Durante muchos años se pensó que podíamos dejar en segundo término las políticas para reducir la desigualdad porque el crecimiento económico traería beneficios que, aunque desiguales, serían suficientes para asegurar el bienestar de toda la población.
La realidad es que en muchos países, incluyendo México, se terminó concentrando gran parte de la riqueza en una minoría y dejando a un sector importante de la población aún en situación de pobreza: México tiene a una de las personas más ricas del mundo pero también a 60 millones de personas que no cuentan con el ingreso suficiente para adquirir los bienes y servicios de la canasta básica.
En contraste con algunos países europeos sigue existiendo cierto nivel de desigualdad, pero la distribución del ingreso es mucho más homogénea. En estos países, el monto que el gobierno recibe de impuestos es mucho mayor que en México, lo que permite contar con fondos suficientes para financiar sistemas públicos de excelencia para todas y todos. Además, le destinan una mayor parte de los impuestos al gasto social para generar una red de apoyos que permite que toda la población se pueda desarrollar plenamente y progresar, sin importar su origen. Estas políticas se sustentan en una visión distinta de la sociedad y el gobierno: existe una corresponsabilidad de todos los miembros de la sociedad en el desarrollo de cada individuo y confían en que el gobierno puede llevarlo a cabo.
Aunque siempre ha existido desigualdad en el acceso a recursos dentro de nuestra población, hoy en día en México vivimos en una sociedad que beneficia de manera desproporcionada a unos pocos y excluye de sus derechos sociales a un importante sector de la población, aumentando así la brecha de desigualdad.
En México la mayoría reconocemos que la desigualdad es un problema: 94% de la población cree que las diferencias de ingreso entre ricos y pobres son muy grandes, y 65% cree que la causa de la riqueza de una persona se debe a esquemas injustos.
Sin embargo, no estamos dispuestos a contribuir económicamente para que desaparezca esa disparidad: los más pobres dicen estar dispuestos a entregar 15% de su ingreso para que desaparezca la desigualdad, mientras que los más ricos el 7.5%. Estas cifras muestran que las y los mexicanos deseamos igualdad, pero no estamos dispuestos a asumir el costo de eliminarla. Deseamos niveles de desigualdad similares a países europeos, pero no estamos dispuestos a contribuir como ellos lo hacen.
El pago de impuestos y su uso constituyen la ruta principal para disminuir la desigualdad, ya que permiten financiar el acceso a derechos sociales que posibiliten el desarrollo de toda población. No obstante, la población mexicana tiene una percepción muy negativa sobre el manejo de los impuestos. Existe una desconfianza hacia el gobierno y también hacia la población que se beneficiaría de ellos. En cuanto al gobierno, la población mexicana considera que no cumple con su función de utilizar los impuestos de manera productiva, sin corrupción y con la transparencia necesaria. Esto se traduce en servicios públicos de baja calidad y, por ello, consideran que no se obtienen beneficios suficientes para justificar su costo, promoviendo un ambiente de evasión y reduciendo aún más los fondos para cubrir los servicios públicos.
Como ciudadanía, debemos reconocer que en nuestro país hay una enorme desigualdad en las condiciones y oportunidades que tienen las personas para progresar, se debe aumentar la transparencia y la rendición de cuentas gubernamentales para combatir la corrupción y asegurar la introducción de políticas que ayuden a la mayoría y no sólo representen los intereses de una minoría.
Hay Quórum
Protección a suelos forestales.
Cada año México pierde en promedio 175 mil hectáreas de bosque.
Para evitar la deforestación y proteger los suelos forestales, el Senado aprobó reformas a la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable.
Con esta reforma, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural solo podrá autorizar el cambio de uso de suelo en terrenos forestales por excepción, previa opinión técnica de los miembros del Consejo Estatal Forestal.
@andresbetanzos
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Cada año México pierde en promedio 175 mil hectáreas de bosque.
