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La Primera Sala expuso que quien tiene funciones de administración, dirección o supervisión en una organización criminal, contribuye en mayor medida al daño a la seguridad pública, que el resto de los integrantes
En un documento firmado por 10 organizaciones exponen que no hubo condiciones para la participación ciudadana, pues realizaron un proceso de ratificación opaco y sin una discusión pública amplia