Matamoros, Tams., Junio 9.- Marchas y bloqueos se han registrado en las últimas horas en Matamoros, al norte de Tamaulipas, por la detención y exigencia de libertad de la abogada laboralista Susana “N”, detenida por las autoridades con base en una orden de aprehensión.
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La Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas dio a conocer que se le acusa de delitos cometidos contra servidores públicos, motín, amenazas y coacción de particulares.
Ante su captura en la ciudad fronteriza de Matamoros, donde cuenta con cientos de simpatizantes del Movimiento 20-32 que en enero del año pasado paralizó la industria maquiladora tamaulipeca, se han registrado varios hechos exigiendo que sea puesta en inmediata libertad.
Desde la noche del lunes 8 de junio los manifestantes se postraron en la avenida Lauro Villar, luego que se dio a conocer la detención de la creadora del Movimiento 20-32 e impulsora de la creación del Sindicato Nacional Obrero Independiente.
De manera simultánea otros simpatizantes bloquearon arterias en las inmediaciones del Aeropuerto Internacional General Servando Canales, quienes fueron retirados por elementos de la Guardia Nacional para liberar esa zona.
Los plantones han trastocado la movilidad matamorense debido a que en las vialidades se han atravesado camiones, coches e incluso objetos para evitar el transitar de las unidades motrices.
Hoy mujeres y hombres se han apostado frente a la alcaldía de Matamoros para desde ahí exigir la libertad de quien consideran su líder en temas laborales.
Los hechos han generado gran movilización de fuerzas del orden en este municipio fronterizo con la ciudad de Brownsville.
Susana “N” tomó notoriedad entre enero y febrero del 2019 cuando apoyó las movilizaciones que llevaron a paralizar las maquiladoras matamorense, además de generar brotes de huelgas en Ciudad Victoria, Reynosa y Altamira.
En su comunicado la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas refrendó su compromiso de utilizar los medios jurídicos a su alcance para llevar ante la justicia a aquellos que atenten contra el legítimo desempeño de la función pública, la seguridad del Estado, la libertad de las personas y su derecho a la paz.