En nuestro país se viven tiempos agitados. Se avecina una contienda electoral y tanto partidos políticos cómo organizaciones ciudadanas mueven sus piezas como tablero de ajedrez en busca de obtener posiciones.
Pero debemos de insistir: Vivimos un Estado de derecho, que tiene como principio fundamental la idea de que el ejercicio de los derechos propios exige el respeto a los derechos de los demás. El Estado de derecho sujeta por igual a gobernantes y gobernados. No puede haber causa social ni causa política que no se pueda atender y resolver en el marco del Estado de derecho. El respeto a la ley, el diálogo, la tolerancia y la construcción de consensos constituye el método de la democracia para resolver cualquier diferencia. Por ello, cualquier tipo de violencia física o verbal debe ser rechazada ya que es por definición excluyente, intolerante, despótica y arbitraria. Los argumentos, las razones de cada quien, deben ser escuchados y deben de encontrar vías de expresión y de acuerdo, porque somos una sociedad abierta, una sociedad libre, una sociedad que quiere vivir en paz y en armonía, y para que esto se logre, es esencial que vivamos en un Estado de derecho.
Por otra parte, una vez más vemos la eterna confrontación entre la política y el Derecho. Se ha colocado como protagonista a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como en la ya famosa consulta popular, además de algunas resoluciones que afectan a los Estados. La Suprema Corte y los ministros que la integran dentro de un auténtico Estado de derecho donde impere realmente el principio de juridicidad, llegan a constituir un importante factor de gobierno en que la sociedad deposita su confianza. Son ellos los baluartes de la democracia y no los políticos, ya que una de las más excelsas aspiraciones de todos los pueblos del mundo ha sido la realización de la justicia, como fin trascendental del Derecho. La Suprema Corte no debe de contaminarse con cuestiones políticas y su recto y valiente proceder, ajena a presiones y consignas debe ser su forma de actuar, ya que por el contrario, resolver, con el temor de desagradar al Presidente de la República o algún secretario de Estado, se propicia el quebrantamiento del régimen constitucional con el consiguiente escarnio del Derecho y la justicia.
En suma, hermanos de los buenos jueces, sobre todo cuando se trata de ministros de la Suprema Corte, está la preservación del régimen democrático, la efectividad real del derecho y la confianza popular en la administración de justicia, su imparcialidad, con la que todo funcionario judicial debe de actuar principalmente si tiene la potestad jurídica de tutelar la Constitución contra todo acto de autoridad que la viole, no debe entenderse como una oposición a los órganos legislativos y administrativos del Estado. Si estos respetan la ley ajustando su conducta a los imperativos constitucionales, la Corte la avalará, si no, por el contrario, resolverá su procedencia, pero siempre su decisión debe ser recta, imparcial y honesta, ya que sin estos atributos se contraviene la propia Constitución.
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