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Recupera Q. Roo predios vendidos por Borge: gobernador

  • Rafa Martínez, corresponsal
  • en República

Rafael Martínez, Corresponsal / El Sol de México

CANCÚN, Q. Roo. (OEM-Informex).- Tras el aseguramiento de 25 inmuebles propiedad del Gobierno de Quintana Roo, cuyo valor rebasa los cinco mil millones de pesos, y que fueron vendidos de manera irregular en la administración de Roberto Borge, el gobernador Carlos Joaquín señaló que “insistiremos en que se recuperen los recursos desviados y el patrimonio de los quintanarroenses. Seguiremos aportando pruebas y apoyo a la PGR para que se haga justicia en el Estado”.

La semana pasada, Procuraduría General de la República (PGR), a través de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), decretó el aseguramiento precautorio de 25 predios sujetos a enajenaciones irregulares durante la administración del anterior gobierno del estado de Quintana Roo, al considerarse objeto o producto del delito de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.

Entre las personas beneficiadas con esta ilegal transacción, presuntamente se encuentra al madre del exgobernador, toda vez que el Registro Público de la Propiedad y el Comercio de la isla de Cozumel puede verse la anotación realizada a un predio de 44 mil 421 metros cuadrados colindante con el mar Caribe y que el IPAE vendió a la señora Rosa Yolanda Angulo Castilla por un monto de 6 millones 108 mil pesos, muy por debajo del valor comercial del mismo.

Otro predio de cuatro mil 432 metros cuadrados también ubicado en Cozumel y que fue vendido por el IPAE a la madre del ex gobernador Borge Angulo por 886 mil pesos, también tiene una anotación como bien asegurado.

Ante ello, el gobernador Carlos Joaquín indicó que el Gobierno de Quintana Roo ha integrado y presentado denuncias ante la Fiscalía del Estado así como la PGR para que se haga justicia, y combatir la corrupción y la impunidad.

Señaló que “después de presentar las denuncias, hemos coadyuvado a integrar las averiguaciones previas y hemos apoyado las investigaciones, facilitando el trabajo de la autoridad federal. Seguiremos insistiendo ante todas las instancias que se haga justicia”.

Las denuncias presentadas el 14 de noviembre por la administración de Carlos Joaquín se refieren a 850 hectáreas de la reserva territorial, que se identificaron como vendidas a precios menores a su valor, incluso al 1 por ciento; algunas vendidas irregularmente a unos 20 compradores vinculados al ex mandatario Roberto Borge

Dicha medida precautoria fue decretada por el Ministerio Público de la Federación, como parte de la Carpeta de Investigación iniciada con motivo de la denuncia interpuesta por la Consejera Jurídica del Poder Ejecutivo del estado de Quintana Roo, en la cual se hizo del conocimiento que durante el periodo de abril de 2011 y abril de 2014, fueron enajenados, de manera irregular y a un precio muy por debajo del valor comercial, múltiples inmuebles propiedad del Gobierno del estado de Quintana Roo.

Por lo anterior, el Ministerio Público Investigador ordenó se realizaran todas y cada una de las diligencias necesarias para la correcta investigación de los hechos, con lo que se pudo concluir, de manera provisional, la existencia de irregularidades en el proceso de enajenación de los inmuebles, además de que se logró corroborar que, en su totalidad, los inmuebles, en promedio, se vendieron, aproximadamente, al 6 por ciento de su valor comercial.

Por ello, con la finalidad de evitar la destrucción de elementos de convicción y de salvaguardar la eficacia patrimonial del estado de Quintana Roo, la Procuraduría General de la República decretó el aseguramiento precautorio de 25 inmuebles, cuyo valor comercial rebasa los cinco mil millones de pesos.

Otros dos predios asegurados corresponden a uno de 12 mil 445 metros cuadrados y uno más de 7 mil 453 metros cuadrados que le fueron vendidos a César Celso González en 1 millón 244 mil pesos y 745 mil pesos, respectivamente.

Ambos predios que eran del patrimonio privado del estado de Quintana Roo le fueron entregados a quien fue denunciado como presunto prestanombres de Roberto Borge Angulo, dos meses después de que éste rindiera protesta como gobernador del estado de Quintana Roo; posteriormente fueron traslados a la sociedad mercantil “Caracol 65”, creada por éste y por la secretaria del padre de Roberto Borge, María Lourdes Pinelo.

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