/ domingo 27 de agosto de 2023

Gobierno adeuda indemnizaciones a familias de migrantes muertos en incendio de INM

Familiares de las víctimas afirman que las autoridades les dijeron que deben esperar

Familiares de uno de los 40 migrantes que fallecieron en el incendio de la estación migratoria en Ciudad Juárez, desconocen cuándo el gobierno de México les entregará la indemnización que les prometió.

“Sólo nos dijeron que evaluarían la reparación del daño y que debíamos esperar, no nos han dicho nada más”, dijo en entrevista con El Sol de México Marco Antonio, tío de Francisco, una de las víctimas del incendio.

Puede interesarte: Guardias fronterizos sauditas matan a cientos de migrantes etíopes: Human Rights Watch

El pasado 13 de agosto, el Instituto Nacional de Migración informó que pagaría 140 millones de pesos a las 40 familias de los migrantes fallecidos, además de que seguirán con el acompañamiento a las 27 personas que resultaron lesionadas.

Organizaciones de apoyo a migrantes como la Asociación de Migrantes Desaparecidos de Guatemala, (AFAMIDEG) explicaron que la reparación integral del daño para las familias de los migrantes fallecidos, los sobrevivientes y sus familias no puede limitarse a la entrega de recursos económicos, sino deben incluirse medidas de restitución, rehabilitación, compensación, satisfacción y garantías de no repetición, en lo individual y en lo colectivo.

“La reparación debe tomar en cuenta la gravedad y magnitud del hecho cometido para garantizar la protección de los derechos de las personas, sobre todo en lo relativo a recibir asistencia, protección, atención, verdad, justicia, reparación integral, y debida diligencia. Las personas sobrevivientes del incendio tienen secuelas de por vida, incluso neurológicas, situación que la reparación del daño debe tomar en cuenta”, señaló Bertha Alcántara, integrante de AFAMIDEG Marco Antonio comentó que su familia teme recibir cualquier recurso económico pues la mayoría de los habitantes de Nahualá, comunidad ubicada a 157 kilómetros de Ciudad de Guatemala, son pobres y quien tiene dinero es blanco de la delincuencia. “Imagínese, sólo eso nos falta, vivir con miedo, aparte del dolor ahora andarse cuidando, le repito el dinero que según nos darán es lo menos”.

Según el Instituto Nacional de Estadística de Guatemala, 90 por ciento de la población de Nahualá vive en la pobreza.

Hoy se cumplen cinco meses del incendio, fecha que Marco Antonio nunca olvidará. Esa noche su hermana lo llamó por teléfono. “Mi hijo estaba ahí, mi hijo estaba ahí”, escuchó. Toño, como le dicen sus familiares, no entendía de qué le hablaba hasta que comenzó a escuchar las primeras noticias sobre un incendio en la estación migratoria de Ciudad Juárez, justo desde donde su sobrino se había comunicado apenas dos días antes para avisar que “estaba bien difícil pasar a Estados Unidos y que lo más seguro sería que lo regresaran a Guatemala”.

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Esa fue la última vez que escucharon a Francisco, quien junto a otros 39 migrantes murió asfixiado en el centro de detención que el Instituto Nacional de Migración abrió en 1995 en la ciudad que tiene frontera con Estados Unidos.

Tres días después del incendio las autoridades de su país y de la embajada de México los contactaron para que viajaran desde Nahualá para realizar las pruebas necesarias que les confirmaron que Francisco había muerto.

Familiares de uno de los 40 migrantes que fallecieron en el incendio de la estación migratoria en Ciudad Juárez, desconocen cuándo el gobierno de México les entregará la indemnización que les prometió.

“Sólo nos dijeron que evaluarían la reparación del daño y que debíamos esperar, no nos han dicho nada más”, dijo en entrevista con El Sol de México Marco Antonio, tío de Francisco, una de las víctimas del incendio.

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El pasado 13 de agosto, el Instituto Nacional de Migración informó que pagaría 140 millones de pesos a las 40 familias de los migrantes fallecidos, además de que seguirán con el acompañamiento a las 27 personas que resultaron lesionadas.

Organizaciones de apoyo a migrantes como la Asociación de Migrantes Desaparecidos de Guatemala, (AFAMIDEG) explicaron que la reparación integral del daño para las familias de los migrantes fallecidos, los sobrevivientes y sus familias no puede limitarse a la entrega de recursos económicos, sino deben incluirse medidas de restitución, rehabilitación, compensación, satisfacción y garantías de no repetición, en lo individual y en lo colectivo.

“La reparación debe tomar en cuenta la gravedad y magnitud del hecho cometido para garantizar la protección de los derechos de las personas, sobre todo en lo relativo a recibir asistencia, protección, atención, verdad, justicia, reparación integral, y debida diligencia. Las personas sobrevivientes del incendio tienen secuelas de por vida, incluso neurológicas, situación que la reparación del daño debe tomar en cuenta”, señaló Bertha Alcántara, integrante de AFAMIDEG Marco Antonio comentó que su familia teme recibir cualquier recurso económico pues la mayoría de los habitantes de Nahualá, comunidad ubicada a 157 kilómetros de Ciudad de Guatemala, son pobres y quien tiene dinero es blanco de la delincuencia. “Imagínese, sólo eso nos falta, vivir con miedo, aparte del dolor ahora andarse cuidando, le repito el dinero que según nos darán es lo menos”.

Según el Instituto Nacional de Estadística de Guatemala, 90 por ciento de la población de Nahualá vive en la pobreza.

Hoy se cumplen cinco meses del incendio, fecha que Marco Antonio nunca olvidará. Esa noche su hermana lo llamó por teléfono. “Mi hijo estaba ahí, mi hijo estaba ahí”, escuchó. Toño, como le dicen sus familiares, no entendía de qué le hablaba hasta que comenzó a escuchar las primeras noticias sobre un incendio en la estación migratoria de Ciudad Juárez, justo desde donde su sobrino se había comunicado apenas dos días antes para avisar que “estaba bien difícil pasar a Estados Unidos y que lo más seguro sería que lo regresaran a Guatemala”.

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Esa fue la última vez que escucharon a Francisco, quien junto a otros 39 migrantes murió asfixiado en el centro de detención que el Instituto Nacional de Migración abrió en 1995 en la ciudad que tiene frontera con Estados Unidos.

Tres días después del incendio las autoridades de su país y de la embajada de México los contactaron para que viajaran desde Nahualá para realizar las pruebas necesarias que les confirmaron que Francisco había muerto.

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