Al menos 28 empresas extranjeras que han invertido en México en el ramo eléctrico podrían pedir indemnización de aprobarse la reforma eléctrica promovida por el presidente Andrés Manuel López Obrador.
El centro de Estudios de Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados publicó un análisis al respecto donde detalla que fueron 57 proyectos de generación eléctrica que están en operación y que 28 empresas podrían interponer controversias internacionales.
Pero el tamaño del daño es mayor ya que las propuestas en riesgo son las que usan energía eólica y solar.
Con esta iniciativa se aumentaría la utilidad de la CFE en 135 mil millones de pesos por la venta de energía.
Además, la iniciativa podría afectar compromisos de tratados comerciales como el T-MEC, se tendría que terminar anticipadamente con contratos y renegociar algunos.
Controlar las redes traerá un freno para las empresas
De aprobarse la iniciativa de Morena de llevar el control de las redes sociales y el Internet al Instituto Federal de Telecomunicaciones se podrían en riesgo la libertad de expresión, un derecho de todos, sino el acceso a la información y la procuración de justicia.
Hay una infinidad de emprendedores que lograron sacar adelante a sus familias en tiempos más críticos de la cuarentena, de darse esta política traería impactos en el desarrollo digital del país como vehículo de la recuperación económica y el desarrollo humano y social.
Debido a las barreras para usar libremente las redes sociales como medio de difusión de productos, servicios y diversas causas sociales.
Será necesario que en México se obtenga una autorización para la operación de las denominadas redes sociales relevantes, lo que atenta contra lo establecido en el T-MEC, en materia de trato nacional, poniendo barreras injustificadas al comercio digital que no son requeridas en Estados Unidos ni en Canadá, generando con ello incertidumbre jurídica y limitando el flujo transfronterizo de datos.
De acuerdo con la Asociación Latinoamericana del Internet, la premisa de que parte de la iniciativa no es garantía, dado que crea todo un entramado legal para restituir cuentas canceladas para una red social determinada a personas que han infringido las Normas Comunitarias de manera reiterada.
También se pretende que el proceso de apelaciones de contenido en Internet sea manual y esté sujeto a revisión y aprobación del Instituto Federal de Telecomunicaciones.
