/ lunes 28 de octubre de 2019

Emite Derechos Humanos recomendaciones por Fosas de San Fernando

Hace ocho años y medio, en abril del 2011, Tamaulipas fue protagonista de una de las más horripilantes notas a nivel internacional, debido a 48 fosas clandestinas

Los lamentables hechos ocurrieron en el 2011 y en este 2019 se da una reacción de la CNDH.

Hace ocho años y medio, en abril del 2011, Tamaulipas fue protagonista de una de las más horripilantes notas a nivel internacional, debido a la localización de 48 fosas clandestinas en la zona ejidal del municipio de San Fernando con 196 de cadáveres en su mayoría migrantes desaparecidos en su tránsito a Estados Unidos.

Es hasta octubre del 2019 que la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) emitió una recomendación al respecto solicitando a la Fiscalía General de la República (FGR) una disculpa Pública y al Gobierno del Estado capacitar a su personal para evitar que esto vuelva a ocurrir.

Dicho documento, fechado el 27 de octubre del 2019 y publicado en la página web de la CNDH, va dirigido a la FGR y al Gobierno de Tamaulipas “por violaciones graves a derechos humanos de 196 víctimas de diversas nacionalidades halladas en 2011 en 48 fosas clandestinas en san Fernando, Tamaulipas, así como en relación a la investigación sobre la desaparición de 57 personas” dice el documento.

La Recomendación por Violaciones Graves 23VG/2019 al titular de la FGR, Alejandro Gertz Manero, y al Gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, aun cuando en ese entonces ninguno de los dos estaban al frente de esos organismos.

En ese entonces encabezaba la entonces PGR, la procuradora Marisela Morales, y el gobierno del Estado el priista Egidio Torre Cantú, quien acababa de ingresar al gobierno en enero del 2011 y como Secretario General de Gobierno fungía Morelos Canseco Gómez.

La presidenta del Frente Derecho, Justicia y Libertad de Tamaulipas, Nuri Violeta Romero Santiago, lamentó que “Derechos Humanos este dando recomendaciones de hechos suscitados hace más años es lamentable, duele a la ciudadania que tiene ocho años llorando esas violaciones a los derechos humanos y las injusticia que vivieron”.

Esta tardía recomendación atribuye actos y omisiones del personal de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Tamaulipas y de la entonces Procuraduría General de la República (PGR).

Ocho años y medio demoró la investigación donde la CNDH encontró “responsabilidad de ambas autoridades por las irregularidades en que incurrieron los Agentes del Ministerio Público, tanto de la Federación como del Fuero Común que estuvieron a cargo de las investigaciones ministeriales de los hechos” referencia el documento.

El 23 de diciembre del 2013 la CNDH emitió la Recomendación 80/2013, en la cual acreditó la violación de los derechos humanos en agravio de 72 personas migrantes que perdieron la vida el 22 de agosto de 2010, así como por violaciones a los derechos de dos sobrevivientes, quienes fueron secuestrados en San Fernando, Tamaulipas, y trasladados a un rancho de esa localidad donde las 72 personas migrantes fueron privadas de la vida.

Como antecedente de la investigación -dice el documento fechado el 27 de octubre del 2019- el 6 de abril de 2011 se reveló que al menos 60 cuerpos fueron encontrados en un rancho ubicado en San Fernando, por lo que la Comisión dirigió medidas cautelares a la entonces PGR y a la PGJ-Tamaulipas.

NIEGAN INFORMACIÓN

La Comisión señala que “en su investigación, este Organismo Nacional enfrentó dificultades para obtener oportunamente toda la información de que disponían las autoridades; la PGJ-Tamaulipas no atendió las solicitudes de información, mientras que la PGR, a pesar de la disposición para que personal de la Comisión Nacional consultara la averiguación previa (AP1), sus funcionarios y personal ministerial no permitieron el acceso íntegro a la indagatoria y rindieron informes incompletos”.

Ello generó que “personal de la Comisión Nacional acudió múltiples veces a la PGR para consultar, transcribir, en ocasiones de forma manuscrita, y seleccionar las principales actuaciones ministeriales, impidiéndole el ingreso con equipo para la toma y reproducción de imágenes”.

La activista expuso que “la CNDH debe llevar a la Corte estas problemáticas para que tengan acceso correspondiente e inmediato a estos expedientes, ya que los derechos humanos son por nacimiento y prioritarios de protección, por lo que deben tener acceso libre, urge se dé facilidad a quienes nos representa para que no se suscite lo de San Fernando”.

Romero Santiago urgió para que en Mexico se aplique “una justicia express, similar a la de Estados Unidos, porque los mecanismos implementados como de mediación no han rendido resultados hasta el momento”.

