Con una ley que prohíbe cortar árboles por cuestiones de “que afectan la visibilidad” y la aplicación de sanciones económicas, en el Congreso de Tamaulipas se pretende proteger a este recurso.
Esta propuesta de ley, presentada por el diputado de Morena Isidro Vargas, cuenta con 78 artículos que definen este sistema de protección. Aunque antes de entrar en temas jurídicos es necesario determinar qué es un árbol.
El Gobierno de México definió a los árboles como esos vegetales leñosos que crecen y se ramifican a cierta altura según la especie y la región a la que pertenezcan, desarrollan fronda y, desde la raíz hasta la copa. “Cada una de sus partes nos aporta bienestar a través de una larga serie de servicios ambientales que calladamente nos brindan”, precisó.
Detalló que cuando el tronco rebasa los 10 centímetros de diámetro y la planta llega a la madurez al alcanzar generalmente los dos metros de altura, se le denomina árbol.
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“Los árboles son un recurso natural fundamental para la vida en nuestro planeta, nos brindan una vista agradable, además de proporcionarnos oxígeno y limpiar el aire que respiramos, darnos sombra y, en general, son determinantes para prevenir el cambio climático”, dijo Vargas al presentar esta ley en la Tribuna del Congreso de Tamaulipas.
Dijo que el objetivo de esta ley es que Tamaulipas cuente con un instrumento de carácter preventivo y correctivo.
¿Cómo proteger a los árboles?
Esta propuesta, que aún está en análisis, incluye de forma inicial un glosario de términos para clarificar el tema, aunado a que señala prohibiciones específicas.
“Se prohíbe el derribo o poda excesiva de árboles urbanos, con el propósito de proporcionar visibilidad a anuncios o permitir maniobras de instalación de anuncios, salvo que de no hacerlo se ponga en peligro a la población o cause un trastorno insuperable”, indica la ley. Además, prohíben la siembra, plantado o trasplante de árboles que no sean nativos de la región o cualquier otro que no resistan la temperatura ambiente diversa a la habitual en el municipio que corresponda.
Obligaciones de los municipios
Los municipios deberán establecer en el Reglamento Municipal las normas para la protección, cuidado y conservación del arbolado urbano, de acuerdo con esta nueva ley que contempla un organismo dictaminador técnico.
- Realizar las inspecciones y auditorías técnicas a las personas que presten servicios en materia de arbolado urbano
- Coadyuvar y coordinarse con la Secretaría, en las acciones tendientes al cuidado, protección, conservación
- Solicitar y exigir a la persona que cause daño al arbolado urbano, el cumplimiento de la restitución correspondiente, por la afectación realizada
- Evaluar, otorgar o negar la autorización de las solicitudes presentadas respecto de los trabajos de derribo de árboles urbanos existentes
Puede haber denuncia popular
Esta ley acepta la acción de la denuncia popular que puede ser verbal, electrónica, por escrito o en comparecencia. Lo que tienen que hacer los denunciantes es ofrecer los datos necesarios que permitan localizar el lugar donde se realice el acto de dañar un árbol.
“La autoridad competente recibirá la denuncia, la cual se hará del conocimiento de la persona a quien se imputen los hechos denunciados, a quien se le otorgará un plazo de cinco días hábiles a fin de que pueda intervenir en el proceso para ofrecer alegatos y pruebas”, planteó.
Hay sanciones económicas que van el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, por cada árbol afectado, que se estiman en 75 mil 600 pesos.
Asimismo, podrán imponerse como sanción la clausura o suspensión temporal o definitiva. En los casos de reincidencia, el monto de la multa podrá ser de hasta el doble del máximo establecido por esta Ley.
Un árbol puede ser derribado solo "por emergencia"
El capítulo IV de esta ley, aún no ha aprobada, señala que únicamente las autoridades podrían derribar un árbol por una situación de riesgo.
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Para los efectos de esta Ley, se consideró como casos de emergencia la existencia de árboles urbanos que, de permanecer en la misma condición, puedan causar un daño severo a bienes muebles, inmuebles o personas.
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“Se considerará como causas de riesgo, árboles urbanos que requieran mantenimiento y cuyas ramas se entrecrucen con líneas de conducción de energía eléctrica u otro tipo de cableado, árboles urbanos cuyas ramas estén próximas a desgajarse total o parcialmente”, explicó.
Cuando se dé el derribo de árboles por casos de emergencia, el municipio debe restituir el árbol derribado.
