/ martes 20 de agosto de 2019

Cárcel a quien exija cuotas escolares

Hasta 5 años de cárcel pueden alcanzar quienes obstruyan la inscripción o no permitan la entrada de un menor a una escuela pública, ya que el condicionamiento de pago de una cuota o de otra situación para el registro a un plantel

Hasta 5 años de cárcel pueden alcanzar quienes obstruyan la inscripción o no permitan la entrada de un menor a una escuela pública, ya que el condicionamiento de pago de una cuota o de otra situación para el registro a un plantel, así como la entrega de certificados, es considerado como un delito que amerita diversas sanciones.

“La Ley de Educación del estado habla del derecho de los estudiantes a obtener un certificado al concluir de manera aprobatoria un grado, así como su inscripción a las escuelas sin ningún costo y no debemos olvidar que el artículo 388 del Código Penal de Tamaulipas establece que aquel ciudadano que impida el poder ejercer los derechos que concede la Constitución, es motivo de responsabilidad penal que va de uno a cinco años de prisión”.

Señaló Gerardo Escobedo Izaguirre, segundo visitador de la Comisión de Derechos Humanos de Tamaulipas, quien afirma que “con base en eso se toma el derecho a la educación, que no puede ser restringida ni condicionada a pagos ni a otra circunstancia y es fundamental que las autoridades en las escuelas cambien ya su mentalidad”.

Desde el 2012, una reforma a la Ley General de Educación prohíbe y sanciona que se condicione la prestación de servicios educativos a cargo del Estado como la inscripción, la aplicación de exámenes, permanencia y entrega de documentos por la entrega de aportaciones, cuotas, donaciones, dádivas o cualquier otro tipo de contraprestación en numerario, bienes o servicios. “Así que por ningún motivo y bajo ningún concepto se puede condicionar la inscripción a los alumnos, pues si se exige un pago para el registro de manera tajante constituye un delito, pues existe ya un antecedente y pueden ser requeridos por la Procuraduría de Justicia en el estado”, expresó.

Añade que “ya está sentado un precedente en un caso de condicionamiento en una escuela primaria en Altamira, donde además de la queja que se entregó a la directora de la escuela, se le dio vista también al coordinador de la Procuraduría General de Justicia para efecto que de acuerdo a sus competencias, si consideraba que de los hechos presedos pudieran constituir un delito se iniciara la carpeta de investigación”.

Comentó que los padres de familia pueden acudir de manera personal a interponer su queja ante la Comisión de Derechos Humanos sin necesidad de ir con terceros, siendo el teléfono de la Codhet el 833 219 26 22 y la dirección calle Capitán Álvaro Pérez y Pérez No. 103-B, en la zona centro, justo frente al Auditorio Municipal de Tampico.

De acuerdo a la SEP, estas prácticas impiden el acceso a la educación, por lo que 51 por ciento de los adolescentes con un tutor sin escolaridad no terminan la primaria.

Hasta 5 años de cárcel pueden alcanzar quienes obstruyan la inscripción o no permitan la entrada de un menor a una escuela pública, ya que el condicionamiento de pago de una cuota o de otra situación para el registro a un plantel, así como la entrega de certificados, es considerado como un delito que amerita diversas sanciones.

“La Ley de Educación del estado habla del derecho de los estudiantes a obtener un certificado al concluir de manera aprobatoria un grado, así como su inscripción a las escuelas sin ningún costo y no debemos olvidar que el artículo 388 del Código Penal de Tamaulipas establece que aquel ciudadano que impida el poder ejercer los derechos que concede la Constitución, es motivo de responsabilidad penal que va de uno a cinco años de prisión”.

Señaló Gerardo Escobedo Izaguirre, segundo visitador de la Comisión de Derechos Humanos de Tamaulipas, quien afirma que “con base en eso se toma el derecho a la educación, que no puede ser restringida ni condicionada a pagos ni a otra circunstancia y es fundamental que las autoridades en las escuelas cambien ya su mentalidad”.

Desde el 2012, una reforma a la Ley General de Educación prohíbe y sanciona que se condicione la prestación de servicios educativos a cargo del Estado como la inscripción, la aplicación de exámenes, permanencia y entrega de documentos por la entrega de aportaciones, cuotas, donaciones, dádivas o cualquier otro tipo de contraprestación en numerario, bienes o servicios. “Así que por ningún motivo y bajo ningún concepto se puede condicionar la inscripción a los alumnos, pues si se exige un pago para el registro de manera tajante constituye un delito, pues existe ya un antecedente y pueden ser requeridos por la Procuraduría de Justicia en el estado”, expresó.

Añade que “ya está sentado un precedente en un caso de condicionamiento en una escuela primaria en Altamira, donde además de la queja que se entregó a la directora de la escuela, se le dio vista también al coordinador de la Procuraduría General de Justicia para efecto que de acuerdo a sus competencias, si consideraba que de los hechos presedos pudieran constituir un delito se iniciara la carpeta de investigación”.

Comentó que los padres de familia pueden acudir de manera personal a interponer su queja ante la Comisión de Derechos Humanos sin necesidad de ir con terceros, siendo el teléfono de la Codhet el 833 219 26 22 y la dirección calle Capitán Álvaro Pérez y Pérez No. 103-B, en la zona centro, justo frente al Auditorio Municipal de Tampico.

De acuerdo a la SEP, estas prácticas impiden el acceso a la educación, por lo que 51 por ciento de los adolescentes con un tutor sin escolaridad no terminan la primaria.

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