/ lunes 14 de junio de 2021

Investigan en México 265 casos de terrorismo desde 2006

Estos delitos no son como los que ocurren en Europa o EU, sino son actos violentos adjudicados al narcotráfico

El estruendoso y ensordecedor estallido ocurrió catorce minutos pasada la media noche. Los vecinos de la colonia Culhuacán, en la Ciudad de México, despertaron de manera abrupta y apenas se pusieron de pie, notaron destrozos en las puertas y ventanas de sus hogares, lo mismo que en los vehículos estacionados en la calle. Aquel lunes 6 de noviembre de 2006, un par de artefactos explosivos fueron detonados en las instalaciones del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF). No era el único atentado.

Esa madrugada otras bombas más, de fabricación casera, estallaron en la sede nacional del PRI, y en un banco. No hubo lesionados, sólo daños materiales. Dos años más tarde la historia cambiaría. Una granada fue arrojada entre la multitud que festejaba el día de la independencia, en Morelia, Michoacán, y una más, a unas cuadras de ahí. El saldo: ocho muertos y más de un centenar de heridos.

➡️ AMLO ha adoptado una actitud pasiva frente a los cárteles: Christopher Landau

Once años después, en febrero de 2019, en el centro comercial Mundo E, Estado de México, elementos de Servicios Especiales de la policía estatal desactivaron un artefacto explosivo casero. Estos hechos y similares han quedado consignados en carpetas de investigación como delitos de terrorismo y son investigados por la Fiscalía General de la República (antes Procuraduría).

Entre 2006 y 2020, la dependencia federal abrió 210 averiguaciones previas y 55 carpetas de investigación por el delito de terrorismo, su financiamiento y terrorismo internacional, indican datos obtenidos vía transparencia. Es decir, que en quince años ha investigado 265 casos que de acuerdo a la legislación mexicana podrían configurarse como actos de terrorismo.

¿Qué es el terrorismo en México?

El terrorismo se define en el artículo 139 del Código Penal Federal (CPF). Éste indica que se impondrá una pena de prisión de 15 a 42 años, y 400 a mil 200 días multa, “a quien utilizando sustancias tóxicas, armas químicas, biológicas o similares, material radioactivo, material nuclear, combustible nuclear, mineral radiactivo, fuente de radiación o instrumentos que emitan radiaciones, explosivos, o armas de fuego, o por incendio, inundación o por cualquier otro medio violento, intencionalmente realice actos en contra de bienes o servicios, ya sea públicos o privados, o bien, en contra de la integridad física, emocional, o la vida de personas, que produzcan alarma, temor o terror en la población o en un grupo o sector de ella, para atentar contra la seguridad nacional o presionar a la autoridad o a un particular, u obligar a éste para que tome una determinación”.

Los datos de la Fiscalía revelan que las entidades con mayor número de investigaciones son Ciudad de México, con 18; Michoacán, con 17; Jalisco, con 16; Chihuahua, con 12, y Coahuila y Nayarit, con 10 cada una. Además, aparece un concepto de “Áreas Centrales”, con 103 averiguaciones.

Las estadísticas oficiales también indican que en el mismo lapso de tiempo las autoridades detuvieron a 225 sujetos, y consignaron a 203, vinculados a los delitos de terrorismo, encubrimiento de terroristas, personas que amenazaron con cometer el delito de terrorismo y financiamiento de terrorismo, lo mismo que terrorismo internacional. Todos estos delitos están previstos en los artículos 139 al 139 Ter y 148 Bis al 148 Quáter del CPF.

El terrorismo en México es considerado una amenaza a la seguridad nacional.

Distinto a Europa y EU

Cuando uno piensa en terrorismo vienen a la mente casos como la destrucción de las Torres Gemelas de Nueva York, en 2001; los ataques con bombas en los trenes de Madrid, en 2004, adjudicados a grupos de Al Qaeda; los múltiples tiroteos a restaurantes, un concierto y ataques suicidas con chalecos explosivos en un estadio de París, en 2015, ejecutados por el Estado Islámico; o el atentado con una bomba casera en el maratón de Boston, en 2013.

Pero a diferencia de esas naciones, los actos de terrorismo en México se vinculan más a hechos aislados, lo que representa un terrorismo doméstico. O en otros casos se considera terrorismo a actos de extrema violencia adjudicados al crimen organizado, anarquistas o econanarquistas, que no recaen en el concepto internacional de grupos terroristas, señalan especialistas en la materia.

