/ jueves 2 de septiembre de 2021

Sin “protección” a gobernadores, desafueros del Congreso serían absolutos

El mandatario de Tamaulipas siguió cumpliendo sus funciones debido a que la legislatura local se opuso a esta decisión

En Tamaulipas se vivieron momentos de incertidumbre cuando, el 30 de abril de 2021, el Congreso de la Unión aprobó el desafuero del gobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca. La duda no solo en la entidad, sino en el país entero, era qué pasaría con el mandatario.

Aunque en aquella ocasión el Congreso del Estado respondió de forma inmediata rechazando la homologación del dictamen, también se promovieron varias controversias constitucionales ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) por tal acto, algunas de ellas continuando sin solución.

Durante los meses siguientes al proceso donde la Fiscalía General de la República (FGR) solicitó y obtuvo una orden de aprehensión contra García Cabeza de Vaca, tanto abogados litigantes como otros especialistas en leyes manifestaron diversas opiniones respecto a la posición de los legisladores de Tamaulipas.

MODIFICAN LA LEY DE JUICIO POLÍTICO

Sin embargo, podrían no repetirse casos como el del gobernador de Tamaulipas, ya que en este jueves 2 de septiembre los diputados federales aprobaron modificaciones a la Ley de Juicio Político y Declaración de Procedencia.

Acorde a lo expuesto por los propios legisladores durante la sesión, los cambios que fueron respaldados por militantes de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y Partido del Trabajo (PT) permitirán quitarle el fuero al presidente de México y a los gobernadores para que sean juzgados por los delitos de traición a la patria, corrupción y delitos electorales, entre otros ilícitos que también derivan en sentencias para cualquier mexicano.

ACUSAN DE PERSECUSIÓN POLÍTICA

Aunque los partidos de oposición como el Partido Acción Nacional (PAN) y Partido Revolucionario Institucional (PRI) señalaron que esto podría traer graves repercusiones, ya que, indicaron, dichas modificaciones contienen imprecisiones y son contrarias a la Carta Magna.

Ellos expusieron que su aprobación olvida la autonomía de los congresos locales y que servirá como un instrumento de persecución política y justicia selectiva para proteger a allegados del partido en el poder.

En Tamaulipas se vivieron momentos de incertidumbre cuando, el 30 de abril de 2021, el Congreso de la Unión aprobó el desafuero del gobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca. La duda no solo en la entidad, sino en el país entero, era qué pasaría con el mandatario.

Aunque en aquella ocasión el Congreso del Estado respondió de forma inmediata rechazando la homologación del dictamen, también se promovieron varias controversias constitucionales ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) por tal acto, algunas de ellas continuando sin solución.

Durante los meses siguientes al proceso donde la Fiscalía General de la República (FGR) solicitó y obtuvo una orden de aprehensión contra García Cabeza de Vaca, tanto abogados litigantes como otros especialistas en leyes manifestaron diversas opiniones respecto a la posición de los legisladores de Tamaulipas.

MODIFICAN LA LEY DE JUICIO POLÍTICO

Sin embargo, podrían no repetirse casos como el del gobernador de Tamaulipas, ya que en este jueves 2 de septiembre los diputados federales aprobaron modificaciones a la Ley de Juicio Político y Declaración de Procedencia.

Acorde a lo expuesto por los propios legisladores durante la sesión, los cambios que fueron respaldados por militantes de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y Partido del Trabajo (PT) permitirán quitarle el fuero al presidente de México y a los gobernadores para que sean juzgados por los delitos de traición a la patria, corrupción y delitos electorales, entre otros ilícitos que también derivan en sentencias para cualquier mexicano.

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Aunque los partidos de oposición como el Partido Acción Nacional (PAN) y Partido Revolucionario Institucional (PRI) señalaron que esto podría traer graves repercusiones, ya que, indicaron, dichas modificaciones contienen imprecisiones y son contrarias a la Carta Magna.

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