/ jueves 12 de mayo de 2022

Pagan mil 190 mdp por cuidar dependencias

Son varias las instituciones del Gobierno que han solicitado a la Secretaría de Seguridad que se encargue de su vigilancia

Con el avance de la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador, el Servicio de Protección Federal (SPF) multiplicó sus contratos para cuidar las distintas dependencias del Gobierno federal.

De ganar apenas un contrato por 13 millones de pesos en 2018 –el último año de gobierno de Enrique Peña Nieto– en lo que va de 2022 ya firmó 31 convenios con diferentes entidades públicas que suman más de mil 190 millones de pesos, revelan datos del portal de compras públicas Compranet.

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El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) es quien le pagó el mayor monto este año –430 millones 402 mil 160 pesos– por la protección, vigilancia y seguridad de sus instalaciones estratégicas.

Le sigue la Comisión Nacional del Agua (Conagua) con tres contratos por 328 millones 399 mil 694 pesos para la vigilancia de sus inmuebles y personal, así como de la infraestructura hidráulica del Valle de México y del Parque Ecológico Lago de Texcoco, proyecto que sustituirá al aeropuerto cancelado en este sexenio.

En tercer lugar está el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), que firmó un contrato por 57 millones 882 mil 414 pesos para que el SPF brinde seguridad y vigilancia a sus bienes muebles e inmuebles, personal y terceras personas que acudan a sus instalaciones de la Ciudad de México.

El órgano desconcentrado de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) también ha sido contratado en lo que va del año por las secretarías de Energía, Turismo, Relaciones Exteriores, Medio Ambiente y Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano.

Asimismo, por la Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) y el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado (INDEP).

Destaca un contrato de siete millones 90 mil 790 pesos firmado con el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), institución educativa con un conflicto de su director, José Antonio Romero Tellaeche, con la comunidad académica.

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En medio del problema, personal del SPF asumió la seguridad de las instalaciones desde el 31 de diciembre de 2021. Las autoridades del Centro señalaron que la vigilancia estaría a cargo de elementos femeninos desarmados, pero los estudiantes que mantienen un plantón permanente consideraron la medida como un acto de intimidación y lamentaron que el CIDE sea la única institución educativa custodiada por este cuerpo de seguridad.

La Presidencia, la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), la Casa de Moneda y el Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores (Fonacot) son otros de los clientes del SPF este año.

También la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH), la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (Conapesca), el Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias (Inifap) y Servicios a la Navegación en el Espacio Aéreo Mexicano (Seneam).

La Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade) también le entregó un contrato por 44.3 millones de pesos para brindar seguridad y vigilancia a cada uno de sus inmuebles, luego de que en años previos el servicio estuvo a cargo del Cuerpo de Vigilancia Auxiliar y Urbana del Estado de México (Cusaem), con diversas anomalías detectadas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

El 19 de junio de 2020, el extitular del SPF, Manuel Espino, señaló que se avanzaba en la meta de reclutar 40 mil elementos “hasta lograr que brinde seguridad a todas las instituciones de la Administración Pública Federal”.

Meses después, el 14 de octubre de ese año, López Obrador anunció que esta corporación pública se encargaría de la seguridad de todas las oficinas del Gobierno federal –motivo por el que fue creada el 9 de diciembre de 2008– en lugar de las empresas privadas que estaban a cargo en sexenios previos, entre ellas, la opaca organización mexiquense Cusaem.

“Ahora hemos decidido fortalecer un servicio federal con esta nueva corporación para que el Gobierno no contrate a empresas particulares, y esta corporación se haga cargo de cuidar las oficinas, cuidar hospitales, cuidar escuelas, todo lo que se debe de proteger.

“Por eso se creó este sistema. Ya existía, pero también no lo desarrollaron; ahora se está fortaleciendo este sistema y ya se firmó un acuerdo para que todas las secretarías contraten este servicio, que ya no se contrate con particulares”, dijo entonces el primer mandatario respecto de ese tema.



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Con el avance de la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador, el Servicio de Protección Federal (SPF) multiplicó sus contratos para cuidar las distintas dependencias del Gobierno federal.

De ganar apenas un contrato por 13 millones de pesos en 2018 –el último año de gobierno de Enrique Peña Nieto– en lo que va de 2022 ya firmó 31 convenios con diferentes entidades públicas que suman más de mil 190 millones de pesos, revelan datos del portal de compras públicas Compranet.

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El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) es quien le pagó el mayor monto este año –430 millones 402 mil 160 pesos– por la protección, vigilancia y seguridad de sus instalaciones estratégicas.

Le sigue la Comisión Nacional del Agua (Conagua) con tres contratos por 328 millones 399 mil 694 pesos para la vigilancia de sus inmuebles y personal, así como de la infraestructura hidráulica del Valle de México y del Parque Ecológico Lago de Texcoco, proyecto que sustituirá al aeropuerto cancelado en este sexenio.

En tercer lugar está el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), que firmó un contrato por 57 millones 882 mil 414 pesos para que el SPF brinde seguridad y vigilancia a sus bienes muebles e inmuebles, personal y terceras personas que acudan a sus instalaciones de la Ciudad de México.

El órgano desconcentrado de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) también ha sido contratado en lo que va del año por las secretarías de Energía, Turismo, Relaciones Exteriores, Medio Ambiente y Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano.

Asimismo, por la Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) y el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado (INDEP).

Destaca un contrato de siete millones 90 mil 790 pesos firmado con el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), institución educativa con un conflicto de su director, José Antonio Romero Tellaeche, con la comunidad académica.

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La Presidencia, la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), la Casa de Moneda y el Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores (Fonacot) son otros de los clientes del SPF este año.

También la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH), la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (Conapesca), el Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias (Inifap) y Servicios a la Navegación en el Espacio Aéreo Mexicano (Seneam).

La Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade) también le entregó un contrato por 44.3 millones de pesos para brindar seguridad y vigilancia a cada uno de sus inmuebles, luego de que en años previos el servicio estuvo a cargo del Cuerpo de Vigilancia Auxiliar y Urbana del Estado de México (Cusaem), con diversas anomalías detectadas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

El 19 de junio de 2020, el extitular del SPF, Manuel Espino, señaló que se avanzaba en la meta de reclutar 40 mil elementos “hasta lograr que brinde seguridad a todas las instituciones de la Administración Pública Federal”.

Meses después, el 14 de octubre de ese año, López Obrador anunció que esta corporación pública se encargaría de la seguridad de todas las oficinas del Gobierno federal –motivo por el que fue creada el 9 de diciembre de 2008– en lugar de las empresas privadas que estaban a cargo en sexenios previos, entre ellas, la opaca organización mexiquense Cusaem.

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“Por eso se creó este sistema. Ya existía, pero también no lo desarrollaron; ahora se está fortaleciendo este sistema y ya se firmó un acuerdo para que todas las secretarías contraten este servicio, que ya no se contrate con particulares”, dijo entonces el primer mandatario respecto de ese tema.



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