/ viernes 23 de julio de 2021

Con café y a media luz | “¿Para qué tanto brinco?”

En las últimas semanas, el tema que ha ocupado la agenda nacional, tanto de medios privados como el del Gobierno federal, ha sido el enjuiciamiento a los expresidentes, desde Carlos Salinas de Gortari hasta Enrique Peña Nieto y, para tal efecto, se ha repetido de manera incansable el tema de la Consult Popular a este respecto.

Para abordar el punto que le quiero compartir en este día, gentil amigo lector, es necesario hacer un poco de historia. En la elección del 2012, AMLO –el de campaña– insistía en que no tenía caso juzgar a los exmandatarios y, para la etapa proselitista del 2018, argumentaba en que apostarle a algo así era “pura demagogia”, ya que primero se debía reformar la Constitución. Una vez que estuvo en la antesala del poder, ocupó este recurso para penetrar en la conciencia de la población y, cuando por fin fue investido con la banda presidencial, declaró que él no estaba de acuerdo y, al más puro e higiénico estilo de Poncio Pilatos, “se lavó las manos” sosteniendo que “el pueblo sabio así lo quiere”.

En este complejo tránsito de declaraciones, abordamientos y desentendidos, el presidente López ha tenido, como se dice en el argot circense, “al filo de la butaca” a los espectadores de la conferencia matutina de cada día que se transmite por las redes sociales institucionales, desde el salón “Tesorería” de Palacio Nacional.

El hombre originario de Macuspana azuza a los espectadores al hacer públicos los delitos de los exmandatarios, los cuales, son motivos suficientes para que les aplique un castigo ejemplar. A Carlos Salinas de Gortari se le enjuiciará por haber fomentado la desigualdad social y económica; a Ernesto Zedillo Ponce de León por haber privatizado los bienes nacionales y por la conversión de la deuda privada en pública a través de la creación del Fobaproa; a Vicente Fox Quesada por haber intervenido en el proceso electoral –aunque para muchos se trate de revanchismo– en el cual fue derrotado el actual mandatario; a Felipe Calderón por haber desatado la guerra contra el narcotráfico y a Enrique Peña Nieto por corrupción.

Con los recientes eventos acontecidos en la primera mitad de este mandato, las acusaciones en contra de los dos últimos expresidentes han tomado seriedad y forma. Las reformas estructurales de EPN y el llamado “Pacto por México” se han tambaleado severamente por la divulgación del caso Odebrecht y las declaraciones del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya Austin quien, sin empacho, hizo severos señalamientos que involucran al mexiquense y a quien fuera su secretario de Hacienda, Luis Videgaray y, de refilón, este asunto “le ha pegado” a varios legisladores y gobernadores de nuestro país.

En el caso del morelense, la captura en Estados Unidos de Genaro García Luna fue la “punta del iceberg” de un alegato que versa sobre contubernios entre la administración federal del 2012-2018 y células de un cártel del crimen organizado en particular. Cabe hacer mención que en esta etapa de “tránsito” de una presidencia a otra se tuvieron que coaccionar varios elementos que involucran en irregularidades a ambos exmandatarios.

"La cereza del pastel" ha sido el escándalo del sistema operativo de espionaje llamado “Pegasus” y uno anterior conocido como “Nicetrack” y las supuestas desviaciones de recursos en ambas etapas de gobierno. Esa explicación la dio el actual titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto, quien además subrayó que en el caso del primer programa se pagó una cantidad de 32 millones de dólares y por el segundo, aunque no especificó, sí sostuvo que se trata de cifras incongruentes e “infladas”.

La pregunta que se viene, entonces, es: Si ya hay suficientes pruebas para ejercer acción en contra de, por lo menos, estos dos exmandatarios, ¿Qué caso tiene estar sometiendo a consulta popular –figura que no tiene validez jurídica– si se les enjuicia o no?, en otras palabras, más allá de estar llevando a consideración del pueblo si es correcto o no sancionar a los otrora mandatarios, se nos está preguntando si estamos de acuerdo en que se aplique la ley, cuando las leyes que emanan de la Constitución están ahí para eso, ¡Para ser aplicadas!

Como dirían los abuelos: ¿Para qué tanto brinco estando el suelo tan parejo?, ¿Para qué buscarle patas a las culebras? ¡A lo hecho, pecho! Y, para completar esta situación, como dirían los jóvenes: ¡En corto!

Sin embargo, como dijimos al inicio de la entrega de este día, el llevar este tema casi a diario a la palestra mediática de la inquisición “cuartatransformista”, en la que el locutor es juez que insta para después deslindarse y así encajar su muletilla de “mandar obedeciendo”, le reditúa al tabasqueño en bonos que se enmarcan en el imaginario colectivo popular en los rubros social y político.

Mientras tanto, el Covid-19 avanza, la inseguridad crece, el desempleo aumenta, no hay medicamentos y mucho menos un sistema de salud como el de Suiza, el número de pobres no se detiene y la economía nacional no ve repunte. Y no cito los otros temas, que pudieran considerarse como “menores”, como el avión, la rifa y los premios no entregados, eso ni para qué mencionarlo.

Lo cierto es que, si hay que actuar, que se actúe y no que se pregunte.

¡Y hasta aquí!, pues como decía cierto periodista: “El tiempo apremia y el espacio se agota”.

