/ domingo 5 de junio de 2022

Pide Sedena 175.7 mdp para sistema antidrones contra el crimen

Busca el Ejército tecnología para proporcionar seguridad a personal e instalaciones estratégicas

La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) solicitó 175.7 millones de pesos a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) para adquirir un Sistema de Supervisión y Control de Dispositivos Electrónicos Controlados a Distancia (sistema “Anti-Dron”), para combatir el crimen organizado, monto que equivale a 35 veces más el valor del sistema antidrones instalado en el Palacio Nacional, cuyo costo fue de 5.4 millones de pesos.

En la descripción del documento de 2021 de los Programas y Proyectos de Inversión (PPI) no muestra el objetivo de la adquisición, ni de qué tipo y tecnología se trata, debido a que se considera información confidencial.

Sin embargo, en el apartado de identificación, cuantificación y valoración de costos del PPI muestra que la etapa de ejecución es de 2021 con un costo total de 175 millones 795 mil 224 pesos, y en lo que respecta a operación será en 2022, con una vida útil de 10 años que generará costos de mantenimiento equivalentes a 55.9 millones de pesos, es decir, casi un tercio de su valor.

Tras realizar una revisión de los contratos efectuados por la Sedena durante 2021 y 2022 no se muestra hasta la fecha si este sistema ya fue adquirido por la dependencia o se mantiene reservada la compra al ser un asunto de seguridad nacional.

La que sí aparece es la adquisición del sistema antidrones instalado en el Palacio Nacional, que se llevó a cabo el 31 de agosto del año pasado, según el contrato con número LA-007000999-E846-2021 a nombre de la empresa Soluciones Tecnológicas y Protección Aeroespacial S.A. de C.V., con un importe total de cinco millones 487 mil 56.80 pesos.

Por otra parte, aunque en su mayoría de la descripción el documento se encuentra testado, en la página de consulta de PPI en Cartera destaca que sus beneficios serán contar con la tecnología para proporcionar seguridad a personal e instalaciones estratégicas del país en materia de dispositivos tecnológicos susceptibles de ser empleados para fines delictivos.

Además, de la disminución del impacto de la delincuencia organizada en la sociedad y en la comisión de delitos en contra de personal de la Sedena y/o instalaciones vitales del país.

En años recientes los drones se han convertido en una herramienta para entrega de estupefacientes o peor aún, sirven como arma letal a los integrantes de la delincuencia organizada.

El experimento de los científicos parece una escena de ciencia ficción. De hecho, comienza citando películas como Star Wars, Prometheus o Blade Runner 2049 / Cortesía | Geodetics


Esto es al permitirles controlar desde el aire los movimientos y atacar con explosivos a elementos de las fuerzas de seguridad locales y federales, grupos rivales con quienes se disputan el control de las plazas y a pobladores armados como grupos de autodefensa.

Un caso reciente son los ataques perpetrados en enero de 2022, donde el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) a través de un dron dejó caer explosivos arriba de una choza de civiles de la localidad de Villa Victoria, Michoacán.

En esa entidad en el municipio de Aguililla, en abril de 2021 este grupo delincuencial agredió de la misma forma a elementos de la policía, al igual que a integrantes de la Guardia Nacional en Chinicuila, en diciembre de ese año.

Ese mismo mes pero en Tijuana, Baja California, con un dron dejaron caer dos granadas en la casa del secretario de Seguridad del estado, sin embargo, los artefactos explosivos no se detonaron.

Mientras, en mayo de ese año se reportó otro ataque del crimen organizado con drones a las fuerzas armadas en Aguililla.

La Fiscalía General de la República (FGR) a través de un comunicado, indicó que en las inmediaciones de la localidad de El Limoncito, perteneciente al municipio de Aguililla, los soldados detectaron sobrevolando sobre ellos un vehículo aéreo no tripulado tipo dron, del cual les fue arrojado un explosivo que causó lesiones físicas y daños materiales al personal militar.

Tras ese ataque, personal de la Fiscalía y elementos de la Policía Municipal comenzaron las investigaciones para dar con los responsables del ataque con drones, aunque en las primeras horas no localizaron ni aprehendieron a ningun presunto delincuente.

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Los sistemas antidrones son equipos de defensa y protección de áreas sensibles ante distintas amenazas, y se utilizan para inhibir y bloquear el vuelo de drones ilegales.

