Aunque en algunos municipios Tamaulipas ya se estableció en el Bando de Policía y Buen Gobierno sanciones para la contaminación auditiva, aún no se aplican estos reglamentos en el día a día, por lo que es importante que se promueva y evitarlas diversas problemáticas que derivan con la instalación de bocinas sonando alto volumen en la vía pública.
Sobre este particular el diputado localArturo Esparza Parra comentó que ya se presentó una iniciativa que exhorta a los 43 Ayuntamientos para que implementen campañas con el objeto de invitar a los comercios y ciudadanía a evitar un posible conflicto o afectaciones con la contaminación auditiva.
Indica que en muchas ocasiones se establecen comercios en zonas habitacionales que violan esta normatividad colocando bocinas al exterior de los locales con alto volumen, además de hacer sonar canciones ofensivas para muchas personas, por lo que es necesario una regulación por parte de los municipios, evitar situaciones de conflicto y la contaminación que todo esto produce.
“El alto volumen es considerado como una contaminación, en algunas ocasiones esa música o ruidos supera límites permitidos y hay que adecuarse a la Norma Oficial Mexicana(NOM) indica que para la zona residencial el límite máximo permitido de nivel de sonido emitido por fuentes fijas es de 55decibeles que va entre las 6:00 y 22:00 horas; y de 50 decibeles delas 22:00 a las 6:00 horas", expuso.
La iniciativa fue turnada a Comisiones para su estudio y dictaminación, y después su aprobación ante elPleno Legislativo, el proyecto será analizado para determinar su viabilidad, plantea un exhorto dirigido a los Gobiernos municipales y estatales, “ para que implementen campañas y mecanismos alternativos con el objeto de invitar a los comercios y a la ciudadanía, a evitar en la medida de lo posible algún conflicto, derivado de la utilización de equipos de sonido que generan excesivo ruido”.
En los municipios del sur de Tamaulipas a las sanciones que establecen en sus respectivas leyes y reglamentos van desde los 7 mil hasta los 11 mil pesos, para establecimientos o particulares que no respeten la normatividad sobre la contaminación auditiva.