El proceso electoral del 2024 tiene dos factores que lo asemejan al llamado a las urnas que se hacía en la época del Porfiriato, donde se simulaba un ejercicio libre y representativo. El primero sería que el poder presidencial era factor central en el resultado de la jornada electoral, y el segundo que la libertad estaba acotada para acudir a las urnas.
En el libro México: del Antiguo Régimen a la Revolución (FCE. 1988), se explica a fondo este proceso bajo el concepto de la “ficción democrática”. La obra del profesor e investigador francés Francois Xavier Guerra, se volvió un clásico en los años 90 porque las analogías servían de modelo al proceso que se vivía en esos años en el país con la incipiente apertura democrática y la alternancia partidista en las gubernaturas de los estados.
El trabajo sirve de referencia cuando un poder real como el del crimen organizado hoy día es factor de decisión en las urnas al menos en la mitad del territorio nacional. El fracaso de la autoridad constituida no es responsabilidad solo del INE, implica a los poderes legales locales y al Ejecutivo Federal.
El caso que mejor lo ejemplifica es Chiapas, donde 17 municipios están catalogados con el eufemismo de “atención especial”, derivado de las masacres, desplazamiento forzado, cobro de piso, secuestros, resultado de la disputa por el control territorial de dos de los grupos criminales con presencia en todo el país e influencia transnacional.
La única alternativa que le quedó al gobierno de Andrés Manuel López Obrador fue imitar a sus antecesores en la presidencia de la República y dar paso a una estrategia de disuasión con el despliegue anunciado para el 2 de junio de 143 mil 800 elementos en los estados de Guerrero, Tabasco, Sinaloa, Michoacán, Tamaulipas, Sonora, Zacatecas y Chiapas, considerados como focos rojos por los niveles de violencia reflejo de la falta de control de la autoridad legal en esas zonas.
La lenta capacidad de respuesta de las fuerzas armadas, reflejo de lo ajeno que resultan en labores de seguridad pública, es garantía de que los niveles de violencia no disminuirán en las zonas donde el poder político local se sostiene por la complicidad con grupos criminales. El mejor ejemplo es Michoacán donde la coalición PRI-PAN-PRD anunció la impugnación de los comicios en al menos cuatro municipios de la Tierra Caliente, con Turicato al frente, donde la abanderada del PRI hace campaña desde Morelia a 115 kilómetros del municipio, debido a las amenazas de muerte del CJNG, como lo publicó el miércoles 22 de mayo El Sol de México.
A principios de este mes la coalición presentó un mapa de riesgos a nivel nacional donde alertó que el 29% de las secciones electorales en que se divide el país se encuentran en riesgo alto o medio por la violencia. Cruzado el dato con las ocho entidades que el INE catalogó como de “atención especial”, al menos una cuarta parte del electorado irá a las urnas en territorios bajo hegemonía del crimen organizado. Los 35 asesinatos de aspirantes a un cargo de elección registrados de manera oficial hasta el tercer fin de semana de mayo, son un reflejo de que la “ficción democrática” perdura ahora bajo un poder que tiene en jaque al Estado.
