El nuevo modelo laboral que ha comenzado de manera gradual en México y que hasta el 2022 quedará instituido en Tamaulipas no es la panacea para lograr una justicia pronta y expedita, ni tampoco acabará en breve con el rezago enquistado por años en las juntas de conciliación y arbitraje de Tampico.
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Es cierto que marca el final e inicio de una nueva era en la solución de conflictos entre empleados y patrones, pero el cambio sustancial y profundo dependerá de los recursos económicos y el interés de su nuevo apoderado: el Poder Judicial.
En ello coinciden los abogados José Manuel Haces Zorrilla, presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje; Javier Ángel Ramos Turrubiates, del Colegio de Abogados Laboristas de Tamaulipas; y el experto Víctor Azúa Camacho.
Para Ramos Turrubiates, la austeridad extrema que ha empobrecido como nunca las juntas locales y federales de conciliación y arbitraje, empeoradas por las limitaciones impuestas por la pandemia, tornan difícil que en el año venidero esta entidad cuente con el Centro Federal de Conciliación y Juzgados de Trabajo.
JUSTICIA EN RUINAS
La justicia laboral ha sido históricamente tratada por el gobierno como el “patito feo”, no dispone de presupuesto especial y por siempre han carecido de recursos básicos y de profesionistas capacitados, lo que mantiene casi extinto ese derecho humano.
Y con ese trato, hay un resultado muy negativo en las juntas federal y locales de Tampico, donde son más de 7 mil litigios en curso.
Es difícil avanzar en su resolución con las carencias, ya que por ejemplo los litigantes deben cooperarse para comprar papel o tóner para las impresoras, el personal trabaja en hacinamiento y las condiciones de las oficinas son precarias, “con eso es casi seguro que el proceso de cambio lleve hasta 3 años”, agregó Ramos.
“Para Tamaulipas, el plazo vence en el año próximo, pero no sabemos que tan real es que se cumpla, pues el gobierno piensa que la justicia laboral no es importante, a pesar de que la estabilidad de una región se mide por el número de huelgas o conflictos”, refiere.
La crisis de recursos en los tribunales existentes fue empeorado por la llegada de la contingencia de salud, al paralizar los procedimientos a lo que hay que agregar la carencia de profesionistas, como sucede en la Junta Federal número 9 de Tampico, la cual cuenta con un actuario para hacer las notificaciones en casi medio centenar de municipios del norte de Veracruz y sur de Tamaulipas.
“La justicia laboral está muerta y ahora la autoridad está obligando a la conciliación, lo que muchas veces es preferido por la gente, pues en el caso de las demandas prefiere recibir algo pronto que arriesgar a obtener años después” dijo.
El experto en derecho laboral Víctor Azúa Camacho coincide que a pesar del esfuerzo del gobierno federal, la sustitución de las juntas laborales por los juzgados y Centros de Conciliación Laboral no es garantía de que la justicia llegue con los principios básicos de equidad, igualdad y prontitud.
“El trabajo es el derecho humano más importante después de la vida, porque sin trabajo no hay libertad, no hay igualdad, no hay propiedad y entonces ese cambio de estructura administrativa, puede ser superficial, sino se garantiza una adecuada impartición de justicia y se elimina la corrupción”.
Incluso, dice que en los 8 estados donde ya operan el nuevo modelo como Campeche, Chiapas, Durango, Estado de México, Hidalgo, San Luis Potosí, Tabasco y Zacatecas todavía no hay resultados, y persiste la lentitud, el nerviosismo, la inexperiencia y los cambios reales podría llegar al cabo de dos años.
A PARTIR DE CERO
El presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, José Manuel Haces Zorrilla expone que todo indica que a partir del 1 de mayo del año próximo estarán listos los juzgados de trabajo y la delegación del Centro Federal de Conciliación y Registros Laborales, los cuales partirán de cero expedientes.
De acuerdo con el nuevo esquema los juzgados locales y federales que sustituirán a las juntas funcionarán en Nuevo Laredo, Reynosa, Matamoros, Victoria, Mante y Tampico; y la instancia federal de conciliación contará con delegaciones en Reynosa, Victoria y Tampico.
La reforma a la Ley Federal del Trabajo del 2019, que introdujo el nuevo modelo y que busca hacer más eficiente la solución de conflictos, le apuesta a la conciliación, una solución pronta y expedita en un máximo de 45 días. Las demandas pasarán por el Centro de Conciliación y Registro Laboral para mediación y, en caso de no resolverse por esta vía, llegarán a manos de un Tribunal Laboral.
Pero ese cambio, dice, no trae consigo la desaparición inmediata de las juntas especial y locales, que seguirán operando el tiempo necesario hasta abatir los retrasos y concluyan la mayoría de los juicios en curso.
Para él, la gran objeción, es que en este sistema en creación, persisten los cuellos de botella, que son las notificaciones personales que en los casos de conciliación y procesos de litigio, deberán hacerse por partida doble, lo que en el presente ha coadyuvado a la tardanza en la solución de conflictos.
Concuerda que los buenos resultados del nuevo modelo dependerán del interés y los recursos destinados, aunque ve con tristeza que en materia penal no se ha avanzado a pesar de la reforma ofrecida como la panacea, ya que las quejas persisten en la impartición de la justicia, campea la impunidad, las deficiencias se acumulan en las tareas investigación, dejando así muchos delitos sin castigo.
