Un México sano,honesto e incorruptible, en el que las figuras del político amañado y el empresario coludido estén en franca extinción y, a la par de la agonía de estos, emerja la estabilidad social, económica y física de las clases oprimidas y menos favorecidas, quienes, a lo largo de muchos sexenios fueron usadas únicamente en épocas de campaña para generar los votos que llevarían al triunfo a “los mismos de siempre” que continuarían oprimiendo “a los de abajo”, fue, en pocas palabras la ideología que llevó al triunfo al actual presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.
Esta “utopía realizable” fue el motivo fundamental, también, para que los adversarios y rivales del tabasqueño se lanzaran fieramente contra el entonces candidato por MORENA a ocupar la representación del poder ejecutivo federal. Lo que nunca se esperó era que las “fuerzas vivas” de votantes que conforman a la masa popular estaban hartas de confiar y ser decepcionados, por lo que, el cambio urgente e inmediato hacia una nueva propuesta hizo inevitable que, después de tres intentos, AMLO se convirtiera en el presidente López Obrador.
Así que todos los mexicanos, algunos con esperanza de ver ese ansiado resultado del cambio prometido, otros tantos por criticar los desaciertos de la administración y unos más aguardando los errores que les alimentara el ego de ver fracasar el proyecto gubernamental, entramos de lleno a la etapa lopezobradorista de lucha contra la corrupción.
La ideología no ha cambiado hasta este momento, así como lo señaló el mandatario en campaña, su “terquedad” no ha permitido que desista de este “concepto” del México sin corrupción y, fiel a la consigna que “su pecho no es bodega” ha aprovechado cada mañana de su mandato para indicar que “las cosas ya no son como antes” enjuiciando en la hoguera pública de los medios de comunicación o, por lo menos, poniendo etiquetas a aquellos personajes o sectores adversos, en las redes sociales cuyos usuarios están ansiosos de estos signos informativos del nuevo milenio.
Prueba de ello es la reciente investigación que se ha generado en las entrañas del SAT y que demuestra que, por lo menos en dos sexenios, empresas y personajes de administraciones pasadas, actuaron en contubernio para generar un daño severo al fisco, a través de la compra y uso de facturas apócrifas para disminuir las contribuciones que son traducidas en obras para el progreso de este país y servicios para los mexicanos.
Se trata de una pesquisa ardua – 22 millones de facturas y una red interminable de fabricantes y usuarios de estos documentos – por parte del sistema de administración tributaria, con la que se busca recuperar una cifra considerable de dinero y acabar con esta práctica que, gracias a las reformas, hoy es considerada como delito grave.
Sin embargo, a cada paso que da el mandatario en la búsqueda de esa “tierra prometida” un nuevo obstáculo le aparece en el camino, algunos que le colocan los adversarios – como era de esperarse – y otros que surgen desde dentro de la estructura del gabinete de trabajo y del personal integrado en él y, algunos más, de orden social y cultural que terminan por comprometer esta filosofía de la administración pública federal vigente.
Estas “piedras en el camino” están suscritas en diversos sentidos y tópicos del ejercicio del poder público y son de diferentes tamaños por lo que, el daño que pueden ocasionar es de distintas magnitudes. Las dos que más cuestionamientos han provocado a la figura del presidencialismo lopezobradorista son de orden económico y social.
El primero de ellos, ha desmitificado en, por lo menos tres ocasiones, la frase “No puede haber gobierno rico con pueblo pobre”, ya que en esta premisa por alguna razón no encajan ciertas figuras del gobierno actual.
Como un pequeño ejemplo de lo que decimos está la actitud grabada en video del canciller Marcelo Ebrard quien, al percatarse que su reloj de una marca de mucho prestigio y alto costo se asomaba por la manga de su camisa, hizo un movimiento con su brazo para esconderlo nuevamente, pues el objeto quedaba en primer plano debido a la posición de la cámara. Esta actitud terminó por evidenciar más al artículo en cuestión.
Otra ejemplificación de estas dificultades “puestas desde dentro” sería el actual titular de la comisión federal de electricidad, Manuel Barttlet quien, en la declaración patrimonial que está obligado a rendir como servidor público de primer orden, “olvidó” relatar la posesión de algunos bienes inmuebles que después se harían públicos poniendo en entredicho “la honestidad” que después le fue certificada con un diploma.
La última de estas situaciones la protagonizó la actual secretaria de gobernación Irma Sandoval a quien, en compañía de su marido, otra figura prominente del aparato morenista, le aparecieron una cantidad de propiedades cuyo valor asciende a cerca de los 60 millones de pesos.
No es motivo de persecución, ni mucho menos un delito, el hacerse de propiedades fruto del trabajo honrado y perseverante; no obstante, sí contradice, y por mucho, la calidad moral de la que se presume, cuando se esconden bienes o se disfrazan los medios para obtenerlas, alejando así, a los poseedores, del sustento fundamental de “primero los pobres”.
Y ya que hablamos de autoridad moral, debemos decir que el segundo, es en cuestión de seguridad. Debemos recordar que AMLO aseguró que gracias a este factor – el de autoridad moral – así como a los programas de apoyo que implementaría, él estaría en condiciones de pedirle a los delincuentes que pararan sus tropelías y volvieran al buen camino, cosa que no le ha resultado y aquí impera mucho la cultura, hábitos, educación y otros factores, además del poder adquisitivo, de la población.
Y hasta aquí, pues como decía cierto periodista, “El tiempo apremia y el espacio se agota”.
¡Hasta la próxima!
