entre agentes de tránsito, elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, Secretaría de Marina y la Policía Federal para mejorar su conocimiento sobre los derechos humanos e impedir que cometan abusos de autoridad que puedan ser sancionados.

Manifestó que en el año pasado hubo un avance importante en ese tema de adiestramiento, al llegar a tres mil 591 personas, de los cuales 862 son personas que laboran el servicio público.

Gerardo Escobedo mencionó que a cuatro meses que tomó el control de esta Segunda Visitaduría, radicada en Tampico, tiene la encomienda de acudir directamente con la autoridad cuando llega la queja de un ciudadano y buscar la solución del conflicto antes de convertirlo en estadística.


Ninguna institución educativa del sector público puede rechazar o expulsar a estudiantes con discapacidad o con problemas de conducta lo que ha motivado a multiplicar la capacitación en maestros y autoridades docentes para evitar ese tipo de violaciones, advirtió el titular de la Segunda Visitaduría Regional de la Comisión Estatal de Derechos Humanos Gerardo Escobedo Izaguirre.

Al señalar que los centros educativos son los principales generadores de este tipo de quejas por padres de familia, el funcionario estatal manifestó que los titulares de los Centros de Desarrollo Regional reciben adiestramiento sobre las obligaciones que tienen con estudiantes con ese perfil.

Explicó que todas las escuelas están obligadas a contar con instalaciones apropiadas para alumnos con discapacidad y personal para tratar a niños o jóvenes con ciertas conductas y no pueden ejercer rechazo o marginación y en caso de que tengan carencias, deberán llegar a acuerdos con los padres de familia y la CEDH intervenga para resolver y facilitar la incorporación del estudiante a otro plantel.

Al hacer un recuento del año pasado, dio a conocer que fueron recibidas 84 quejas, predominando las reclamaciones contra escuelas, instituciones de procuración de justicia por lentitud en averiguaciones previas o irregularidades en las instrucciones de pruebas.

En este 2019, la encomienda es multiplicar la capacitación sobre los derechos humanos entre agentes de tránsito, elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, Secretaría de Marina y la Policía Federal para mejorar su conocimiento sobre los derechos humanos e impedir que cometan abusos de autoridad que puedan ser sancionados.

Manifestó que en el año pasado hubo un avance importante en ese tema de adiestramiento, al llegar a tres mil 591 personas, de los cuales 862 son personas que laboran el servicio público.

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