Ante los hechos muy lamentables donde una joven embarazada perdiera la vida presuntamente a manos de una pareja que se encuentra sujeta a proceso, representantes de organizaciones de abogados exigen al coordinador de la Procuraduría General de Justicia en la zona sur del Estado que tome cartas en el asunto, se haga una revisión al proceso y en caso de que se detecte alguna deficiencia se sancione hasta con la destitución al responsable.
Así lo dieron a conocer a El Sol de Tampico los licenciados Fausto Villarreal García, presidente de la Barra de Abogados de Tampico y Ciudad Madero, y Jorge Iván García Morales, delegado estatal de la Organización Mundial de Abogados, quienes coincidieron en señalar que los actores de este caso incurren en este tipo de conductas debido a falta de valores y principios, algo que no se puede detener, pero sí aplicar el estado de derecho de la mejor manera posible.
Indicaron que estas conductas afectan a la familia y sociedad, resaltando como un acierto la intervención de la Policía Investigadora a cargo de Carlos Lince Ramón, quien con sus elementos oportunamente logró detener a los presuntos responsables (Cinthia Fátima N. y Omar Enrique N.), evitando que se sustrajeran de la justicia como en otros casos se ha visto.
Opinaron que aún falta mucho en nuestra sociedad para que la ciudadanía conozca el Sistema de Justicia Penal Acusatorio, que “no es igual al anterior”, destacando que ahora las responsabilidades en las carpetas de investigación recaen en los titulares de las Unidades de Investigación “Ministerio Público”, quienes tienen la gran responsabilidad de actuar con apego a la ley, aunque “por desgracia no siempre cumplen con su labor en forma cabal”.
Coincidieron en señalar que en este caso muy en especial, han notado un gran descontento entre la sociedad por el actuar de las autoridades, dejando en claro que cuando los funcionarios responsables de la procuración de justicia no cumplen su labor, el coordinador, en este caso el licenciado Juan José Espino Ascanio, está obligado a deslindar responsabilidades sobre su actuación, y en caso de que no hagan bien su trabajo se les debe destituir.
Como representantes de la comunidad jurídica y como ciudadanos alzaron la voz pidiendo que el coordinador de la PGJE en la zona sur intervenga más en este caso, analice la carpeta de investigación, y en caso de que existan deficiencias en la misma y el proceso no esté apegado a la ley, se destituya a quien no haya cumplido con su trabajo, pues aseguraron que existen reglamentos que deben acatarse y prevalecer el estado de derecho para que se vuelva a creer en las autoridades.