/ sábado 4 de julio de 2020

Hablemos Legal | Verdades y mentiras legales

Estamos viviendo tiempos que la historia recordará muy bien en muchas décadas, no sólo a nivel local, estatal, nacional, sino hasta mundial; bastó el inicio en diciembre del 2019, han pasado seis meses y el aumento se dio, en algunos países con respuestas muy favorables e inmediatas, otorgando los insumos necesarios y con un orden legal adecuado a las necesidades para ello; en otros países, desgraciadamente, el tema político empapó uno de los derechos humanos más fundamentales de la humanidad, el derecho de la salud.

Todo Estado de Derecho debe prevalecer en la sociedad que se aplica, siempre con la responsabilidad y visión de las consecuencias que se derivan de cada una de las decisiones implementadas bajo el sesgo de la ley, no debe vulnerarse los derechos que toda persona tiene por el simple hecho de serlo, siempre hay formas o medios para lograr los objetivos pero dentro del margen normativo ya señalado, obviamente en ocasiones es necesario la creación de nuevos ordenamientos jurídicos ya que la sociedad y la humanidad evolucionan.

Nos hemos percatado de sinnúmeros de actos no acordes a lo que el Derecho marca con el contexto de la pandemia que estamos viviendo, pero ¿a qué se deberán estas reacciones? es una pregunta muy interesante. Un pueblo no preparado para afrontar temas nuevos y de alto impacto será un pueblo que deberá pagar las consecuencias de sus gobernantes, es una realidad que no vamos a negar, porque la historia lo tiene plasmado en sus archivos, el pueblo permite que el poder no esté en sus manos, la democracia puede sufrir un riesgo; demos - pueblo, krátos - poder, “el poder del pueblo”.

Ahora que podemos ver todas las acciones de la administración pública en las esferas competentes, nos percatamos que gran parte de la sociedad no se haya comprometida con los ordenamientos de salud para evitar una mayor situación que a nadie le agrada, efectos de la misma que se ven en los bolsillos de mucha población, en las familias con cuestiones psico/emocionales, en la violencia interna de los diversos grupos sociales, y hasta en las mismas entrañas de instituciones públicas que deben mentir sobre lo que realmente acontece para no causarse un daño que ellos mismos han originado por falta de compromiso o de algo que no sabemos el común de los ciudadanos.

Por desfortuna, todo el actuar de los representantes del pueblo han dado pauta a esta desconfianza, algunos se salvan otros ni hablar de ellos; esto sale a colación por el consenso reflejado en los medios masivos de cómo la sociedad no respeta y acata las disposiciones sanitarias, obviamente no hay certeza, o no se cree en su dicho.

Consecuencia pudiera ser de los actos que se realizan a la luz de ley, usándola en forma desmedida y no con justicia, siempre con el disfraz o interés de por medio, otras por falta de conocimiento de la misma, aquí hay que ver cómo son capaces de establecerse normas del derecho violando o vulnerando otras, falta de capacidad o un objetivo buscado a todas luces.

Muchos derechos se han violado en el marco del interés superior que es el derecho a la vida que se protege con el derecho a la salud, esto desde el punto de vista jurídico. Recalcamos la necesidad de un mejor cuadro de normas con perspectiva de los derechos fundamentales. No leyes políticas, sí leyes humanas, que den la adecuada continuidad a la regulación de la sociedad que vive en tiempos de una tecnología avanzada, pero a la vez con pobreza que impide el avance de la misma. No debe usarse la ley para intereses personales, siempre debe ponderar el interés colectivo, ese es el fin de los organismos públicos de los tres niveles de gobierno.

Y sobre todo, un engranaje funciona cuando lo que conforma el mismo cumple con su parte, aquí el de la sociedad mexicana y tamaulipeca, no toda la responsabilidad es del gobierno, la responsabilidad en toda norma es de dos partes, y en la actualidad nuestra sociedad debe responsabilizarse por sus actos, por el bien social y personal de todos lo que buscamos dominar al Covid-19.

No leyes políticas, sí leyes humanas, que den la adecuada continuidad a la regulación de la sociedad que vive en tiempos de una tecnología avanzada, pero a la vez con pobreza que impide el avance de la misma.

Regeneración 19.

