Pues como era de esperarse, el Presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, fue cuestionado por los representantes de los medios de comunicación a nivel nacional, en torno a la decisión tomada por el titular de la junta de gobierno del INEGI de ajustar el tabulador de salarios para “no afectar” el poder adquisitivo de los trabajadores de este instituto.
Como usted recordará, gentil amigo lector, en la entrega anterior señalábamos que este funcionario, apoyado por sus vicepresidentes, había decidido aplicar la medida antes de que entrara en vigor la Ley de Remuneraciones de Servidores Públicos que recientemente aprobó la actual Legislatura y que, palabras más, palabras menos, indica que ningún funcionario del orden público puede percibir un salario superior al del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos.
Aunque los ojos de la población en general recayeron sobre los magistrados de la Suprema Corte de Justicia de la Nación por ser los burócratas que más perciben en todo el aparato nacional del servicio profesional de carrera, cuyo salario está muy por encima del que tiene asignado el Ejecutivo nacional, hubo otros que, con circunstancias salariales similares, optaron por manejarse con cierta discrecionalidad y, de último minuto, aplicar una estrategia, a todas luces, desesperada, para no verse afectados.
Como también se mencionó, este ajuste lo tenían contemplado en su plan operativo declarado en el 2017; sin embargo, también se dio cuenta de que no era el propuesto, sino que rebasaba, y por mucho, el que se dio a conocer, ocasionando que el presidente de la junta del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, así como sus subalternos inmediatos, ganaran más que el señor López.
En una declaración que circula en las redes sociales originada por la pregunta expresa de un individuo que se encontraba entre la muchedumbre, AMLO, en 24 segundos declara: “No va a haber nadie que gane más que el Presidente, porque está en una ley”, inmediatamente después, amenazó de la siguiente manera: “El que incumpla la ley, será sancionado” y para concluir, remató con su ya clásico estribillo: “Sea quien sea, por encima de la ley, nadie”.
Como era de esperarse, Julio Santaella, presidente del INEGI, se amparó en dos grandes elementos, el primero que ya le mencionamos párrafos arriba, “era un ajuste contemplado en el presupuesto de egresos para este año”, lo que se le olvidó decir al funcionario era que habían indicado otras cifras; y la segunda, que “se aplicó antes de que entrara en vigor la ley de remuneraciones de los servidores públicos” y, por tanto, dijo el avecindado en Aguascalientes, “está dentro del marco legal vigente”.
Cabe hacer mención que los miembros de la bancada de MORENA de inmediato le entraron al quite y, en voz de su coordinador, declararon que “tendrán que echar para atrás esos sobresueldos”, a la par que el presidente del Senado, Martí Batres, tachó a los directivos de la dependencia como “insensibles”
Aquí, gentil amigo lector, abro un paréntesis, porque me parece más insensible ver cómo los miembros de la vieja guardia de cúpulas anquilosadas de la política mexicana ahora se sienten ofendidos porque hay funcionarios que se adjudican estos salarios, cuando muchos de ellos, en su momento, “adolecieron” de la virtud ya cuestionada y agarraron lo que pudieron en bolsas, maletines, morrales y hasta ligas.
Un tercer elemento al que se están aferrando los “burócratas rebeldes” a “20 uñas y 32 dientes” es a la autonomía declarada que tiene este organismo y que, según su director, “los faculta para realizar esas actualizaciones en materia de recursos humanos y financieros”.
Aunque en la entrega pasada, le adelantaba que no tardaría en escucharse la declaración del de Macuspana, a este respecto, debo reconocer también que nunca me imaginé que “desde su esquina” el retador sostuviera lo dicho y pusiera en “el ring” de los argumentos una palabra tan fuerte que pudiera amenazar la autoridad presidencial, me refiero al vocablo “autonomía”.
Y es que, como dice el dicho, “al buen entendedor, pocas palabras” y no me extrañaría que después del 1 de diciembre, “el ciudadano” revise su “lista negra de pendientes” y entre los primeros lugares, estén los salarios y los puestos de los funcionarios del INEGI.
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Y recuerde, para mañana ¡Despierte, no se duerma que será un gran día!
