El desplome del ocho por ciento en la economía por el Covid-19, dejará sin reparto de utilidades al 90% de los trabajadores asegurados en empresas de la industria, el comercio y los servicios y que aún permanecen en crisis de liquidez.
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Con excepción de los sectores de salud, petroquímica y algunos rubros de alimentos y del campo, el grueso de los segmentos económicos, concluyeron con la cancelación de más de 30 mil fuentes laborales, quiebras y números “rojos”, quedando sin fondos para retribuir el esfuerzo productivo a sus asalariados informó Raymundo Tamayo Rentería presidente de la delegación Tampico de Canacintra.
Conforme a la Ley, la Participación de los Trabajadores en las Utilidades (PTU) de la empresa, es un derecho constitucional que tienen los trabajadores de recibir una parte de las ganancias obtenidas por los productos o servicios que produce o comercializan los negocios y que en el 2020 fue casi nula para la cadena productiva, consecuencia de la paralización de varios meses y en otros casos coartada por el confinamiento social para frenar la pandemia, agregó.
En el caso de la industria de la transformación, Tamayo manifestó que labora a menos del 70% de su capacidad instalada, apenas comenzó su proceso de recuperación, ya menguado desde hace cuatro años, ocasionando que cada vez sea menor la cifra de establecimientos que tienen ganancias y consecuentemente genera utilidades para sus empleados.
Para los rubros del comercio y los servicios, el estado de cosas no son diferentes, apuntó el presidente de la Canaco Tampico Juan Ángel Paredes Espinosa, pues más de la mitad de los negocios fue cerrado por meses el año pasado y los que funcionaron como tiendas de conveniencia, de autoservicio, hoteles y restaurantes laboraron con muchísimas restricciones.
El impacto por el Covid-19, en la economía transformó la dinámica del reparto de utilidades en 2020 y en este 2021, pues el comercio y los servicios no se ha recuperado y solo en ciertas fechas especiales hay indicios de reactivamiento, pero insuficiente para recontratar a trabajadores despedidos, señaló el líder comercial.
“El pago de ese derecho, establece una participación del 10% de las utilidad reportada por los patrones y que en este caso solo pudieron obtener farmacias y otros establecimientos de salud, pues el resto permanece con una economía en recesión”.
Paredes explicó que incluso desde el 2019, la actividad económica presentó caídas importantes que redujeron la capacidad operativa de los negocios y que no se recuperaran de corto plazo, lo que tiene consecuencias negativas para las familias y las propias empresas, por la caída del consumo interno.
