/ martes 11 de diciembre de 2018

Senado pide a diputados respetar constitución por austeridad en Presupuesto 2019

Monreal destaca que los magistrados cuentan con un fideicomiso para que les arreglen sus casas

El Senado de la República solicitó a la Cámara de Diputados que, en el marco de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación 2019, cumpla con lo dispuesto en el artículo 127 de la Constitución y no establezca ninguna remuneración mayor a la del Presidente de la República en favor de los servidores públicos de la Federación, de las entidades federativas, de los municipios y de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, de sus entidades y dependencias, así como de sus administraciones paraestatales y paramunicipales, fideicomisos públicos, instituciones y organismos autónomos, y cualquier otro ente público.

Foto: Mauricio Huizar


Además, exhorta a la Suprema Corte de Justicia de la Nación a que, en el marco de las deliberaciones relativas a la constitucionalidad de la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, ejerza sus atribuciones honrando el juramento de guardar y hacer guardar la Constitución, priorizando el bien de la República sobre intereses particulares y considerando la emergencia de las finanzas públicas nacionales.

Igualmente, plantea al Poder Judicial de la Federación a que adopte una auténtica política de austeridad basada en la eliminación de salarios, gastos y prestaciones onerosas, ajenas al cumplimiento de su función pública y a las atribuciones constitucionales o legales que le han sido conferidas.

Foto: Mauricio Huizar


En un punto de acuerdo enlistado en la Gaceta Parlamentaria, firmado por el senador Ricardo Monreal Ávila, destaca que para el 2018 los sueldos de magistrados de circuito y jueces federales implican una erogación superior a los 8 mil 400 millones de pesos. Un rubro a destacar es el relativo al Fideicomiso para el mantenimiento de casas habitación de magistrados y jueces, que asciende a más de 27 mil millones de pesos.

Asimismo, el Fideicomiso de apoyos médicos complementarios y de apoyo económico extraordinario para los servidores públicos del Poder Judicial de la Federación (excepción hecha de los correspondientes a la Suprema Corte de Justicia de la Nación), el cual rebasa los 56 mil millones de pesos.


El Senado de la República solicitó a la Cámara de Diputados que, en el marco de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación 2019, cumpla con lo dispuesto en el artículo 127 de la Constitución y no establezca ninguna remuneración mayor a la del Presidente de la República en favor de los servidores públicos de la Federación, de las entidades federativas, de los municipios y de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, de sus entidades y dependencias, así como de sus administraciones paraestatales y paramunicipales, fideicomisos públicos, instituciones y organismos autónomos, y cualquier otro ente público.

Foto: Mauricio Huizar


Además, exhorta a la Suprema Corte de Justicia de la Nación a que, en el marco de las deliberaciones relativas a la constitucionalidad de la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, ejerza sus atribuciones honrando el juramento de guardar y hacer guardar la Constitución, priorizando el bien de la República sobre intereses particulares y considerando la emergencia de las finanzas públicas nacionales.

Igualmente, plantea al Poder Judicial de la Federación a que adopte una auténtica política de austeridad basada en la eliminación de salarios, gastos y prestaciones onerosas, ajenas al cumplimiento de su función pública y a las atribuciones constitucionales o legales que le han sido conferidas.

Foto: Mauricio Huizar


En un punto de acuerdo enlistado en la Gaceta Parlamentaria, firmado por el senador Ricardo Monreal Ávila, destaca que para el 2018 los sueldos de magistrados de circuito y jueces federales implican una erogación superior a los 8 mil 400 millones de pesos. Un rubro a destacar es el relativo al Fideicomiso para el mantenimiento de casas habitación de magistrados y jueces, que asciende a más de 27 mil millones de pesos.

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