Escríbame a licajimenezmcc@hotmail.com y recuerde, será un gran día.

En las últimas semanas, el tema que ha ocupado la agenda nacional, tanto de medios privados como el del Gobierno federal, ha sido el enjuiciamiento a los expresidentes, desde Carlos Salinas de Gortari hasta Enrique Peña Nieto y, para tal efecto, se ha repetido de manera incansable el tema de la Consult Popular a este respecto.

Para abordar el punto que le quiero compartir en este día, gentil amigo lector, es necesario hacer un poco de historia. En la elección del 2012, AMLO –el de campaña– insistía en que no tenía caso juzgar a los exmandatarios y, para la etapa proselitista del 2018, argumentaba en que apostarle a algo así era “pura demagogia”, ya que primero se debía reformar la Constitución. Una vez que estuvo en la antesala del poder, ocupó este recurso para penetrar en la conciencia de la población y, cuando por fin fue investido con la banda presidencial, declaró que él no estaba de acuerdo y, al más puro e higiénico estilo de Poncio Pilatos, “se lavó las manos” sosteniendo que “el pueblo sabio así lo quiere”.

En este complejo tránsito de declaraciones, abordamientos y desentendidos, el presidente López ha tenido, como se dice en el argot circense, “al filo de la butaca” a los espectadores de la conferencia matutina de cada día que se transmite por las redes sociales institucionales, desde el salón “Tesorería” de Palacio Nacional.

El hombre originario de Macuspana azuza a los espectadores al hacer públicos los delitos de los exmandatarios, los cuales, son motivos suficientes para que les aplique un castigo ejemplar. A Carlos Salinas de Gortari se le enjuiciará por haber fomentado la desigualdad social y económica; a Ernesto Zedillo Ponce de León por haber privatizado los bienes nacionales y por la conversión de la deuda privada en pública a través de la creación del Fobaproa; a Vicente Fox Quesada por haber intervenido en el proceso electoral –aunque para muchos se trate de revanchismo– en el cual fue derrotado el actual mandatario; a Felipe Calderón por haber desatado la guerra contra el narcotráfico y a Enrique Peña Nieto por corrupción.

Con los recientes eventos acontecidos en la primera mitad de este mandato, las acusaciones en contra de los dos últimos expresidentes han tomado seriedad y forma. Las reformas estructurales de EPN y el llamado “Pacto por México” se han tambaleado severamente por la divulgación del caso Odebrecht y las declaraciones del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya Austin quien, sin empacho, hizo severos señalamientos que involucran al mexiquense y a quien fuera su secretario de Hacienda, Luis Videgaray y, de refilón, este asunto “le ha pegado” a varios legisladores y gobernadores de nuestro país.

En el caso del morelense, la captura en Estados Unidos de Genaro García Luna fue la “punta del iceberg” de un alegato que versa sobre contubernios entre la administración federal del 2012-2018 y células de un cártel del crimen organizado en particular. Cabe hacer mención que en esta etapa de “tránsito” de una presidencia a otra se tuvieron que coaccionar varios elementos que involucran en irregularidades a ambos exmandatarios.

"La cereza del pastel" ha sido el escándalo del sistema operativo de espionaje llamado “Pegasus” y uno anterior conocido como “Nicetrack” y las supuestas desviaciones de recursos en ambas etapas de gobierno. Esa explicación la dio el actual titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto, quien además subrayó que en el caso del primer programa se pagó una cantidad de 32 millones de dólares y por el segundo, aunque no especificó, sí sostuvo que se trata de cifras incongruentes e “infladas”.

La pregunta que se viene, entonces, es: Si ya hay suficientes pruebas para ejercer acción en contra de, por lo menos, estos dos exmandatarios, ¿Qué caso tiene estar sometiendo a consulta popular –figura que no tiene validez jurídica– si se les enjuicia o no?, en otras palabras, más allá de estar llevando a consideración del pueblo si es correcto o no sancionar a los otrora mandatarios, se nos está preguntando si estamos de acuerdo en que se aplique la ley, cuando las leyes que emanan de la Constitución están ahí para eso, ¡Para ser aplicadas!

Como dirían los abuelos: ¿Para qué tanto brinco estando el suelo tan parejo?, ¿Para qué buscarle patas a las culebras? ¡A lo hecho, pecho! Y, para completar esta situación, como dirían los jóvenes: ¡En corto!

Sin embargo, como dijimos al inicio de la entrega de este día, el llevar este tema casi a diario a la palestra mediática de la inquisición “cuartatransformista”, en la que el locutor es juez que insta para después deslindarse y así encajar su muletilla de “mandar obedeciendo”, le reditúa al tabasqueño en bonos que se enmarcan en el imaginario colectivo popular en los rubros social y político.

Mientras tanto, el Covid-19 avanza, la inseguridad crece, el desempleo aumenta, no hay medicamentos y mucho menos un sistema de salud como el de Suiza, el número de pobres no se detiene y la economía nacional no ve repunte. Y no cito los otros temas, que pudieran considerarse como “menores”, como el avión, la rifa y los premios no entregados, eso ni para qué mencionarlo.

Lo cierto es que, si hay que actuar, que se actúe y no que se pregunte.

¡Y hasta aquí!, pues como decía cierto periodista: “El tiempo apremia y el espacio se agota”.

Escríbame a licajimenezmcc@hotmail.com y recuerde, será un gran día.