El desacato hacia el pronunciamiento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos contra la prisión preventiva oficiosa traería repercusiones para México, que van desde sanciones económicas hasta el impedimento de nuestro país a participar en nuevos acuerdos internacionales.
Así lo indicó Humberto Guarneros Malagón, coordinador regional zona sur de la Defensoría Pública del Estado de Tamaulipas, quien afirmó que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) discutirá este próximo 5 de septiembre si se declara inconstitucional esta medida cautelar de la que se ha considerado vulnera la presunción de inocencia.
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"La prisión preventiva vulnera la seguridad jurídica de la población"
Guarneros Malagón, explicó que la prisión preventiva oficiosa afecta la seguridad jurídica de la población desde el momento en que tan sólo la persona sea vinculada en la posible participación de un delito, tiene asegurada la detención.
“Cómo le vas a retribuir el tiempo a la persona en caso de ser absolutoria la libertad, el tiempo que le privaste durante lo que duró el proceso, que puede durar de uno a dos o tres años y ese tiempo no se lo vas a poder regresar, quizá pecuniariamente se pudiese lograr que el Estado te retribuya; pero el tiempo no regresa”, indicó a EL SOL DE TAMPICO.
Añadió que la próxima discusión de la SCJN se verá influida por la recomendación de la Corte Interamericana, por lo que es posible que se acote o incluso se revoque la prisión preventiva oficiosa.
“Si México no hace caso a lo que ya dictó la Corte Interamericana puede haber sanciones pecuniarias, además pudiese frenar que México pueda participar en nuevos tratados. Lo que se busca es que se homologue un criterio a nivel internacional de que los derechos humanos sean respetados”, recalcó.
La prisión preventiva no regresa el tiempo a los inocentes
Guarneros Malagón, señaló que la prisión preventiva oficiosa solo ha aumentado las estadísticas de personas privadas de su libertad y en consecuencia, ha sobresaturado las prisiones, además de que obstaculiza la reinserción del detenido a la sociedad.
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Expuso que una alternativa óptima a esta medida cautelar sería ampliar la ley de ejecución penal, de manera que la persona detenida pueda generar algún tipo de trabajo o seguridad social.
“Porque en algún punto la persona va a salir y cómo se va reintegrar a la sociedad si a lo mejor la persona cuando salga no va a tener la edad suficiente para poder trabajar o poder cotizar”, dijo.
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“Hay que eliminar ciertos delitos del catálogo para que no pasen por prisión preventiva oficiosa y que se busque la manera de que ellos puedan resarcir ese daño. Finalmente la materia penal busca el resarcimiento del daño, el esclarecimiento y que la persona no quede impune”, concluyó.
