/ lunes 17 de octubre de 2022

Condenan jesuitas monitoreo militar a religiosos tras asesinato de sacerdotes en Urique

El Centro Prodh fue catalogado como “grupo de presión” por la Sedena, así lo revelan documentos filtrados por Guacamaya Leaks

La Provincia Mexicana de la Compañía de Jesús condenó que la Secretaría de la Defensa Nacional clasifique al Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) como un grupo de presión, a la vez que lamentó que, a pesar de que se conocía la actividad delictiva en Cerocahui, Chihuahua, no se actuó en consecuencia para evitar los cuatro homicidios públicos y las cientos de víctimas.

La clasificación del Centro Prodh como “grupo de presión” ocurrió derivado de las acciones realizadas tras los asesinatos de los jesuitas Joaquín Mora Salazar y Javier Campos Morales, en Cerocahui, municipio de Urique, de acuerdo con los documentos filtrados tras un hackeo a la Sedena, mejor conocidos como Guacamaya Leaks.

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“Lamentamos que las declaraciones públicas de los integrantes del Centro sean objeto de monitoreo intensivo, lo mismo que las declaraciones de las víctimas a las que acompañan”, señalaron a través de un comunicado, donde respaldaron el trabajo el Centro Prodh ha realizado por casi 34 años.

De la misma manera recordaron que el trabajo civil de defensa de derechos humanos y el acompañamiento a víctimas es fundamental para la consolidación del Estado de Derecho y la Democracia en el país.


Los Jesuitas señalaron sentirse indignados pues a pesar de que se conocía de la actividad delictiva de Noriel Portillo Gil “El Chueco” en la Sierra Tarahumara no se actuó para evitar más dolor y el homicidio de los sacerdotes, a quienes junto con el guía de turistas Pedro Eliodoro Palma y el joven beisbolista Paúl Osvaldo Berrelleza, les fue arrebatada la vida y a más de 100 días su crimen permanece impune.

“De haberse actuado en consecuencia, la tragedia probablemente se hubiera evitado”, sentenciaron.

A la vez criticaron que en vez de concentrarse en localizar al responsable de los homicidios, los militares recibieron instrucciones para dedicarse a monitorear las declaraciones públicas de las autoridades eclesiásticas presentes en la zona, con el fin de evaluar si eran críticas contra el actual gobierno.

A la fecha, el perpetrador de los asesinatos continúa prófugo, por lo que los jesuitas en México continuarán con la exigencia de justicia y paz.

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Finalmente, sentenciaron que seguirán con “con coraje y determinación” en la defensa, promoción y difusión de los derechos humanos.

Nota publicada en El Heraldo de Chihuahua

La Provincia Mexicana de la Compañía de Jesús condenó que la Secretaría de la Defensa Nacional clasifique al Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) como un grupo de presión, a la vez que lamentó que, a pesar de que se conocía la actividad delictiva en Cerocahui, Chihuahua, no se actuó en consecuencia para evitar los cuatro homicidios públicos y las cientos de víctimas.

La clasificación del Centro Prodh como “grupo de presión” ocurrió derivado de las acciones realizadas tras los asesinatos de los jesuitas Joaquín Mora Salazar y Javier Campos Morales, en Cerocahui, municipio de Urique, de acuerdo con los documentos filtrados tras un hackeo a la Sedena, mejor conocidos como Guacamaya Leaks.

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“Lamentamos que las declaraciones públicas de los integrantes del Centro sean objeto de monitoreo intensivo, lo mismo que las declaraciones de las víctimas a las que acompañan”, señalaron a través de un comunicado, donde respaldaron el trabajo el Centro Prodh ha realizado por casi 34 años.

De la misma manera recordaron que el trabajo civil de defensa de derechos humanos y el acompañamiento a víctimas es fundamental para la consolidación del Estado de Derecho y la Democracia en el país.


Los Jesuitas señalaron sentirse indignados pues a pesar de que se conocía de la actividad delictiva de Noriel Portillo Gil “El Chueco” en la Sierra Tarahumara no se actuó para evitar más dolor y el homicidio de los sacerdotes, a quienes junto con el guía de turistas Pedro Eliodoro Palma y el joven beisbolista Paúl Osvaldo Berrelleza, les fue arrebatada la vida y a más de 100 días su crimen permanece impune.

“De haberse actuado en consecuencia, la tragedia probablemente se hubiera evitado”, sentenciaron.

A la vez criticaron que en vez de concentrarse en localizar al responsable de los homicidios, los militares recibieron instrucciones para dedicarse a monitorear las declaraciones públicas de las autoridades eclesiásticas presentes en la zona, con el fin de evaluar si eran críticas contra el actual gobierno.

A la fecha, el perpetrador de los asesinatos continúa prófugo, por lo que los jesuitas en México continuarán con la exigencia de justicia y paz.

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Finalmente, sentenciaron que seguirán con “con coraje y determinación” en la defensa, promoción y difusión de los derechos humanos.

Nota publicada en El Heraldo de Chihuahua

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