Integrantes de colectivos de desaparecidos, entre ellos algunas de Tamaulipas, ganaron un amparo para que ningún funcionario, incluyendo el presidente, no realicen modificaciones en el Censo Nacional de Desaparecidos.
De acuerdo con la vocera del colectivo Víctimas Diez de Marzo, Delia Quiroa, quien llevó a cabo este proceso legal, el juez otorgó la suspensión del recurso de amparo 1951/2023.
“Se concede la suspensión definitiva a la parte quejosa solicitada para el efecto de que no se modifiquen, alteren, sustituyan, destruyen, cancelen, eliminen o suprimen los registros contenidos en el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas”, indicó la resolución.
Quien no acate la disposición podría ir a prisión
La activista, indicó que el presidente, así como la titular de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB), Teresa Guadalupe Reyes Sahagún, podrían ser sancionados sino acatan la resolución de este amparo presentado el año pasado ante el Juzgado Décimo Quinto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México.
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“El presidente y la comisionada de búsqueda ya están advertidos; por lo pronto ya se protegieron todos los registros y si violan la suspensión serán acreedores a una sanción penal ósea cárcel”, afirmó.
Quiroa, quien en el 2021 realizó una búsqueda ciudadana en “La Bartolina”, predio de Matamoros señalado por la CNB como un campo de exterminio, destacó que se les negó la solicitud de destituir a la titular de la Comisión.
“Lo que se nos negó es el nombramiento de la comisionada nacional de búsqueda, el juez alega que sería restituir derechos u dejar sin materia el nuevo. Como quiera lo vamos a impugnar”, indicó.
No le ven perfil a la comisionada
María Icela Valdez Chaidez, quien es víctima indirecta tras el secuestro y desaparición de su hijo Roberto ocurrido el 10 de marzo del 2014 en Reynosa, Tamaulipas, consideró que es ilegal que Teresa Guadalupe Reyes Sahagún esté al frente de la Comisión.
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“Estamos acudiendo a este honorable juzgado de distrito a solicitar el amparo y protección de la justicia federal porque consideramos que rasurar el registro es una forma de desaparecer a nuestros desaparecidos”, señaló en la versión pública de este recurso de amparo.
“La persona que el presidente de la república nombró no tiene experiencia en búsqueda de personas desaparecidas, lo anterior es un requisito indispensable señalado en el Artículo 51 fracciones V y VI de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas”, agregó Icela Valdez, que interpuso este amparo que fue ganado por las buscadoras y que impide al mismo presidente AMLO a cambiar el registro de desaparecidos.
