Al calificar la orden de aprehensión girada por el gobernador de Tamaulipas como un abuso de autoridad, especialistas en derecho consideraron que la defensa del mandatario podría apelar a cortes internacionales, bajo el argumento de que sus derechos humanos fueron violados.
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El coordinador de la Comisión de Derecho Penal, Capítulo Tamaulipas de la Barra Mexicana Colegio de Abogados A.C., Jorge Olvera indicó que el gobernador “podría acudir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y de ahí, si procede, a la Corte Internacional".
La tarde de ayer 19 de mayo se dio a conocer que un juez obsequió la orden de captura del mandatario, posteriormente la Unidad de Inteligencia Financiera congeló sus cuentas y el Instituto Nacional de Migración emitió una alerta migratoria.
"Es un abuso de poder porque jurídicamente ya hay una interpretación jurídica del ministro González Alcántara en el auto de desechamiento de la controversia constitucional 50/2021 del 14 de mayo del año en curso, concordando es el Congreso del Estado el que debe eliminar ese fuero", declaró a EL SOL DE TAMPICO el abogado.
Señaló que la Fiscalía General de la República podría incurrir en un delito ya que “el artículo 225, fracción 19 dice que es un delito abrir un proceso penal contra un servidor con fuero sin haberse retirado este previamente conforme a lo dispuesto por la ley", puntualizó.
"La eventualidad jurídica del obsequio de la orden de aprehensión, puede generar responsabilidad penal tanto de la Fiscalía General de la República como del Juez Federal, para mí estarían incurriendo en delitos contra la impartición de justicia", sostuvo.
Advirtió que está situación tiene un trasfondo político por la forma en que se ha dado, “es un claro abuso de poder dentro de un estado de derecho. Creo que esto tiene razones políticas, hay un quebramiento del orden jurídico nacional y estatal", afirmó.
Entre las opciones del gobernador se encuentra el recurso de amparo aunque este proceso implica tiempo.
“Si lo llegan a detener, él tiene derecho a formularse un juicio de amparo para defenderse por violación a derechos humanos pero sabemos que un juicio de amparo puede tardar de 6 meses hasta un año para que se resuelva y mientras está detenido", concluyó.