Antier, en medio de la ceremonia por la inauguración de la terminal de Santa Lucía que, dicho sea de paso, constituye la primera etapa del aeropuerto internacional “Felipe Ángeles”, el cual, como usted sabe, es una de las tres magnas construcciones que pretende heredar la presente administración pública federal encabezada por el presidente Andrés Manuel López Obrador.
Esta obra, emblema de la conceptualización de la austeridad republicana y la lucha contra los elementos constitutivos de la corrupción de antaño, letanía que sirve de eje central al discurso del presidente López, continúa su marcha a pesar de la opinión de expertos, miembros de la oposición y sectores sociales que rivalizan con el mandatario, quienes han insistido en que se redirija el recurso económico etiquetado para la construcción de dichos proyectos y se asigne a la compra de medicamentos, vacunas y equipo para la atención de personas convalecientes de Covid-19.
El jefe del Estado mexicano, fiel a sus convicciones, ha sostenido que las obras no se van a detener y, justamente enarbolando sus dichos sobre la austeridad, declaró que gracias a la cancelación del NAIM y la construcción de la base “Santa Lucía”, se logró ahorrar 230 mil millones de pesos. ¡Qué bueno!, ¡Es evidencia de la austeridad!
Sin embargo, el aeropuerto emerge a mitad de una polvareda conformada por una serie de cuestionamientos en torno a la ausencia de vacunas, aunque ya se habló de compras, embarques y fechas de llegada de las dosis que parecieran postergarse cada vez más y un número incesante de fallecidos que ya triplicó aquel escenario “catastrófico” que anunciara el Dr. Hugo López-Gatell al inicio de esta pandemia y, como si no fuera suficiente, la prístina imagen de la “austera” terminal portuaria –lo cito entre comillas por la concepción actual de la administración y el ejercicio del poder– se ve maculada por la creación de la plaza burocrática denominada “Gobernador de Palacio nacional”.
¿Por qué mancha el discurso de austeridad del que se sustentó el aeropuerto?
Porque fue en el marco del mismo día que se decide “revivir” una figura administrativa que tuvo su origen a mitad del siglo XIX. La función sustantiva será la de mantener y preservar las condiciones del recinto en el que mora la autoridad ejecutiva para su correcto aprovechamiento, así como de las demás áreas administrativas que demande la figura presidencial.
Este puesto, cuya designación estará a cargo del mandatario, será el responsable, también, de gestionar y obtener los recursos necesarios para el cumplimiento de su función, además de todas aquellas otras acciones que le sean encomendadas por el jefe inmediato, en este caso, el ciudadano presidente de los Estados Unidos Mexicanos.
Esta figura, se encontró en desuso por la sencilla razón de que Palacio Nacional era un espacio de carácter administrativo, hoy, funge también como un entorno residencial en donde cumple su encargo el Presidente y es muy probable que, otrora, en la exresidencia oficial de “Los Pinos”, hubiera una figura similar. Empero, existiese o no, el traerlo a funciones como tal, no es coherente, de ningún modo y en ninguna circunstancia con el discurso matutino de la “austeridad republicana”, “gobierno apretado del cinturón”, “pobreza franciscana” y tantos otros que hemos escuchado.
Rápidamente circularon las críticas en las redes sociales condenando la decisión del ejecutivo de anteponer la necesidad de un “curador” oficial a las cuestiones de carácter sanitario que han enlutado a tantos hogares a lo largo y ancho de nuestra nación.
Hubo un personaje de Morena quien, en una intentona por justificar la determinación sostuvo que las obras son impostergables para el correcto funcionamiento del aparato mexicano y, en el contexto, colocó entrelíneas que el nuevo funcionario formaba parte de dicha maquinaria burocrática.
Cabe hacer mención que, en el texto publicado, se puede leer que las erogaciones requeridas se realizarán con presupuesto autorizado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en otras palabras, es una plaza formal con todos los derechos y obligaciones que el servicio profesional de carrera cita, tal y como si fuera un jefe de departamento, encargado de despacho, director, etcétera.
Y, para concluir, ya circulan en el Internet imágenes, opiniones y comentarios al respecto, la mayoría de ellos coincide en que este burócrata que deberá ser nombrado antes de sesenta días, será igual a aquel simpático personaje que, al repicar de una campana en la lujosa mansión, aparecía del rincón menos esperado y, con una voz gutural, preguntaba: “¿Llamó usted?”
¡Y hasta aquí!, pues como decía cierto periodista: “El tiempo apremia y el espacio se agota”.
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Y recuerde, será un gran día.