La prueba suprema de virtud consiste en poseer un poder ilimitado sin abusar de élThomas Macaulay, historiador y político

Estamos viviendo tiempos que la historia recordará muy bien en muchas décadas, no sólo a nivel local, estatal, nacional, sino hasta mundial; bastó el inicio en diciembre del 2019, han pasado seis meses y el aumento se dio, en algunos países con respuestas muy favorables e inmediatas, otorgando los insumos necesarios y con un orden legal adecuado a las necesidades para ello; en otros países, desgraciadamente, el tema político empapó uno de los derechos humanos más fundamentales de la humanidad, el derecho de la salud.

Todo Estado de Derecho debe prevalecer en la sociedad que se aplica, siempre con la responsabilidad y visión de las consecuencias que se derivan de cada una de las decisiones implementadas bajo el sesgo de la ley, no debe vulnerarse los derechos que toda persona tiene por el simple hecho de serlo, siempre hay formas o medios para lograr los objetivos pero dentro del margen normativo ya señalado, obviamente en ocasiones es necesario la creación de nuevos ordenamientos jurídicos ya que la sociedad y la humanidad evolucionan.

Nos hemos percatado de sinnúmeros de actos no acordes a lo que el Derecho marca con el contexto de la pandemia que estamos viviendo, pero ¿a qué se deberán estas reacciones? es una pregunta muy interesante. Un pueblo no preparado para afrontar temas nuevos y de alto impacto será un pueblo que deberá pagar las consecuencias de sus gobernantes, es una realidad que no vamos a negar, porque la historia lo tiene plasmado en sus archivos, el pueblo permite que el poder no esté en sus manos, la democracia puede sufrir un riesgo; demos - pueblo, krátos - poder, “el poder del pueblo”.

Ahora que podemos ver todas las acciones de la administración pública en las esferas competentes, nos percatamos que gran parte de la sociedad no se haya comprometida con los ordenamientos de salud para evitar una mayor situación que a nadie le agrada, efectos de la misma que se ven en los bolsillos de mucha población, en las familias con cuestiones psico/emocionales, en la violencia interna de los diversos grupos sociales, y hasta en las mismas entrañas de instituciones públicas que deben mentir sobre lo que realmente acontece para no causarse un daño que ellos mismos han originado por falta de compromiso o de algo que no sabemos el común de los ciudadanos.

Por desfortuna, todo el actuar de los representantes del pueblo han dado pauta a esta desconfianza, algunos se salvan otros ni hablar de ellos; esto sale a colación por el consenso reflejado en los medios masivos de cómo la sociedad no respeta y acata las disposiciones sanitarias, obviamente no hay certeza, o no se cree en su dicho.

Consecuencia pudiera ser de los actos que se realizan a la luz de ley, usándola en forma desmedida y no con justicia, siempre con el disfraz o interés de por medio, otras por falta de conocimiento de la misma, aquí hay que ver cómo son capaces de establecerse normas del derecho violando o vulnerando otras, falta de capacidad o un objetivo buscado a todas luces.

Muchos derechos se han violado en el marco del interés superior que es el derecho a la vida que se protege con el derecho a la salud, esto desde el punto de vista jurídico. Recalcamos la necesidad de un mejor cuadro de normas con perspectiva de los derechos fundamentales. No leyes políticas, sí leyes humanas, que den la adecuada continuidad a la regulación de la sociedad que vive en tiempos de una tecnología avanzada, pero a la vez con pobreza que impide el avance de la misma. No debe usarse la ley para intereses personales, siempre debe ponderar el interés colectivo, ese es el fin de los organismos públicos de los tres niveles de gobierno.

Y sobre todo, un engranaje funciona cuando lo que conforma el mismo cumple con su parte, aquí el de la sociedad mexicana y tamaulipeca, no toda la responsabilidad es del gobierno, la responsabilidad en toda norma es de dos partes, y en la actualidad nuestra sociedad debe responsabilizarse por sus actos, por el bien social y personal de todos lo que buscamos dominar al Covid-19.

No leyes políticas, sí leyes humanas, que den la adecuada continuidad a la regulación de la sociedad que vive en tiempos de una tecnología avanzada, pero a la vez con pobreza que impide el avance de la misma.

Regeneración 19.

La prueba suprema de virtud consiste en poseer un poder ilimitado sin abusar de élThomas Macaulay, historiador y político