/ martes 21 de julio de 2020

Manejo de aduanas y puertos por fuerzas armadas obstaculizará comercio exterior: Comce

El Comce señaló que los riesgos de un mal manejo son la pérdida de competitividad de las empresas mexicanas y el cierre de negocios

El Consejo Empresarial Mexicano de Comercio Exterior, Inversión y Tecnología (COMCE) consideró que dejar en manos de las fuerzas armadas la administración de aduanas y puertos del país pone a México en “una posición de riesgo, porque una mala intervención del Ejército y la Marina en la administración de las aduanas y puertos, incrementará sensiblemente la desconfianza hacia nuestro país como destino de inversiones.

“La decisión anunciada por el Gobierno Federal, indudablemente genera intranquilidad, debido a que podría obstaculizar el flujo de operaciones de comercio exterior”, subrayó el COMCE en un posicionamiento público.

Señaló que las principales afectaciones que podrán devenir de un mal manejo son la pérdida de competitividad de las empresas mexicanas, el cierre de negocios, y la consecuente pérdida de empleos.

El Consejo apuntó que la permanencia de las fuerzas armadas en la administración de las aduanas y puertos debe de ser temporal, toda vez que la responsabilidad de las fuerzas armadas es vigilar y dar seguridad a las operaciones cotidianas en las aduanas y puertos.

Sin embargo, reconocen que la medida tiene la finalidad de combatir la corrupción, lavado de dinero, narcotráfico y contrabando de mercancías, lo cual califican como “un propósito inmediato plausible”.

El COMCE manifestó que la grave crisis estructural por la que atraviesa el país por la pandemia por Covid-19 demanda la activación de acciones dirigidas a contener la contracción de la economía nacional y a promover una recuperación gradual y sostenida en el corto plazo.

El nuevo atracadero ocupará el espacio de Puerto Chiapas / CUARTOSCURO

También manifestó su acompañamiento en la decisión de erradicar la corrupción, el contrabando, el tráfico de armas y drogas en las aduanas y puertos, y que los trabajadores y funcionarios coludidos en malas prácticas sean cesados y castigados en apego a las directrices legales correspondientes.

El Consejo Empresarial Mexicano de Comercio Exterior, Inversión y Tecnología (COMCE) consideró que dejar en manos de las fuerzas armadas la administración de aduanas y puertos del país pone a México en “una posición de riesgo, porque una mala intervención del Ejército y la Marina en la administración de las aduanas y puertos, incrementará sensiblemente la desconfianza hacia nuestro país como destino de inversiones.

“La decisión anunciada por el Gobierno Federal, indudablemente genera intranquilidad, debido a que podría obstaculizar el flujo de operaciones de comercio exterior”, subrayó el COMCE en un posicionamiento público.

Señaló que las principales afectaciones que podrán devenir de un mal manejo son la pérdida de competitividad de las empresas mexicanas, el cierre de negocios, y la consecuente pérdida de empleos.

El Consejo apuntó que la permanencia de las fuerzas armadas en la administración de las aduanas y puertos debe de ser temporal, toda vez que la responsabilidad de las fuerzas armadas es vigilar y dar seguridad a las operaciones cotidianas en las aduanas y puertos.

Sin embargo, reconocen que la medida tiene la finalidad de combatir la corrupción, lavado de dinero, narcotráfico y contrabando de mercancías, lo cual califican como “un propósito inmediato plausible”.

El COMCE manifestó que la grave crisis estructural por la que atraviesa el país por la pandemia por Covid-19 demanda la activación de acciones dirigidas a contener la contracción de la economía nacional y a promover una recuperación gradual y sostenida en el corto plazo.

El nuevo atracadero ocupará el espacio de Puerto Chiapas / CUARTOSCURO

También manifestó su acompañamiento en la decisión de erradicar la corrupción, el contrabando, el tráfico de armas y drogas en las aduanas y puertos, y que los trabajadores y funcionarios coludidos en malas prácticas sean cesados y castigados en apego a las directrices legales correspondientes.

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