Las cuentas bancarias del gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, serán desbloqueadas debido a las instrucción del Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito.
Esta autoridad federal consideró sin fundamento los recursos de revisión del titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y pidió que las cuentas fueran liberadas.
PODRÁ DISPONER DE SUS RECURSOS
El magistrado José Manuel Quistián Espericueta, fue quien resolvió el recursos 2-2002 presentado por los representantes legales de García Cabeza de Vaca.
“Por tal motivo procede la concesión de la SUSPENSIÓN DEFINITIVA para el efecto de que se ordene el desbloqueo de las cuentas bancarias a fin de que el quejoso pueda realizar operaciones financieras y disponer de sus recursos”, dice el resolutivo del Poder Judicial de la Federación.
Este acuerdo se fundamentó en que hasta el momento la responsable no ha aportado documentación que soporte la existencia de una petición expresa de realizar el bloqueo de cuentas emitida por autoridades extranjeras u organismos internacionales.
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CUENTAS LLEVABAN CASI UN AÑO BLOQUEADAS
Fue el 19 de mayo del año pasado cuando la Unidad de Inteligencia Financiera congeló las cuentas a Cabeza de Vaca y otras 36 personas físicas y jurídicas, por un presunto caso de lavado de dinero.
El extitular de la UIF, Santiago Nieto Castillo anunció el congelamiento de las cuentas con el argumentó que era una solicitud de instancias del Gobierno de Estados Unidos, hecho que no fue demostrado.
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"He ordenado el congelamiento de cuentas de la red de Francisco G por presuntas operaciones con recursos de procedencia ilícita. 12 personas físicas y 25 jurídicas. Cero tolerancia a la corrupción y a la impunidad, sobre todo a quienes se creían intocables", tuiteó Nieto en aquella ocasión.
La UIF ya había presentado una querella por lavado de dinero contra Cabeza de Vaca, sobre la que se sustentó la Fiscalía General de la República (FGR) para solicitar su desafuero; juicio de procedencia que fue avalado por el Congreso de la Unión pero no por la Cámara local de Tamaulipas. La denuncia estaba relacionada con la compra venta de un departamento en Santa Fe por poco más de 42 millones de pesos.