La posible salida de operación de órganos autónomos como la Comisión Reguladora de Energía, la Comisión Nacional de Hidrocarburos, el Cenace (Centro Nacional de Control de Energía), el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos y el Instituto Federal de Telecomunicaciones, entre otros, tiene preocupados a miembros de la iniciativa privada.
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Dichos órganos autónomos podrían ser absorbidos por dependencias de gobierno para la elaboración de un paquete de iniciativas de reformas a la Constitución que serán enviadas al Congreso.
Al respecto, Benito Torres, presidente del Clúster de Energía, Petróleo y Gas (Cepegas), comentó que “es un retroceso a lo que con muchas dificultades se logró hacer por parte de todos los sectores”.
Añadió, “no es más que un pretexto para ocultar la opacidad que se está viendo en el gasto público y la adjudicación de los trabajos sin licitación y el gasto superfluo en áreas de salud, donde le reducen el presupuesto al sector salud y se le invierte más a un estadio de béisbol”. Incluso, el propio director de la CFE, Manuel Bartlett, expresó ante medios de comunicación que órganos como la CRE y el Ifetel 'estorban'”.
Para que pueda ser una realidad la desaparición de los órganos autónomos, se requiere que haya un cambio en la Constitución que sea aprobado por dos terceras partes del Senado.
“Es una simple estrategia de ocultamiento, el querer desaparecer los organismos que miden esa opacidad y vigilan el buen uso de los recursos del pueblo producto de los impuestos, para acallar las voces de inconformidad de los sectores que están observando la decadencia en que está cayendo el país”, opinó Torres.
Añadió que la autonomía de los órganos reguladores es un principio esencial para el desarrollo eficiente de sectores como el energético.
“Los países que atraen más inversiones al sector energético cuentan con órganos reguladores técnicos y autónomos, que dan certeza a los mercados, esta autonomía permite que sus acciones privilegien el interés público frente a los intereses particulares de orden político o económico”.
Aseguró Torres que estos principios han permitido que las decisiones de ambos organismos promuevan la competencia, equilibren las condiciones de mercado en beneficio de los consumidores y fomenten el desarrollo de alternativas de suministro para alcanzar la seguridad energética.
