El gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca solicitó una suspensión definitiva contra la Fiscalía General de la República (FGR) para que se abstuviera de solicitar su posible orden de aprehensión por los delitos de delincuencia organizada, lavado de dinero y defraudación fiscal. Sin embargo, una jueza federal le negó este recurso.
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El mandatario tamaulipeco también buscaba que el poder judicial le permitiera tener acceso a la carpeta de investigación por estos mismos probables delitos y que sirvió de base para presentar la solicitud de desafuero a la Cámara de Diputados, pero la juzgadora también le negó ese beneficio.
La titular del Juzgado Décimo Segundo de Distrito en Materia Penal, Rosa María Cervantes Mejía, le negó al mandatario estatal la suspensión que solicitó el pasado 12 de marzo para que la FGR se abstenga de solicitar una orden de aprehensión en su contra.
En sus argumentos, la jueza recalcó que es improcedente otorgar la medida cautelar, ya que ello implicaría dar efectos restitutorios que son propios de la sentencia que se llegue a dictar en el juicio de amparo.
La semana pasada el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto, explicó que parte de la denuncia que interpuso la dependencia a su cargo contra el gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, fue por la adquisición de inmuebles con recursos de presunta procedencia ilícita.
Nieto mencionó que, por ejemplo, una Sociedad Financiera de Objeto Múltiple (Sofom) le otorgó a Francisco García Cabeza de Vaca 14.3 millones de pesos para la adquisición de un departamento; dinero que provino de dos empresas relacionadas con el Cartel de Sinaloa.
Por estas investigaciones, la defensa de García Cabeza de Vaca pidió a la jueza Cervantes Mejía, acceso a la carpeta de investigación, al considerar que las autoridades trasgreden los artículos 14 y 20 de la Constitución.
“Único. Se niega la suspensión definitiva que solicita Francisco Javier García Cabeza de Vaca contra el acto, autoridades y por los motivos señalados en el considerando único de esta interlocutoría”, se lee en la resolución del juzgado.
Enfatizó que otorgar la suspensión sin tener la certeza que el promovente de amparo tiene el carácter de imputado en la carpeta de mérito, puede implicar una violación a disposiciones de orden público, como son la secrecía de la investigación y los registros que obran en la indagatoria, los cuales deben permanecer en resguardo.
Ante este revés, la defensa del gobernador de Tamaulipas ya interpuso un recurso de queja contra la negativa de la suspensión definitiva, por lo que será un tribunal colegiado el que determine si confirma, modifica o revoca el fallo.