Cd. de México
El senador del PAN por Tamaulipas, Ismael García Cabeza de Vaca, presentó una iniciativa de reforma de ley para elevar las penas y sanciones contra quienes cometen el delito de extorsión en la modalidad de cobro de piso para el crimen organizado.
El legislador reynosense destacó necesario modificar el artículo 390 del Código Penal Federal y el Segundo de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada para que se eleve la pena de prisión de 4 a 15 años a quienes cometan este delito, así como sanciones de 100 a 800 días de multa.
García Cabeza de Vaca explicó que en la actualidad existen tres diferentes formas de extorsionar, como son la estafa telefónica, donde prometen premios a cambio de dinero o entrega de tarjetas de prepago.
“La otra es la llamada telefónica mediante la cual se nos advierte y atemoriza por parte de algún delincuente que se identifica como miembro de una organización criminal para que paguemos alguna cantidad de dinero para que algún familiar no sufra un daño”, señaló.
Existe el cobro de derecho de piso o las narco rentas, expuso, que se considera una forma más agresiva de extorsionar, ya que el delincuente se presenta ante su víctima para exigir cantidades de dinero que pueden ser semanales, quincenales o mensuales, a cambio de garantizar su integridad física, la de su familia y su negocio.
“Este modo de operar no se realiza por delincuentes improvisados, se trata de organizaciones criminales perfectamente estructuradas y que obtienen grandes cantidades de dinero para seguir delinquiendo”, resaltó el senador.
Al reconocer que se ha salido de control esta práctica que aplican los grupos criminales como un “Sistema Tributario” e “impuesto al crimen”, García Cabeza de Vaca aseguró que muchas familias que fueron víctimas de este ilícito decidieron cerrar sus negocios y se vieron forzados a cambiar de lugar de residencia.
El legislador federal precisó que además de elevarse las penas por extorsión hasta por 14 años y 800 días de multa, se propone incrementar los tiempos de prisión y sanciones cuando existan agravantes.
“Esta iniciativa también propone aumentar hasta en la mitad las sanciones cuando se presenten agravantes como la intervención de personas armadas o instrumentos que causen algún daño físico, medios telefónicos, correos o comunicación electrónica y se logre que la víctima o un tercero entregue alguna cantidad de dinero”, detalló.
