Los servidores públicos podrían enfrentar hasta 15 años de cárcel por participar en campañas a servidores públicos, debido a que el delito se considera de índole federal, equiparable a desvío de recursos; lo que implica que se siga por oficio en las instancias de producción de justicia ante la denuncia de estos actos que se realizan en busca del voto.
Julia Zorrilla Estrada, director jurídico del Ayuntamiento de Tampico, expresó que ante esta situación se ha advertido a todos los trabajadores del gobierno sobre las sanciones que pueden tener si participan en horario de trabajo en los eventos proselitistas de cualquier partido político, al iniciar la llamada veda electoral.
Pueden pedir licencia si es de elección popular, sino deben renunciar
Añade que "los distintos servidores públicos de antemano saben que es lo que pueden y lo que no está permitido durante este proceso electoral, pero de todos modos para evitar ese tipo de situaciones o que argumenten que no sabían, cada vez que hay un periodo electoral se gira un oficio que se hace llegar a todos los trabajadores".
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"Un funcionario de primer y segundo nivel que quiera andar de lleno en campaña tendrá que renunciar para andar directo y cuando son funcionarios de elección popular solo requiere licencia y se puede volver a reincorporar cuando termine su plazo de permiso en este proceso", agregó.
La sanción es baja definitiva, además de multas y cárcel
Zorrilla Estrada también compartió que "Cualquier funcionario que sea sorprendido en horario de oficina, andando en un acto político es una baja definitiva y tendrá que enfrentar un delito federal por andar realizando este tipo de acciones, de solicitar o promover el voto para el partido que sea, no se puede hacer uso del vehículo ni andar en otras acciones en horario laboral".
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Además reiteró el hecho de que no se permitirá utilizar nada que pertenezca al gobierno, "Tampoco puede utilizar nada que sea de gobierno ya sea municipal, estatal o federal", expresó el director jurídico de Tampico, ya que es un desvío de recursos y es sancionado penalmente, siendo cárcel la sanción, previo a la apertura de una averiguación penal por parte de la Fiscalía General de la República.
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Por lo que los castigos para los servidores públicos que no respeten la veda electoral podrían ser hasta 15 años de cárcel y despido definitivo por participar en campañas de algún partido político durante su horario laboral.
