La investigación que autoridades estatales y el Congreso harán en contra de exfuncionarios de la pasada administración y empresas factureras que provocaron quebrantos al erario irá hasta el fondo y sin sesgos políticos, aseguró Joaquín Hernández Correa.
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El diputado maderense, quien preside la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior del Estado en el Congreso local, señaló que la premisa es llegar hasta el fondo del asunto para que los responsables de las afectaciones a la hacienda pública estatal y municipales sean sancionados conforme a Derecho, sin considerar si pertenecen a determinado partido político, pues el objetivo primordial es velar por los intereses de la sociedad.
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Este lunes, la Unidad de Inteligencia Financiera y Económica (UIFE) del Gobierno de Tamaulipas dio a conocer que lleva 2 años investigando a un centenar de empresas que operaron en la entidad de 2012 a 2016, provocando un quebranto al erario por al menos 2 mil millones de pesos, derivado de lo cual se han emitido 29 órdenes de aprehensión en contra de exfuncionarios de primer nivel de la pasada administración, así como de otros servidores públicos.
Hernández Correa recordó que durante el gobierno del priista Egidio Torre Cantú se realizaron las actividades de las empresas factureras y de los exfuncionarios, lo que ocasionó afectaciones a la hacienda pública estatal por 2 mil millones de pesos a través de 52 empresas, lo que aunado al impacto negativo causado en las arcas de gobiernos municipales suma unos 10 mil millones de pesos, por lo que insistió en que la investigación no es política y desde el Congreso de Tamaulipas se espera que el proceso sea imparcial.
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"Pues obviamente se tiene que mantener la imparcialidad de todo el caso, aquí la situación no debe y no es político. Si funcionarios desviaron e hicieron hasta empresas para poder desviar los recursos es algo muy delicado y castigado por la sociedad y yo espero que se encuentre todo lo que pueda haber en este sentido, de parte de nosotros y del Gobernador hay toda la prestancia para que se pueda dilucidar los responsables y en consecuencia actuar legalmente", apuntó.
Subrayó que en el proceso penal estatal hay cuatro órdenes de aprehensión ejecutadas y hay 103 expedientes pendientes de cumplir, por lo que el diputado insistió en que la investigación irá hasta el fondo y sin importar de qué partido sean simpatizantes o militantes los implicados.
"Ya dije que esto tiene que esto es sin colores, lo dije al principio que es sin colores, no es cuestión de que sea azul, si se castiga, aquí es parejo”, finalizó.
EL DATO
*El quebranto al erario ocurrió durante el gobierno del priista Egidio Torre Cantú.
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