El derecho más sagrado que debería tener un ciudadano de cualquier nación del mundo es el acceso a la educación. Un esquema de formación académica sistematizado y acorde con las necesidades de la globalización que, desde sus bases, permita al hombre el comprender, construir y transformar la realidad propia y la del entorno para bienestar de la sociedad en la cual se desenvuelve.
Dicho sistema deberá estar soportado por contenidos académicos pertinentes con la evolución del conocimiento y la relación del individuo con dichos avances, fundamentado siempre en un sólido concepto de valores morales –principiando con la ética– para que la aplicación del saber sea pulcra e intachable en todo momento.
Los docentes –pieza insustituible del proceso enseñanza–aprendizaje– atenderían a la mejora continua como un agregado al quehacer académico dentro del aula y fuera de ella. Adentrarse a programas de especialización, diplomados, posgrados, talleres y seminarios, así como evaluaciones, sería visto como un elemento cotidiano y no como una obligatoriedad por una reforma educativa o por un privilegio como la carrera magisterial y, mucho menos, como un recurso emergente ante una problemática sanitaria y social que no se tenía prevista.
Las delegaciones sindicales serían ajenas al manejo –compraventa y herencias– de las plazas y no promoverían las marchas y plantones que persiguen derechos malentendidos como en algunas entidades de nuestra nación, olvidando por completo el quehacer al que se comprometieron sus agremiados en bien de la niñez y la juventud mexicanas, pues, aunque guste o no, el docente de un sistema público, termina siendo empleado del Gobierno federal o estatal e, indiscutiblemente, está observado por los lineamientos correspondientes en el ámbito laboral del servicio profesional de carrera.
El Gobierno estaría obligado a crear escuelas a lo largo y ancho del país dotadas de todos los recursos necesarios para regresar a nuevos mexicanos capaces de conocer, hacer y ser de forma íntegra para avanzar con éxito a los grados académicos siguientes sin problema alguno, hasta alcanzar el título profesional y, si así lo desea, competir por un espacio de posgrado en cualquier universidad del mundo.
Sin embargo, en un país como el nuestro y, desde hace mucho tiempo, las cosas no funcionan así y una cuestión es el “ser” y otra cosa el “deber ser” de la situación que guarda el proceso educativo, desde el nivel básico hasta el profesionalizante en cualquier disciplina. Por lo anterior es urgente que el gobierno realice acciones desde varios frentes que permita, a la larga, alcanzar ese nivel de formación que tanto merecen las nuevas generaciones de mexicanos.
No obstante, para la administración vigente que encabeza el presidente López, el principio y fin del paradigma de la educación en la cuarta transformación está fundamentado únicamente en garantizar la gratuidad del acceso a todos los mexicanos.
Y, con este párrafo es mi deseo aclarar que aplaudo esta óptica, sin embargo, insisto en que es parcial, incompleta, “mocha” y que, a largo plazo, abonará en una cantidad considerable de profesionistas incompetentes. Este último adjetivo, le suplico, gentil amigo lector, no lo asuma como un remoquete despectivo o como un insulto, por el contrario, lo escribo por el estricto significado del vocablo y que se refiere a que “no cuentan con las competencias adecuadas”.
Para alcanzar la idealización en materia educativa que persigue el proyecto de nación vigente, además de que todos los mexicanos puedan acceder a una educación enteramente gratuita desde primaria y hasta universidad, también debería incluir otras cuestiones. Por ejemplo, el sistema debería ser honesto y transparente en la ejecución de evaluaciones y resultados, además de la implementación de programas remediales que permitan la regularización de los alumnos. En otras palabras, el profesor debería tener la oportunidad de reprobar cuando el estudiante no alcanza los niveles idóneos, empero, el sistema también estaría obligado a regularizar al niño para que pueda continuar, en lo posible, con su educación en tiempo y forma.
También deberían suprimirse las cuotas de padres, siempre y cuando se garantice el mantenimiento general del plantel. Mantenimientos preventivos y correctivos y el pago del consumo de los servicios elementales como agua potable, eléctrico y telecomunicaciones. Porque las escuelas públicas terminan siendo dependencias y oficinas del gobierno.
El desarrollo del docente como servidor público a nivel superior, por ejemplo, estaría en función de su preparación académica y no solo con base en su antigüedad y su crecimiento no estaría condicionado por el deceso de compañeros para poder acceder a mejores condiciones laborales.
Esos tres pequeños elementos de una serie incontable de detalles serían parte de una verdadera transformación del servicio educativo de manera real y una vez solucionados, se podría pensar en la apertura de espacios gratuitos en las universidades y la eliminación de los exámenes de acceso a la formación superior.
Mientras tanto lo único que pasará es que se acrecentará el fenómeno que ahora viven los docentes: Tienen estudiantes a punto de egresar como ingenieros y licenciados que no saben, literalmente, ni escribir su nombre. Cito como ejemplo el hecho de que apellidos como “Hernández”, “Enríquez”, “González” y nombres como “Agustín”, aseguran que no se acentúan y no se preocupan por hacerlo porque, más allá de las reglas ortográficas, se amparan en el hecho de que en el acta de nacimiento no aparecen las tildes de manera gráfica y si usted pregunta en el registro civil, por lo menos de Tamaulipas, le dirán que los acentos no los coloca el sistema porque los nombres aparecen en mayúsculas.
Para concluir y con base en la conferencia matutina de ayer en la que se presumió la apertura de plazas a médicos con deseos de especializarse, ¿Usted estaría tranquilo y confiado de atenderse con un doctor del que se dio cuenta que no sabe escribir?
¡Y hasta aquí!, pues como decía cierto periodista: “El tiempo apremia y el espacio se agota”
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Y recuerde, será un gran día.
