La mirada internacional hacia México se va poco a poco endureciendo, como consecuencia de las decisiones que, para muchos de manera inexplicable, está tomando el Gobierno Federal.
A la forma en manejar la emergencia sanitaria, que en muchos países se consideró errática por parte de nuestros funcionarios y del propio presidente de la República, se suma la llamada “Política de confiabilidad, seguridad, continuidad y calidad en el sistema eléctrico nacional”, publicado en el Diario Oficial de la Federación.
¿De qué se trata? En resumen, el gobierno de la República cambia las reglas por las que empresas generadoras de energías limpias apostaron a invertir en sus proyectos en territorio nacional, después de la Reforma Energética de 2013, lo que implica el incumplimiento de tratados internacionales en materia de protección de inversiones.
Así nada más.
Esta decisión tendrá consecuencias con una duración indefinida en el rubro económico, ambiental y en el descrédito que genera el Gobierno de la República con el incumplimiento de acuerdos y, principalmente, de su palabra.
La actual administración no tiene claro que México es y ha sido un país de instituciones, y que son éstas las que firman los acuerdos, y no se suscriben con carácter personal dependiendo el partido o corriente política con la que simpatice el funcionario responsable de las negociaciones.
En lo que respecta a los daños económicos, el gobierno de nuestro país deberá indemnizar a las empresas privadas con las que incumplió los acuerdos. Además, la energía que se genera con recursos propios resulta, según algunos especialistas, 7 veces más caras que las energías limpias que venden empresas privadas, lo que muy probablemente se refleje en los próximos recibos de luz que recibamos en nuestros hogares.
Todo esto, sumado a la pérdida de empleos que se vendría en caso de que las empresas inversionistas decidan cerrar y retirar su capital.
El daño ambiental se espera de grandes proporciones, pues se da prioridad a la generación de energía eléctrica a base de carbón y petróleo, contra energías solares y eólicas, especialidad de las empresas privadas afectadas por esta medida unilateral que, por si fuera poco, quedó exenta de un estudio de impacto regulatorio.
La secretaria de Energía ya tiene sobre su escritorio comunicación por parte de la Unión Europea, en la que menciona que esta decisión, de consumarse, impactaría negativamente en 44 proyectos de generación de energía limpia en 18 estados del país, que suma una inversión de 6 mil 400 millones de dólares.
Otro que se manifestó ya fue el gobierno de Canadá, a través de su embajada en México, que advierte que están en riesgo inversiones por 450 millones de dólares y la generación de mil empleos.
¿Cuál es la intención del Gobierno de México? ¿A qué le tira con estas decisiones que poco abonan a la confianza que requieren las inversiones foráneas?
Hay quórum
La emergencia sanitaria ha revelado, tristemente, la miseria y falta de empatía con la que puede actuar el ser humano cuando lejos de reconocer su labor, agrede física y verbalmente a personal del servicio médico que busca salvar vidas.
Lo que están viviendo estos trabajadores los marcará de por vida, al estar tan lejos de su familia y tan cerca de la muerte.
Ante este panorama, Movimiento Ciudadano presentó un punto de acuerdo en el Senado para solicitar a la Secretaría de Salud un plan de largo plazo para atender la salud mental del personal médico que ha participado de manera activa en la contención y atención a la pandemia de Covid-19.
La simple propuesta es ya un reconocimiento al trabajo que realizan los trabajadores del sector salud.
