El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó, en lo general, con 205 votos a favor y 168 en contra, el dictamen que expide la Ley General de Comunicación Social, conocida como propaganda gubernamental. En este momento está a debate y discusión los artículos no impugnados.

En tribuna las bancadas del PRD, Morena y MC calificaron el documento como “Ley Chayote’’. El diputado Rafael Hernández Soriano dijo que el dictamen institucionaliza la política del chayote; Virgilio Caballero secundó con “botín de negociación política’’; y Jorge Álvarez Maynez expresó que el chayote revierte la naturaleza del periodismo.

El panista Jorge Triana destacó que el dictamen fue una “copia y pega’’ de la Secretaría de Gobernación, presentada por las bancadas del PRI, PVEM y Nueva Alianza, por lo que es una “simulación’’ para cumplir con el mandato de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Enfatizó que esa ley le da la espalda a las organizaciones no gubernamentales y a la sociedad civil. “No hay criterios serios para la asignación de recursos públicos; no fomenta la participación democrática; no pone un tope en comunicación social en el presupuesto.

También deja fuera las sanciones a los excesos; mantienen las malas prácticas que atentan contra la libertad de expresión; y en el actual sexenio son más de 40 mil millones de pesos que ha gasto el gobierno federal para promover su imagen, cuando se tiene al peor presidente, argumentó el panista Triana Tena.

Por su parte, las bancadas del PRI, PVEM y Nueva Alianza, defendieron la expedición de la ley al señalar que es de todos, pues transparenta la relación entre autoridades y medios de comunicación, asegura el control y vigilancia de recursos, prevé anticuerpos ante la censura y garantiza la libertad de los medios libres.

La presidenta de la Comisión de Gobernación, la priista Mercedes del Carmen Guillén Vicente, fue la encargada de presentar los fundamentos del documento en tribuna.

Previamente a la votación en lo general, las bancadas del PRD, PAN y Morena, presentaron, por separado, mociones suspensivas para regresar el documento a comisiones, mismas que fueron rechazadas por la mayoría priista y sus aliados.