El pasado 19 de febrero se publicó en el Diario Oficial de la Federación la decisión del gobierno federal de aumentar los impuestos sobre los combustibles.
Desde entonces, hemos visto cómo los precios de la gasolina y el diésel se han elevado hasta alcanzar máximos históricos y cómo toda la cadena productiva que depende de estos insumos, ha encarecido sus precios en detrimento de los más vulnerables.
Los combustibles son una parte fundamental de todos los procesos de producción en México. Es decir que cuando la gasolina sube de precio, todos los demás productos suben de precio también. El gas, la electricidad, el transporte público, e incluso, los productos de la canasta básica, se ven afectados por el alza de precios del combustible.
Es por ello que en los últimos días varios productos que son indispensables para todas las familias mexicanas, como la papa, el frijol y las tortillas, han experimentado aumentos de precio muy considerables que alcanzan hasta el 80%. Es decir, algunos productos de la canasta básica cuestan casi el doble de lo que costaban apenas en enero.
Esta situación, sin duda, tiene repercusiones muy graves sobre todas las familias mexicanas, a quienes el dinero les rinde cada vez menos. Son cada día más las y los mexicanos a los que ya no les alcanza para comprar los insumos básicos.
Sin embargo, la más reciente alza de precios es también un indicador de un problema más grave. Desde el año pasado estamos viviendo uno de los momentos más difíciles que México, y el mundo, ha tenido que enfrentar en los últimos años.
La pandemia ha tenido consecuencias muy graves para todos los mexicanos: más de 12 millones de personas han perdido su empleo en el último año.
En medio de esta crisis sanitaria y económica tan grave, el gobierno federal tomó la irresponsable e inconsciente decisión de subir los impuestos sobre el combustible, sabiendo que esto tendría consecuencias terribles para los hogares mexicanos.
El gobierno federal ha demostrado en numerosas ocasiones que las decisiones no las toma con base en las necesidades y el bienestar de los ciudadanos, sino en caprichos que buscan debilitar a sus opositores o fortalecer sus proyectos favoritos. Además, ha quedado claro que todas las promesas que se hicieron al principio del sexenio estaban vacías o fueron francas mentiras.
Uno de los estandartes de este gobierno era el fin de los gasolinazos. Dijeron que el precio de la gasolina ya no iba a subir, sino que iba a bajar. Y, sin embargo, hoy presenciamos la mayor inflación que ha visto la economía mexicana desde 2018. Todo a causa de las arbitrarias y precipitadas decisiones del gobierno federal.
La situación económica del país es insostenible. Las consecuencias de este aumento de precios y de la crisis económica actual las terminan pagando, como siempre, los más pobres.
De seguir por este camino, la pobreza de México seguirá creciendo como ya ha pasado en lo que va de este sexenio: más de diez millones de personas entraron a la pobreza en los últimos años.
Es nuestro debe y nuestro derecho como ciudadanos, demandar un gobierno que nos ponga como prioridad y que cumpla con sus promesas. Utilicemos las herramientas democráticas que tenemos a la mano para exigir resultados y no más promesas. Cambiar la situación está en nuestras manos. ¡Hagámoslo!
