Revertir la austeridad incongruente impuesta en el gasto a la salud que se destina a la población con alto grado de pobreza, debe ser premisa en el Poder Legislativo en el 2022 y establecer el compromiso de aprobar y ejercer recursos mayores para el Instituto Nacional de salud para el Bienestar, antes Seguro Popular, pidieron empresarios ante los recortes de 20% aplicados al Insabi.
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El presupuesto del Instituto debe estar mejor planeado e incrementar la cifra de personas beneficiarias, la asignación de medicamentos y el tipo de padecimientos a cubrir, sobre todo en estos momentos, cuando la emergencia sanitaria empeoró la carga de salud para las familias y acentuó sus problemas de dinero, expuso José Placido de Lerma Avila presidente de la Asociación Regional de Comerciantes e Industriales Mexicanos.
La falta de medicamento siempre se ha padecido en los hospitales públicos, pero en estos últimos dos años ha sida más notoria, lo que obliga a la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador a replantear el gasto.
En una investigación de Organización Editorial Mexicano se estableció que el gasto en salud que se destina a las personas de los sectores más vulnerables del país se redujo 20%, al pasar de tres mil 656 pesos a dos mil 911 pesos por persona.
El informe resalta que el gasto para enfermedades crónicas se redujo este año en dos mil 73 millones de pesos respecto a lo ejercido en 2018. De acuerdo con los registros oficiales, el presupuesto para la población sin seguridad social pasó de 31.8% del gasto total en salud en 2017 a 28.6% en 2021 con el Insabi, la menor proporción desde 2016
Para el director de la Cámara Nacional de Comercio en Pequeño, Servicio y Turismo del sur de Tamaulipas, Jesús Carballo Martínez se trata de una mala decisión, en un mal momento y la próxima legislatura debe obligar a que la administración federal incremente los recursos de atención médica para las familias que carecen de protección social como el IMSS e ISSSTE.
La reducción presupuestal tiene un impacto directo en la economía del país, pues con recursos menores la gente consume menos en compra de alimentos o vestido, lo que hace un círculo negativo en la actividad comercial.
En Tamaulipas existe 356,123 trabajadores en la economía informal, que carecen de seguridad social que prácticamente permanecen en el desamparo por los recortes al tema de salud.
Se trata de una austeridad mal entendida, señaló y es una decisión contradice la política gubernamental de favorecer a los más pobres, quienes hoy menos que nunca tienen capacidad para cubrir las necesidades médicas de sus familias.
El informe destaca que el gasto para enfermedades crónicas se redujo este año en dos mil 73 millones de pesos respecto a lo ejercido en 2018.
Vamos a pedirle a legisladores federales que den marcha atrás a la medida y que en el Presupuesto de Egreso de la Federación para el 2022 se hagan las correcciones para que el Insabi cuenten con recursos suficientes para cubrir los requerimientos de salud y la población reciba servicio digno y de calidad, resaltó.