Un ejemplo de eso es el atentado con granadas en Morelia, durante las fiestas patrias de 2008, atribuido en un principio a presuntos integrantes de los Zetas, que siete años después fueron liberados por irregularidades en el proceso y fabricación de delitos.

En el país no hay grupos terroristas de origen nacional que caigan en las categorías internacionales, principalmente la de la lista del Departamento de Estado de Estados Unidos, de la Interpol o de la Organización de las Naciones Unidas, destaca Gerardo Rodríguez, profesor del Departamento de Relaciones Internacionales y Ciencia Política de la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP).

“No confundamos los actos de extrema violencia o de terror, con que hay terrorismo en México por parte de los grupos delincuenciales. Son actos de extrema violencia. La definición de terrorismo es buscar un objetivo político, y la delincuencia organizada en México su fin último es el lucro económico”, explica el también coautor del capítulo El terrorismo como método del crimen organizado en México, del libro Crimen organizado e Iniciativa Mérida en las Relaciones México-Estados Unidos.

Miguel Antemate Mendoza, jurídico y defensor de derechos humanos de la UNAM, coincide y señala que, desde la perspectiva jurídica, los hechos en México no se pueden considerar como terrorismo.

“En sentido estricto, en México no hemos tenido hasta este momento casos masificados donde se puede considerar que se enclavan en la hipótesis de terrorismo”, subraya el también autor del artículo ¿Grupos terroristas mexicanos? Algunas consecuencias jurídicas.

Rodríguez, también investigador del Colectivo de Análisis de la Seguridad con Democracia (Casede), puntualiza que han habido episodios aislados, donde algunos terroristas han querido utilizar a México como plataforma para realizar atentados en el país o llegar a Estados Unidos y cometer algún atentado terrorista, pero no han logrado su fin.

Explosivos caseros

A pesar de no existir grupos terroristas identificados en México, que se comparen con los que existen en otras partes del mundo, los reportes por explosivos se multiplican. Al menos la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) registró 70 apoyos de personal militar a autoridades civiles por artefactos explosivos improvisados entre enero de 2013 y marzo de 2020. De años anteriores la dependencia señaló no contar con la información.

Las entidades con más reportes de apoyos son Guanajuato, con 27 y Michoacán, con 15. Aunque también aparecen Baja California, Chihuahua, Morelos, Oaxaca, Nuevo León, Colima, Puebla, Quintana Roo, Guerrero, Sinaloa, Sonora, San Luis Potosí, Tamaulipas y Zacatecas, que no sobrepasan un par de apoyos.

Pero no son los únicos casos. Este medio halló en notas periodísticas otros –que no coinciden con los anteriores– donde autoridades de distintas entidades del país participaron en la desactivación de bombas caseras. Es el caso de la encontrada en Mundo E, en el Estado de México.

En 2016, en el Informe de México sobre la resolución 70/46 de la Primera Comisión del 70 Periodo de Sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas, intitulada “Contrarrestar la Amenaza que Suponen los Artefactos Explosivos Improvisados”, se reconoció que existe una complejidad para la identificación del tipo y grado de peligrosidad de dichos dispositivos, toda vez que no existe una homologación de criterios a nivel internacional para la definición de los Artefactos Explosivos Improvisados (AEI).

“Considerando el reto que representa que los componentes y materiales para la fabricación de AEI sean de fácil acceso, es necesario que los Estados, entre ellos México, ejerzan mayores y mejores controles, que consideren como factor clave la estabilidad social y el grado de conflictividad interno de cada país”, destaca el documento.

En el Metro Tacubaya, reporte de bomba en octubre de 2020 / Foto: Archivo, Cuartoscuro

Atacan consulados de EU

Los consulados norteamericanos en México también han sido objeto de ataques con artefactos explosivos o agresiones con armas de fuego.

El primer atentado ocurrió una madrugada de octubre de 2008, cuando dos sujetos dispararon contra la reja frontal y vidrios del consulado norteamericano en Monterrey, Nuevo León, y lanzaron una granada que no detonó. El segundo ataque se dio en Nuevo Laredo, Tamaulipas, donde arrojaron un explosivo de fabricación casera por encima del muro. No hubo heridos, sólo daños materiales.

El caso más reciente ocurrió el 30 de noviembre de 2018, a las 10:48 de la noche, cuando un individuo lanzó dos granadas que explotaron en el edificio del consulado en Guadalajara, Jalisco. Por este hecho, el Buró Federal de Investigaciones (FBI) ofreció una recompensa de 20 mil dólares a cambio de información que condujera a la identificación y el arresto del sujeto o grupo responsable por el ataque.



