Por: Gerardo Gutiérrez Candiani
La creación del Fondo de Pensiones para el Bienestar se presenta con los rasgos esenciales del populismo. De entrada, promesas engañosas e incumplibles en su proyección original, por falta de medios y porque ni siquiera cuentan con estudios de viabilidad. Como en este caso, cálculos actuariales, financieros y legales a la vista.
Todo partiendo de declaraciones u ocurrencias desde el poder político, que suelen coincidir con tiempos electorales. Procesadas con soluciones defectuosas que perfilan, de origen, su fracaso o el que tarde o temprano den más problemas, por los efectos contraproducentes asociados, que beneficios, ya de por sí limitados, al acabar en remedos de lo ofrecido.
Brillan por su ausencia los desafíos reales, las causas-raíz que hay que atender para lograr avances efectivos, con soluciones aterrizadas y sostenibles. Como aquí, que ni siquiera se menciona la informalidad, que atañe a más de 50% de la población trabajadora, frente del que hasta ahora no se ha ocupado el actual Gobierno.
La mayoría de los trabajadores no cotiza en el sistema de seguridad social. No junta semanas para hacerse acreedora a una pensión. No suma ahorros individuales en las Afores, o poco, con una trayectoria laboral que transita entre la formalidad y la informalidad.
Ahí está el gran reto de la seguridad social: en formalizar el empleo y la actividad económica, no en remedios engañosos. El que muchos no se pensionen con una tasa de reemplazo adecuada tiene más que ver con eso que con cualquier otra cosa, pero ni siquiera se considera o menciona.
Se proclama que el compromiso del decreto es “que garantice el 100% del salario del trabajador para todas aquellas y aquellos que ganan hasta el salario promedio”. Como ha subrayado Sergio Sarmiento, lo que dice en realidad es que el Fondo recibirá y administrará recursos “para procurar que las personas trabajadoras que alcancen los 65 años y cuya pensión sea igual o menor a $16,777.68 reciban un complemento […] para que sea igual a su último salario”.
Se “procurará”; no se asegura ni especifica. Eso sí, el Gobierno toma, en teoría para ello, las cuentas de Afores que no han tenido movimientos y que no han sido reclamadas cuando el trabajador cumple 70 años. Sin antes llamar a los titulares a que acudan por su dinero o tomen la decisión de quién quieren que lo administre.
Se habla de otras fuentes de financiamiento, como ingresos del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado o utilidades que supuestamente algún día tendrán nuevas empresas, hoy generadoras de pérdidas, como el AIFA, Mexicana de Aviación y el Tren Maya. Pero no se sabe cuánto ni para cuándo. Sólo de aproximadamente 40 mil millones de pesos por la toma de esas cuentas de Afore, para lo que tampoco hay reglas. La Secretaría de Hacienda tendrá que entregarlas, pero por lo pronto no las hubo para apropiárselas.
Desde Hacienda se ha dicho que se requerirán 130 mil millones de pesos en los primeros 10 años. Cálculos independientes apuntan a dicha cifra apenas serviría para completar la pensión de 500 mil trabajadores y que después del 2035, más de 20 millones de personas podrían pedir el subsidio, con un costo que ascendería a billones.
Como ha apuntado la economista Valeria Moy, hay serias omisiones. No se especifica la operación del Fondo ni la reserva que se tendría que constituir. Se procurará complementar la pensión, pero dependiendo de los recursos con que cuente. La falta de reglas en la toma de recursos no es peccata minuta: alrededor de 4 y 2.2 millones de cuentas de trabajadores que cotizaron en las Afores y el Infonavit, respectivamente.
Como adelantó la Coparmex, el decreto trae visos de inconstitucionalidad serios, lo que es claro en el caso de la subcuenta de vivienda: forma parte de las cuentas de Afores, pero con otros fines y otra administración. Ya se han presentado demandas de amparo, alegando efectos retroactivos.
Como ha explicado Abraham Vela Dib, ex Presidente de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, hay mucho de simulación en todo este expediente. La reforma a la Ley del Seguro Social de 2020 ya había fortalecido la pensión mínima garantizada y reducido sensiblemente el requisito de semanas cotizadas para tener el derecho: excluyendo a los trabajadores que obtuvieron una mayor, el promedio de las pensiones garantizadas que concedió el IMSS en 2021 fue de alrededor de 4,400 pesos mensuales; el año pasado ya era de 7,740 pesos.
Expone que el impacto de dicha reforma y de los incrementos al salario mínimo han significado que los trabajadores de las primeras generaciones de Afore, tramitando sus solicitudes, y que cumplieron con el mínimo de semanas, en particular para el 75% de los de menores ingresos, estén obtenido entre 80 y 90 por ciento de sus salarios base cotización. Y eso que apenas hasta el año pasado comenzaron a incrementarse gradualmente las aportaciones patronales, que de 5.50% llegarán a 13.87% en 2030. Súmese la pensión universal de los adultos mayores a partir de los 65 años y la tasa de reemplazo podría pasar de 110% para ese grupo.
No así para quienes no logran ninguna pensión por falta de semanas cotizadas, que sólo contarán con sus ahorros en una sola exhibición: una tasa de rechazo de más de 65%, verdadero desafío detrás del cual está el que 60% de la Población Económicamente Activa está en el sector informal del mercado de trabajo o moviéndose éste y el formal. Por eso, como apunta Vela Dib, hay 72 millones de cuentas individuales contra 25 millones de trabajadores formales es de 25 millones. Pero no se habla.
