Hay preocupación entre el sector financiero por las iniciativas que han avanzado en el Congreso en las últimas semanas, previo a la finalización del período ordinario del Congreso (del 1º de septiembre hasta el 31 de diciembre).
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El Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas, que preside Rafael Aveleyra en Tampico, señaló que los cambios a la Ley de Banxico en materia de captación de divisas los tienen preocupados.
La iniciativa plantea -como objetivo central- asegurar que las instituciones financieras del país sigan comprando los dólares en efectivo que llegan al país con las personas migrantes y el turismo, estableciendo un mandato de ley para que el Banco de México actúe como banco de última instancia para comprar los dólares excedentes e integrarlos a las reservas internacionales o repatriarlos a Estados Unidos.
"El IMEF reconoce la necesidad de apoyar a las familias y a las actividades productivas legítimas que reciben los recursos en México. No obstante, coincidimos con el Banco de México en que las reformas propuestas colocarían al banco central ante una situación de riesgo".
Lo anterior, debido a que las operaciones en efectivo conllevan la posibilidad de que recursos de procedencia ilícita se incorporen en el circuito de efectivo en moneda extranjera que administra el sistema financiero y dicho riesgo sería transferido al Banco de México al imponerle la obligación de recibir los recursos en efectivo, argumentó el instituto.
"Ello podría derivar en sanciones a nivel internacional que inhiban las operaciones del banco central en moneda extranjera. El Banco de México es una institución de gran credibilidad nacional e internacional y es un pilar institucional de la economía mexicana. Cualquier iniciativa que afecte su operación y que coloque en riesgo dicha credibilidad tendría un impacto negativo profundo sobre el entorno para promover la inversión y sobre la estabilidad macroeconómica de México".
El IMEF propuso al Senado de la República y a la Cámara de Diputados que se revisen caminos alternativos de apoyo a las familias y empresas vinculadas con las operaciones en moneda extranjera, sin poner en riesgo la operación del banco central y la disponibilidad de la reserva de los activos internacionales del país.
