/ martes 3 de agosto de 2021

Daniel Ortega va por su tercera reelección en Nicaragua

Oficializa su candidatura con oposición encarcelada y divisiones; la Unión Europea impone sanciones

MANAGUA. El presidente Daniel Ortega y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, fueron proclamados como candidatos para buscar un cuarto mandato sucesivo en las elecciones del 7 de noviembre, mientras sus principales rivales están en prisión.

El congreso del gobernante Frente Sandinista (FSLN,) ratificó a la pareja con el voto unánime de 2 mil 932 asambleístas, anunció el dirigentes Gustavo Porras.

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Ortega, un exguerrillero de 75 años que gobierna desde 2007 tras dos reelecciones sucesivas, aspira asentarse en el poder por cinco años más junto con Murillo, de 70 años, vicepresidenta desde 2017.

“Aquí estamos para continuar la lucha contra la pobreza”, dijo Murillo ataviada en un traje estampado y un chal color lila.

Tras su nominación, la pareja fue inscrita en el Consejo Supremo Electoral (CSE) que ayer concluyó el periodo de registro de candidatos en un clima de tensión entre Ortega y la oposición, así como nuevas sanciones internacionales.

La Unión Europea (UE) sancionó con restricciones migratorias y financieras a Murillo, a su hijo Juan Carlos y a otros seis funcionarios del gobierno por su responsabilidad en las “graves violaciones de los derechos humanos” en Nicaragua.

La medida se suma a otras tomadas por Estados Unidos y Canadá contra funcionarios del gobierno, en protesta por la represión que mantiene contra sus opositores desde el estallido de las manifestaciones antigubernamentales de 2018.

Ortega competira en los comicios de noviembre sin una fuerte oposición, luego de que la policía arrestara entre junio y julio a siete aspirantes a la presidencia.

Una de ellos es Cristiana Chamorro, hija de la expresidenta Violeta Barrios de Chamorro (1990-1997), quien figuraba como la gran favorita para vencer al FSLN.

Los opositores son acusados en su mayoría de “traición” a la patria, al amparo de una polémica ley aprobada en diciembre pasado por petición del gobierno que castiga con cárcel (de 10 a 15 años) a quienes promuevan la injerencia extranjera y apoyen las sanciones internacionales.

Con sus contrincantes en la cárcel, los sandinistas se disponen a enfrentar a una derecha divida principalmente en dos bloques: la alianza CxL, debilitada por el arresto de casi todos sus precandidatos, y el Partido Liberal Constitucionalista (PLC), segunda fuerza parlamentaria y que ha sido señalada de colaborar con el gobierno.

Con sus precandidatos presos, CxL optó por elegir como su fórmula presidencial a una controvertida pareja integrada por el excombatiente de la “Contra” Oscar Sobalvarro, de 68 años, y la exreina de belleza Berenice Quezada, de 27 años.

Conocido como “comandante Rubén”, Sobalvarro fue uno de los jefes de la desaparecida contrarrevolución que Estados Unidos financió contra la Revolución en los años 80. Funge además como primer vicepresidente de la CxL.

Quezada, una modelo sin trayectoria política que ganó el certamen Miss Nicaragua en 2017, abogó por la liberación de los “presos políticos” del gobierno.

MANAGUA. El presidente Daniel Ortega y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, fueron proclamados como candidatos para buscar un cuarto mandato sucesivo en las elecciones del 7 de noviembre, mientras sus principales rivales están en prisión.

El congreso del gobernante Frente Sandinista (FSLN,) ratificó a la pareja con el voto unánime de 2 mil 932 asambleístas, anunció el dirigentes Gustavo Porras.

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Ortega, un exguerrillero de 75 años que gobierna desde 2007 tras dos reelecciones sucesivas, aspira asentarse en el poder por cinco años más junto con Murillo, de 70 años, vicepresidenta desde 2017.

“Aquí estamos para continuar la lucha contra la pobreza”, dijo Murillo ataviada en un traje estampado y un chal color lila.

Tras su nominación, la pareja fue inscrita en el Consejo Supremo Electoral (CSE) que ayer concluyó el periodo de registro de candidatos en un clima de tensión entre Ortega y la oposición, así como nuevas sanciones internacionales.

La Unión Europea (UE) sancionó con restricciones migratorias y financieras a Murillo, a su hijo Juan Carlos y a otros seis funcionarios del gobierno por su responsabilidad en las “graves violaciones de los derechos humanos” en Nicaragua.

La medida se suma a otras tomadas por Estados Unidos y Canadá contra funcionarios del gobierno, en protesta por la represión que mantiene contra sus opositores desde el estallido de las manifestaciones antigubernamentales de 2018.

Ortega competira en los comicios de noviembre sin una fuerte oposición, luego de que la policía arrestara entre junio y julio a siete aspirantes a la presidencia.

Una de ellos es Cristiana Chamorro, hija de la expresidenta Violeta Barrios de Chamorro (1990-1997), quien figuraba como la gran favorita para vencer al FSLN.

Los opositores son acusados en su mayoría de “traición” a la patria, al amparo de una polémica ley aprobada en diciembre pasado por petición del gobierno que castiga con cárcel (de 10 a 15 años) a quienes promuevan la injerencia extranjera y apoyen las sanciones internacionales.

Con sus contrincantes en la cárcel, los sandinistas se disponen a enfrentar a una derecha divida principalmente en dos bloques: la alianza CxL, debilitada por el arresto de casi todos sus precandidatos, y el Partido Liberal Constitucionalista (PLC), segunda fuerza parlamentaria y que ha sido señalada de colaborar con el gobierno.

Con sus precandidatos presos, CxL optó por elegir como su fórmula presidencial a una controvertida pareja integrada por el excombatiente de la “Contra” Oscar Sobalvarro, de 68 años, y la exreina de belleza Berenice Quezada, de 27 años.

Conocido como “comandante Rubén”, Sobalvarro fue uno de los jefes de la desaparecida contrarrevolución que Estados Unidos financió contra la Revolución en los años 80. Funge además como primer vicepresidente de la CxL.

Quezada, una modelo sin trayectoria política que ganó el certamen Miss Nicaragua en 2017, abogó por la liberación de los “presos políticos” del gobierno.

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