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PGR podría acusar a José Manuel Mireles de “apología del delito”

Tropezándose con el ego, José Manuel Mireles retorna a azuzar a la gente en la tierra caliente michoacana. Ahora fue nada más y nada menos que para llevar armas y con ellas evitar una confiscación que realizarían elementos del Ejército Mexicano.

Aunque algunos dicen “que está chocheando”, otros acudieron con palos y piedras, pero también con armas de grueso calibre (los menos). Como en México la portación de armas de uso exclusivo del Ejército está en el limbo jurídico, estos sucesos son buen ejemplo, para lograr la revisión de parte del Congreso.

Y es que allá en “el cerro de los tepalcates” -nombre original-, la penetración de la delincuencia es un hecho, ya que limita al norte y al oeste con el estado de Jalisco, al este con Buenavista y Aguililla, y al sur con Coalcomán.

Mireles, ha sido señalado como colaborador del cártel Jalisco Nueva Generación, procesado y sentenciado por delitos contra la salud. Así que, a su exhorto, algunos pobladores (afortunadamente pocos) aventaron el arpa y dejaron los sones de la desmontera, cruzaron entre los árboles de zapote, tepeguaje, ceiba, cardones y teteches, para acudir al llamado. Varios iban armados.

Nada raro, pero si ilustrativo para recordar que el 12 de octubre de 2016, el diputado José Máximo García López propuso en San Lázaro, la reforma a los artículos 160 y 162 del Código Penal Federal y 81 de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, y adiciona el 167 Bis al Código Nacional de Procedimientos Penales, porque explicó:

“Dada la reforma del sistema de justicia penal acusatorio, se inhibió por el legislador el uso excesivo de prisión preventiva oficiosa y con la aprobación y entrada en vigor del Código Nacional de Procedimientos Penales, en su artículo 167 se limitó ésta a ciertas conductas típicas que habrían de estar sujetas al control oficioso del Juez. Así, se permitió conceder al ahora imputado el seguir el proceso en libertar o bajo cualquier otra medida cautelar distinta a la de la prisión oficiosa, lo que ha ocasionado que en éstos delitos, que valga decir, pueden ser el antecesor de un delito de alto impacto, se sigan cometiendo posibles conductas ilícitas que causan un fuerte impacto a la población; es por ello que se pretende adicional el artículo 167 Bisa efecto de que el juez de control determine de manera oficiosa la prisión preventiva en caso de que no se justifique la legal portación de las armas de uso exclusivo del Ejército”.

No fructificó y hoy el escándalo por el uso de este tipo de armas es mayúsculo.

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RIESGO: OTRA VEZ TRAS LOS BARROTES

En cuanto a Mireles, quien añora sus días de gloria como agitador y autodefensa sui géneris, se está arriesgando a retornar tras los barrotes.

La Procuraduría General de la República advirtió que podría acusarlo de “apología del delito”.

El nuevo Código Penal en su Artículo 208 señala:

“Al que provoque públicamente a cometer un delito, o haga la apología de éste o de algún vicio, se le aplicarán de diez a ciento ochenta jornadas de trabajo en favor de la comunidad, si el delito no se ejecutare; en caso contrario se aplicará al provocador la sanción que le corresponda por su participación en el delito cometido.

Asimismo, el artículo 209 dice:

“El que pudiendo hacerlo con su intervención inmediata y sin riesgo propio o ajeno, no impidiere la comisión de uno de los delitos contemplados en el Título VIII, Libro Segundo, de este Código, se le impondrá la pena de seis meses a dos años de prisión y de 50 a 200 días multa.

“Las mismas penas se impondrán a quien, pudiendo hacerlo, no acuda a la autoridad o a sus agentes para que impidan un delito de los contemplados en el párrafo anterior y de cuya próxima comisión tenga noticia”. La advertencia estaba hecha. Cuando Mireles salió de prisión por libertad condicional, le advirtieron sobre el artículo 90 del mencionado Código Penal Federal que dice también:

“Si durante el término de duración de la pena, desde la fecha de la sentencia que cause ejecutoria el condenado no diere lugar a nuevo proceso por delito doloso que concluya con sentencia condenatoria, se considerará extinguida la sanción fijada en aquélla. En caso contrario, se hará efectiva la primera sentencia, además de la segunda, en la que el reo será consignado como reincidente sin perjuicio de lo establecido en el artículo 20 de este Código. Tratándose del delito culposo, la autoridad competente resolverá motivadamente si debe aplicarse o no la sanción suspendida”.

Además:

“En caso de falta de cumplimiento de las obligaciones contraídas por el condenado, el juez podrá hacer efectiva la sanción suspendida o amonestarlo, con el apercibimiento de que, si vuelve a faltar a alguna de las condiciones fijadas, se hará efectiva dicha sanción”.

Resumen: Eternamente Mireles, hasta… que la prisión o la muerte le arrebaten el ego.

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Mirna Hernández

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