ORDENA REPARACIÓN DE DAÑO

Ante estas omisiones la CNDH recomendó al actual FGR tomar las acciones necesarias para la localización de familiares y demás víctimas indirectas relacionadas con las 196 personas localizadas en fosas clandestinas para efectuar reparación del daño.

Establece que se les brinde atención psicológica y, en su caso, tanatológica, que sea efectiva en sus países de origen cuando la persona sea de nacionalidad extranjera; y llevar a cabo las acciones para la localización de familiares y demás víctimas indirectas de 55 personas que continúan desaparecidas.

Se pide, además, “ofrecer su respectiva disculpa pública institucional, partiendo del reconocimiento de los hechos y la aceptación de responsabilidades por las violaciones a derechos humanos en agravio de las víctimas indirectas de las personas halladas en esas fosas clandestinas”.

De igual manera “que a los familiares de esas 196 víctimas directas se les reconozca el carácter de víctimas al interior de la AP1 y se les garantice participar activamente en las investigaciones”.

En tanto al Gobierno de Tamaulipas se le recomienda, entre otras cosas, “implementar medidas inmediatas para recobrar las funciones de seguridad pública y garantizar la paz y el orden público en todos los municipios del estado, mediante políticas públicas bien definidas”

De igual manera se pide “capacitar a los agentes del Ministerio Público en derechos humanos de las víctimas del delito y sus familiares durante la integración de averiguaciones previas o carpetas de investigación, y a los peritos de la Procuraduría estatal, sobre procesamiento de indicios, cadena de custodia, preservación y conservación del lugar de los hechos, así como medicina forense”.

Tanto a la FGR como al gobierno estatal “se les solicita que cada una designe a una persona servidora pública como enlace con este Organismo Nacional para dar seguimiento al cumplimiento de la Recomendación que ya fue debidamente notificada a sus destinatarios”.

CRONOLOGIA

  • 6 de Abril del 2011 se dan a conocer estos hechos en un rancho de San Fernando.
  • 23 de diciembre del 2013 la CNDH emitió la Recomendación 80/2013 en la que acreditó la violación de los derechos humanos en agravio de 72 migrantes
  • 27 Octubre del 2019 la CNDH emite la recomendación 23VG/2019 a FGR y el gobierno de Tamaulipas.
  • Argumenta que no hubo acceso a la información y retraso en entrega de expedientes.

LA INVEST

  • 200 tomos integrados en la AP1
  • Cada uno conformado entre 700 a 900 fojas
  • La CNDH consultó y seleccionó actuaciones ministeriales de identificación de las víctimas de 159 tomos.
  • Entregas parciales de los expedientes con demoras de hasta seis meses.

Recomendación integra aquí

Los lamentables hechos ocurrieron en el 2011 y en este 2019 se da una reacción de la CNDH.

Hace ocho años y medio, en abril del 2011, Tamaulipas fue protagonista de una de las más horripilantes notas a nivel internacional, debido a la localización de 48 fosas clandestinas en la zona ejidal del municipio de San Fernando con 196 de cadáveres en su mayoría migrantes desaparecidos en su tránsito a Estados Unidos.

Es hasta octubre del 2019 que la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) emitió una recomendación al respecto solicitando a la Fiscalía General de la República (FGR) una disculpa Pública y al Gobierno del Estado capacitar a su personal para evitar que esto vuelva a ocurrir.

Dicho documento, fechado el 27 de octubre del 2019 y publicado en la página web de la CNDH, va dirigido a la FGR y al Gobierno de Tamaulipas “por violaciones graves a derechos humanos de 196 víctimas de diversas nacionalidades halladas en 2011 en 48 fosas clandestinas en san Fernando, Tamaulipas, así como en relación a la investigación sobre la desaparición de 57 personas” dice el documento.

La Recomendación por Violaciones Graves 23VG/2019 al titular de la FGR, Alejandro Gertz Manero, y al Gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, aun cuando en ese entonces ninguno de los dos estaban al frente de esos organismos.

En ese entonces encabezaba la entonces PGR, la procuradora Marisela Morales, y el gobierno del Estado el priista Egidio Torre Cantú, quien acababa de ingresar al gobierno en enero del 2011 y como Secretario General de Gobierno fungía Morelos Canseco Gómez.

La presidenta del Frente Derecho, Justicia y Libertad de Tamaulipas, Nuri Violeta Romero Santiago, lamentó que “Derechos Humanos este dando recomendaciones de hechos suscitados hace más años es lamentable, duele a la ciudadania que tiene ocho años llorando esas violaciones a los derechos humanos y las injusticia que vivieron”.

Esta tardía recomendación atribuye actos y omisiones del personal de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Tamaulipas y de la entonces Procuraduría General de la República (PGR).

Ocho años y medio demoró la investigación donde la CNDH encontró “responsabilidad de ambas autoridades por las irregularidades en que incurrieron los Agentes del Ministerio Público, tanto de la Federación como del Fuero Común que estuvieron a cargo de las investigaciones ministeriales de los hechos” referencia el documento.

