Su objetivo es Chilpancingo, avanzar hacia los municipios de la Costa Grande (La Unión, Zihuatanejo,Petatlán, Atoyac, Técpan, San Jerónimo y Coyuca de Benítez), y tomar Acapulco. La coyuntura electoral será clave como lo fue en las elecciones del 2018 cuando se hicieron con el dominio en 28 municipios del Estado de México, con autoridades y legisladores bajo su control, más una veintena de ayuntamientos vecinos en el norte y Tierra Caliente de Guerrero.
Lo que la organización criminal autodenominada la Familia Michoacana (LFM) liderada por los hermanos Johnny y Alfredo Hurtado Olascoaga, ha lanzado al gobierno de Andrés Manuel López Obrador no es un reto, sino un aviso que en el proceso electoral de este año llevan mano para decidir quién se quedará al frente de sus intereses en ambas entidades del país donde dice gobernar Morena.
Las evidencias se han visibilizado en las últimas semanas. El recordatorio de cómo este grupo criminal ejerce su “gobernanza” lo dieron en el Estado de México los pobladores de Texcaltitlán el pasado 8 de diciembre con el linchamiento de 11 testaferros acusados de cobro de piso. La reacción fue un cerco contra los pobladores que hasta la primera semana de enero registraban 14 personas desaparecidas.
Un documento catalogado como reservado de la Unidad de Análisis Táctico Operativo de la Coordinación General de Investigación y Análisis de la fiscalía mexiquense, hallado entre los documentos hackeados a la Defensa Nacional por el colectivo Guacamaya, señala que la extorsión a comerciantes, floricultores, aserraderos y explotación de minas, no se denuncian por el temor de las víctimas ante el control del crimen en los tres niveles de gobierno. El análisis de los delitos de alto impacto y actores de alto perfil que influyen en las 13 fiscalías regionales en que se divide la entidad, ejemplifica con el caso de los comerciantes de pollo quienes desde 2019 en los municipios bajo control de LFM, son obligados a comprar producto a un solo vendedor y pagar cuota.
La omisión que pasa por complicidad de las autoridades tiene réplica en los municipios vecinos de Guerrero y se extiende a otras zonas del estado. El interés de LFM por tomar el control de la capital guerrerense asoma detrás de la disputa en el municipio de Heliodoro Castillo, clave en la producción de heroína, bajo control del grupo criminal llamado los Tlacos, organización que recibió entrenamiento de mercenarios rusos en mayo de 2022, según documentos obtenidos por los hackers de Guacamaya.
El pasado 4 de enero una célula de LFM bombardeó con drones a la población de Buenavista, donde se reportó la muerte de al menos cinco personas y la desaparición de 15. Desde mayo pasado Evelyn Salgado Pineda, gobernadora del estado y la fiscal Sandra Luz Valdovinos, fueron informadas de la gravedad de la situación en la zona serrana de éste municipio y no hicieron nada.
Desentenderse y simular ha sido su respuesta. El pasado fin de semana atribuyeron la masacre de 13 personas en un palenque en Petatlán a una pugna entre LFM y una banda local. Las autoridades locales rechazaron la versión y aseguraron que fue un ataque directo.
Fuentes militares aseguran que la escalada de violencia crecerá ante el inicio de las campañas electorales. La LFM presionará y seguirá su avance ante el silencio y complicidad oficial.
@velediaz424