Las diferentes versiones como los de alta tecnología, básicos o portátiles funcionan al emitir una señal de radiofrecuencia dentro de perímetros de corto o largo alcance al depender de su alta o baja potencia, que provocan la interferencia de los circuitos de control remoto y las señales de navegación, y obligan a los drones a aterrizar.

La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) solicitó 175.7 millones de pesos a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) para adquirir un Sistema de Supervisión y Control de Dispositivos Electrónicos Controlados a Distancia (sistema “Anti-Dron”), para combatir el crimen organizado, monto que equivale a 35 veces más el valor del sistema antidrones instalado en el Palacio Nacional, cuyo costo fue de 5.4 millones de pesos.

En la descripción del documento de 2021 de los Programas y Proyectos de Inversión (PPI) no muestra el objetivo de la adquisición, ni de qué tipo y tecnología se trata, debido a que se considera información confidencial.

Sin embargo, en el apartado de identificación, cuantificación y valoración de costos del PPI muestra que la etapa de ejecución es de 2021 con un costo total de 175 millones 795 mil 224 pesos, y en lo que respecta a operación será en 2022, con una vida útil de 10 años que generará costos de mantenimiento equivalentes a 55.9 millones de pesos, es decir, casi un tercio de su valor.

Tras realizar una revisión de los contratos efectuados por la Sedena durante 2021 y 2022 no se muestra hasta la fecha si este sistema ya fue adquirido por la dependencia o se mantiene reservada la compra al ser un asunto de seguridad nacional.

La que sí aparece es la adquisición del sistema antidrones instalado en el Palacio Nacional, que se llevó a cabo el 31 de agosto del año pasado, según el contrato con número LA-007000999-E846-2021 a nombre de la empresa Soluciones Tecnológicas y Protección Aeroespacial S.A. de C.V., con un importe total de cinco millones 487 mil 56.80 pesos.

Por otra parte, aunque en su mayoría de la descripción el documento se encuentra testado, en la página de consulta de PPI en Cartera destaca que sus beneficios serán contar con la tecnología para proporcionar seguridad a personal e instalaciones estratégicas del país en materia de dispositivos tecnológicos susceptibles de ser empleados para fines delictivos.

Además, de la disminución del impacto de la delincuencia organizada en la sociedad y en la comisión de delitos en contra de personal de la Sedena y/o instalaciones vitales del país.

En años recientes los drones se han convertido en una herramienta para entrega de estupefacientes o peor aún, sirven como arma letal a los integrantes de la delincuencia organizada.

El experimento de los científicos parece una escena de ciencia ficción. De hecho, comienza citando películas como Star Wars, Prometheus o Blade Runner 2049 / Cortesía | Geodetics


Esto es al permitirles controlar desde el aire los movimientos y atacar con explosivos a elementos de las fuerzas de seguridad locales y federales, grupos rivales con quienes se disputan el control de las plazas y a pobladores armados como grupos de autodefensa.

Un caso reciente son los ataques perpetrados en enero de 2022, donde el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) a través de un dron dejó caer explosivos arriba de una choza de civiles de la localidad de Villa Victoria, Michoacán.

En esa entidad en el municipio de Aguililla, en abril de 2021 este grupo delincuencial agredió de la misma forma a elementos de la policía, al igual que a integrantes de la Guardia Nacional en Chinicuila, en diciembre de ese año.

Ese mismo mes pero en Tijuana, Baja California, con un dron dejaron caer dos granadas en la casa del secretario de Seguridad del estado, sin embargo, los artefactos explosivos no se detonaron.

Mientras, en mayo de ese año se reportó otro ataque del crimen organizado con drones a las fuerzas armadas en Aguililla.

La Fiscalía General de la República (FGR) a través de un comunicado, indicó que en las inmediaciones de la localidad de El Limoncito, perteneciente al municipio de Aguililla, los soldados detectaron sobrevolando sobre ellos un vehículo aéreo no tripulado tipo dron, del cual les fue arrojado un explosivo que causó lesiones físicas y daños materiales al personal militar.

Tras ese ataque, personal de la Fiscalía y elementos de la Policía Municipal comenzaron las investigaciones para dar con los responsables del ataque con drones, aunque en las primeras horas no localizaron ni aprehendieron a ningun presunto delincuente.

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