Jorge Fernández González, acusado de haber matado en el año 2017 a su esposa María del Pilar Garrido Santamans en Tamaulipas, tendrá que pasar prácticamente toda su vida en prisión debido a que su sentencia por 47 años ha sido ratificada.
El dictamen fue emitido el 14 de enero de 2019, sin embargo, el indiciado interpuso un juicio de amparo por lo que un Tribunal Colegiado ordenó emitir una nueva resolución sobre la condena.
RATIFICAN PENA DE 47 AÑOS CONTRA EL ACUSADO
El Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Décimo Noveno Circuito, con sede en Ciudad Victoria, publicó en su lista de acuerdo, que se declara cumplida la ejecutoria del amparo del expediente 1258/2019.
En la síntesis del acuerdo tomado el 08 de febrero del 2022 se establece: “se declara cumplida la ejecutoria dictada en el presente juicio, sin que se advierta exceso o defecto en su cumplimiento”.
Con esto se confirma la sentencia condenatoria a Jorge Fernández González, dictada por la Sala Colegiada Penal de Victoria, con una pena de 47 años de prisión por la muerte de su esposa María del Pilar Garrido Santamans.
El criminólogo con maestría en Administración Pública y catedrático de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Tamaulipas, Jorge Fernández González, de 49 años, tendrá que seguir en prisión, aunque sus familiares e incluso los de su esposa habían defendido su inocencia.
LOS HECHOS OCURRIERON EL 2017
El pasado 2 de julio de 2017 Fernández González denunció el secuestro de la mujer de origen español, por parte de dos sujetos cuando se trasladaban del poblado La Pesca, Soto la Marina a Ciudad Victoria.
Aseguró que habían ido de paseo a esta playa con su pequeño hijo, cuando fueron atacados por los supuestos secuestradores.
Horas después el cuerpo de la española fue localizado y peritos de la entonces Procuraduría General de Justicia del estado de Tamaulipas determinaron que había muerto de asfixia por estrangulamiento.
SU BEBÉ REGRESÓ A ESPAÑA
De acuerdo con lo que el Tribunal de Enjuiciamiento del Estado, integrado por tres Jueces de Control, dictó en 2019 sobre la carpeta procesal 154/2017, el criminólogo perdió sus derechos hereditarios y de la patria potestad del hijo menor de la pareja, por lo que el pequeño fue entregado a su familia materna quien lo trasladó con ellos a España.
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Además de la pena de casi medio siglo, se le impuso un pago de 471 mil 296 pesos por concepto de reparación de daños.