Por lo menos 5 hectáreas más de bosque primigenio están en riesgo de ser destruidas en el ejido Flores Magón al tratar de ser invadida la comunidad por presuntos representantes de una empresa, que afirman que el sector industrial en Altamira ordenó un desmonte en una zona que es propiedad ejidal, situación que fue reportada por las autoridades comunales al Ejército Mexicano, impidiendo con ello el ecocidio.
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"Estas personas dicen que una empresa de Altamira los contrató para hacer la tala dentro del ejido, porque la compañía dice que los terrenos no tienen dueño, pero delante del personal del Ejército Mexicano se les demostró que esos terrenos son comunales y pertenecen a los agricultores de Flores Magón, por lo que particulares no pueden invadirlos o realizar trabajos de cualquier índole".
Señaló lo anterior el apoderado legal del ejido Flores Magón, Felipe Martínez Ayala, quien indicó que "los representantes de la empresa dicen que tiene una escritura, pero eso no es posible porque es un ejido establecido desde hace décadas, ni tampoco pueden tener documentación de otro lugar fuera de la comunidad, porque hacía el oriente está API y al poniente los terrenos ejidales”.
Comentó que las personas llegaron con maquinaria para talar dentro de los terrenos ejidales, por lo que comuneros detuvieron la tarde de este jueves 10 de septiembre los trabajos que se estaban haciendo.
Posteriormente, al lugar arribó una patrulla del Ejército Mexicano que estuvo presente mientras dialogaban los propietarios del predio con las personas que llegaron a desmontar.
Martínez Ayala expresó que los presuntos representantes de la empresa no se identificaron ante las autoridades ejidales y no quisieron reconocer la documentación que presentaron los comuneros, por lo que amenazaron con regresar a destrozar la flora y fauna del lugar.
En este sentido, detalló que ya se detuvo hace varios meses un ecocidio en esa misma zona "donde personal de la Profepa constató que se realizó una destrucción de flora nativa en esta parte del ejido Flores Magón y que puede repercutir seriamente en las condiciones ambientales de la región”, por lo que -dijo- se interpondrá otra denuncia, ahora penal por parte de los propietarios legales de estos predios, ya que no están siendo avisados sobre “los desmontes".