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El estruendoso y ensordecedor estallido ocurrió catorce minutos pasada la media noche. Los vecinos de la colonia Culhuacán, en la Ciudad de México, despertaron de manera abrupta y apenas se pusieron de pie, notaron destrozos en las puertas y ventanas de sus hogares, lo mismo que en los vehículos estacionados en la calle. Aquel lunes 6 de noviembre de 2006, un par de artefactos explosivos fueron detonados en las instalaciones del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF). No era el único atentado.

Esa madrugada otras bombas más, de fabricación casera, estallaron en la sede nacional del PRI, y en un banco. No hubo lesionados, sólo daños materiales. Dos años más tarde la historia cambiaría. Una granada fue arrojada entre la multitud que festejaba el día de la independencia, en Morelia, Michoacán, y una más, a unas cuadras de ahí. El saldo: ocho muertos y más de un centenar de heridos.

➡️ AMLO ha adoptado una actitud pasiva frente a los cárteles: Christopher Landau

Once años después, en febrero de 2019, en el centro comercial Mundo E, Estado de México, elementos de Servicios Especiales de la policía estatal desactivaron un artefacto explosivo casero. Estos hechos y similares han quedado consignados en carpetas de investigación como delitos de terrorismo y son investigados por la Fiscalía General de la República (antes Procuraduría).

Entre 2006 y 2020, la dependencia federal abrió 210 averiguaciones previas y 55 carpetas de investigación por el delito de terrorismo, su financiamiento y terrorismo internacional, indican datos obtenidos vía transparencia. Es decir, que en quince años ha investigado 265 casos que de acuerdo a la legislación mexicana podrían configurarse como actos de terrorismo.

¿Qué es el terrorismo en México?

El terrorismo se define en el artículo 139 del Código Penal Federal (CPF). Éste indica que se impondrá una pena de prisión de 15 a 42 años, y 400 a mil 200 días multa, “a quien utilizando sustancias tóxicas, armas químicas, biológicas o similares, material radioactivo, material nuclear, combustible nuclear, mineral radiactivo, fuente de radiación o instrumentos que emitan radiaciones, explosivos, o armas de fuego, o por incendio, inundación o por cualquier otro medio violento, intencionalmente realice actos en contra de bienes o servicios, ya sea públicos o privados, o bien, en contra de la integridad física, emocional, o la vida de personas, que produzcan alarma, temor o terror en la población o en un grupo o sector de ella, para atentar contra la seguridad nacional o presionar a la autoridad o a un particular, u obligar a éste para que tome una determinación”.

Los datos de la Fiscalía revelan que las entidades con mayor número de investigaciones son Ciudad de México, con 18; Michoacán, con 17; Jalisco, con 16; Chihuahua, con 12, y Coahuila y Nayarit, con 10 cada una. Además, aparece un concepto de “Áreas Centrales”, con 103 averiguaciones.

Las estadísticas oficiales también indican que en el mismo lapso de tiempo las autoridades detuvieron a 225 sujetos, y consignaron a 203, vinculados a los delitos de terrorismo, encubrimiento de terroristas, personas que amenazaron con cometer el delito de terrorismo y financiamiento de terrorismo, lo mismo que terrorismo internacional. Todos estos delitos están previstos en los artículos 139 al 139 Ter y 148 Bis al 148 Quáter del CPF.

El terrorismo en México es considerado una amenaza a la seguridad nacional.

Distinto a Europa y EU

Cuando uno piensa en terrorismo vienen a la mente casos como la destrucción de las Torres Gemelas de Nueva York, en 2001; los ataques con bombas en los trenes de Madrid, en 2004, adjudicados a grupos de Al Qaeda; los múltiples tiroteos a restaurantes, un concierto y ataques suicidas con chalecos explosivos en un estadio de París, en 2015, ejecutados por el Estado Islámico; o el atentado con una bomba casera en el maratón de Boston, en 2013.

Pero a diferencia de esas naciones, los actos de terrorismo en México se vinculan más a hechos aislados, lo que representa un terrorismo doméstico. O en otros casos se considera terrorismo a actos de extrema violencia adjudicados al crimen organizado, anarquistas o econanarquistas, que no recaen en el concepto internacional de grupos terroristas, señalan especialistas en la materia.

Un ejemplo de eso es el atentado con granadas en Morelia, durante las fiestas patrias de 2008, atribuido en un principio a presuntos integrantes de los Zetas, que siete años después fueron liberados por irregularidades en el proceso y fabricación de delitos.