El 23 de diciembre del 2013 la CNDH emitió la Recomendación 80/2013, en la cual acreditó la violación de los derechos humanos en agravio de 72 personas migrantes que perdieron la vida el 22 de agosto de 2010, así como por violaciones a los derechos de dos sobrevivientes, quienes fueron secuestrados en San Fernando, Tamaulipas, y trasladados a un rancho de esa localidad donde las 72 personas migrantes fueron privadas de la vida.

Como antecedente de la investigación -dice el documento fechado el 27 de octubre del 2019- el 6 de abril de 2011 se reveló que al menos 60 cuerpos fueron encontrados en un rancho ubicado en San Fernando, por lo que la Comisión dirigió medidas cautelares a la entonces PGR y a la PGJ-Tamaulipas.

NIEGAN INFORMACIÓN

La Comisión señala que “en su investigación, este Organismo Nacional enfrentó dificultades para obtener oportunamente toda la información de que disponían las autoridades; la PGJ-Tamaulipas no atendió las solicitudes de información, mientras que la PGR, a pesar de la disposición para que personal de la Comisión Nacional consultara la averiguación previa (AP1), sus funcionarios y personal ministerial no permitieron el acceso íntegro a la indagatoria y rindieron informes incompletos”.

Ello generó que “personal de la Comisión Nacional acudió múltiples veces a la PGR para consultar, transcribir, en ocasiones de forma manuscrita, y seleccionar las principales actuaciones ministeriales, impidiéndole el ingreso con equipo para la toma y reproducción de imágenes”.

La activista expuso que “la CNDH debe llevar a la Corte estas problemáticas para que tengan acceso correspondiente e inmediato a estos expedientes, ya que los derechos humanos son por nacimiento y prioritarios de protección, por lo que deben tener acceso libre, urge se dé facilidad a quienes nos representa para que no se suscite lo de San Fernando”.

Romero Santiago urgió para que en Mexico se aplique “una justicia express, similar a la de Estados Unidos, porque los mecanismos implementados como de mediación no han rendido resultados hasta el momento”.

ORDENA REPARACIÓN DE DAÑO

Ante estas omisiones la CNDH recomendó al actual FGR tomar las acciones necesarias para la localización de familiares y demás víctimas indirectas relacionadas con las 196 personas localizadas en fosas clandestinas para efectuar reparación del daño.

Establece que se les brinde atención psicológica y, en su caso, tanatológica, que sea efectiva en sus países de origen cuando la persona sea de nacionalidad extranjera; y llevar a cabo las acciones para la localización de familiares y demás víctimas indirectas de 55 personas que continúan desaparecidas.

Se pide, además, “ofrecer su respectiva disculpa pública institucional, partiendo del reconocimiento de los hechos y la aceptación de responsabilidades por las violaciones a derechos humanos en agravio de las víctimas indirectas de las personas halladas en esas fosas clandestinas”.

De igual manera “que a los familiares de esas 196 víctimas directas se les reconozca el carácter de víctimas al interior de la AP1 y se les garantice participar activamente en las investigaciones”.

En tanto al Gobierno de Tamaulipas se le recomienda, entre otras cosas, “implementar medidas inmediatas para recobrar las funciones de seguridad pública y garantizar la paz y el orden público en todos los municipios del estado, mediante políticas públicas bien definidas”

De igual manera se pide “capacitar a los agentes del Ministerio Público en derechos humanos de las víctimas del delito y sus familiares durante la integración de averiguaciones previas o carpetas de investigación, y a los peritos de la Procuraduría estatal, sobre procesamiento de indicios, cadena de custodia, preservación y conservación del lugar de los hechos, así como medicina forense”.

Tanto a la FGR como al gobierno estatal “se les solicita que cada una designe a una persona servidora pública como enlace con este Organismo Nacional para dar seguimiento al cumplimiento de la Recomendación que ya fue debidamente notificada a sus destinatarios”.

CRONOLOGIA

  • 6 de Abril del 2011 se dan a conocer estos hechos en un rancho de San Fernando.
  • 23 de diciembre del 2013 la CNDH emitió la Recomendación 80/2013 en la que acreditó la violación de los derechos humanos en agravio de 72 migrantes
  • 27 Octubre del 2019 la CNDH emite la recomendación 23VG/2019 a FGR y el gobierno de Tamaulipas.
  • Argumenta que no hubo acceso a la información y retraso en entrega de expedientes.

LA INVEST

  • 200 tomos integrados en la AP1
  • Cada uno conformado entre 700 a 900 fojas
  • La CNDH consultó y seleccionó actuaciones ministeriales de identificación de las víctimas de 159 tomos.
  • Entregas parciales de los expedientes con demoras de hasta seis meses.

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