El pasado 22 de noviembre se publicó en el Diario Oficial de la Federación un acuerdo por el cual la Presidencia de la República “declara de interés público y seguridad nacional la realización de proyectos y obras a cargo del Gobierno de México” y además instruye a las dependencias y entidades del gobierno federal a “otorgar la autorización provisional a la presentación y/u obtención de los dictámenes, permisos o licencias necesarias para iniciar” dichos proyectos u obras.
Al tratar todas las obras y proyectos como asuntos de seguridad nacional, el acuerdo ampara la secrecía absoluta en cuanto a las obras que emprenda el gobierno federal.
Según el presidente, la medida trata de superar el obstáculo que le han significado los múltiples amparos interpuestos para detener el aeropuerto Felipe Ángeles y el tren Maya, entre otras obras.
El argumento del gobierno federal es que con el llamado “decretazo” se agilizarán los trámites necesarios para concluir en tiempo y forma las obras de infraestructura de su gobierno. Los amparos, argumenta el presidente, son artimañas de sus opositores para detener su proyecto de país y por eso no debieran lograr su objetivo.
El documento y el argumento son cuestionables por donde se le vea. En primer lugar, la prensa ha documentado que ninguna obra está, de hecho, detenida como resultado de amparo alguno. En segundo lugar, es violatorio de la ley que establece la necesidad de contar con evaluaciones ambientales y presupuestales para proteger no solo el territorio y el medio ambiente, sino también las finanzas públicas. El único efecto que logrará será mayor opacidad y menor rendición de cuentas, además de que las personas legítimamente afectadas por los proyectos gubernamentales, dejen de contar con una protección legal frente a la arbitrariedad del Estado mexicano.
Diversas voces ya se han pronunciado al respecto. Columnistas internacionales han considerado que se trata de un acto desesperado del presidente, ante la urgencia de quitar cualquier obstáculo que impida que sus obras más importantes concluyan antes de que termine el sexenio. El INAI reconoce una “posible transgresión” del artículo sexto de la Constitución Política, que garantiza que toda la información en manos del gobierno, o de todo aquel que reciba recursos públicos, debe ser pública y que debe respetarse el derecho de las y los ciudadanos a consultarla.
Por su parte, Marko Cortés, dirigente nacional del PAN, ha fijado una postura institucional y declaró que van a impugnar la decisión porque solo busca esconder “escándalos de corrupción, de sobreprecio”.
Es muy probable que el poder judicial revierta el decreto. Por fortuna, ya no es tan sencillo esconder las cosas públicas y de interés general.
El decreto presidencial es una licencia para desobedecer la ley en la obra pública. Deja a la ciudadanía indefensa y a las finanzas vulnerables. En el caso de Tamaulipas, por ejemplo, en el que tanto seguimiento hemos tenido que dar a las condiciones en que tiene el gobierno el Puente Tampico. ¿Se imaginan que antes de construirlo hubiéramos prescindido de los estudios que avalaron su construcción? ¿Se imaginan con qué tranquilidad cruzaríamos diario por ahí? Si la transparencia en cuanto a la reparación ha sido difícil, ¿se imaginan con un acuerdo presidencial que autoriza a las dependencias a ser opacas? Es un riesgo enorme.
El presidente mismo ha dicho una y otra vez que “al margen de la ley, nada; por encima de la ley, nadie”, y el decreto emitido la semana pasada está, sin duda alguna, al margen de la ley. Se están violando leyes de transparencia, de obra pública, de acceso a la información y se está violando la Constitución. No hay razones democráticas que avalen la medida. La prisa no justifica los medios.
Es muy probable que el poder judicial revierta el decreto. Por fortuna, ya no es tan sencillo esconder las cosas públicas y de interés general.