En el país no hay grupos terroristas de origen nacional que caigan en las categorías internacionales, principalmente la de la lista del Departamento de Estado de Estados Unidos, de la Interpol o de la Organización de las Naciones Unidas, destaca Gerardo Rodríguez, profesor del Departamento de Relaciones Internacionales y Ciencia Política de la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP).

“No confundamos los actos de extrema violencia o de terror, con que hay terrorismo en México por parte de los grupos delincuenciales. Son actos de extrema violencia. La definición de terrorismo es buscar un objetivo político, y la delincuencia organizada en México su fin último es el lucro económico”, explica el también coautor del capítulo El terrorismo como método del crimen organizado en México, del libro Crimen organizado e Iniciativa Mérida en las Relaciones México-Estados Unidos.

Miguel Antemate Mendoza, jurídico y defensor de derechos humanos de la UNAM, coincide y señala que, desde la perspectiva jurídica, los hechos en México no se pueden considerar como terrorismo.

“En sentido estricto, en México no hemos tenido hasta este momento casos masificados donde se puede considerar que se enclavan en la hipótesis de terrorismo”, subraya el también autor del artículo ¿Grupos terroristas mexicanos? Algunas consecuencias jurídicas.

Rodríguez, también investigador del Colectivo de Análisis de la Seguridad con Democracia (Casede), puntualiza que han habido episodios aislados, donde algunos terroristas han querido utilizar a México como plataforma para realizar atentados en el país o llegar a Estados Unidos y cometer algún atentado terrorista, pero no han logrado su fin.

Explosivos caseros

A pesar de no existir grupos terroristas identificados en México, que se comparen con los que existen en otras partes del mundo, los reportes por explosivos se multiplican. Al menos la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) registró 70 apoyos de personal militar a autoridades civiles por artefactos explosivos improvisados entre enero de 2013 y marzo de 2020. De años anteriores la dependencia señaló no contar con la información.

Las entidades con más reportes de apoyos son Guanajuato, con 27 y Michoacán, con 15. Aunque también aparecen Baja California, Chihuahua, Morelos, Oaxaca, Nuevo León, Colima, Puebla, Quintana Roo, Guerrero, Sinaloa, Sonora, San Luis Potosí, Tamaulipas y Zacatecas, que no sobrepasan un par de apoyos.

Pero no son los únicos casos. Este medio halló en notas periodísticas otros –que no coinciden con los anteriores– donde autoridades de distintas entidades del país participaron en la desactivación de bombas caseras. Es el caso de la encontrada en Mundo E, en el Estado de México.

En 2016, en el Informe de México sobre la resolución 70/46 de la Primera Comisión del 70 Periodo de Sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas, intitulada “Contrarrestar la Amenaza que Suponen los Artefactos Explosivos Improvisados”, se reconoció que existe una complejidad para la identificación del tipo y grado de peligrosidad de dichos dispositivos, toda vez que no existe una homologación de criterios a nivel internacional para la definición de los Artefactos Explosivos Improvisados (AEI).

“Considerando el reto que representa que los componentes y materiales para la fabricación de AEI sean de fácil acceso, es necesario que los Estados, entre ellos México, ejerzan mayores y mejores controles, que consideren como factor clave la estabilidad social y el grado de conflictividad interno de cada país”, destaca el documento.

En el Metro Tacubaya, reporte de bomba en octubre de 2020 / Foto: Archivo, Cuartoscuro

Atacan consulados de EU

Los consulados norteamericanos en México también han sido objeto de ataques con artefactos explosivos o agresiones con armas de fuego.

El primer atentado ocurrió una madrugada de octubre de 2008, cuando dos sujetos dispararon contra la reja frontal y vidrios del consulado norteamericano en Monterrey, Nuevo León, y lanzaron una granada que no detonó. El segundo ataque se dio en Nuevo Laredo, Tamaulipas, donde arrojaron un explosivo de fabricación casera por encima del muro. No hubo heridos, sólo daños materiales.

El caso más reciente ocurrió el 30 de noviembre de 2018, a las 10:48 de la noche, cuando un individuo lanzó dos granadas que explotaron en el edificio del consulado en Guadalajara, Jalisco. Por este hecho, el Buró Federal de Investigaciones (FBI) ofreció una recompensa de 20 mil dólares a cambio de información que condujera a la identificación y el arresto del sujeto o grupo responsable por el ataque.



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